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ASOCIARMEEl fiscal Gilberto Rodríguez ha mostrado a lo largo de su trayectoria al menos dos velocidades dependiendo quienes sean los acusados.
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Según sea el investigado, el fiscal corre como liebre o camina como tortuga, esquivando presiones a las que no es inmune mientras le tiembla la venita del garrón bajo la mirada atenta de los poderosos.
Hay fiscales que duermen la globa en el empeine y otros que, de apurados, te aprietan en el banquillo y te exprimen como naranja sin importar si de tu boca sale verdad o mentira, con tal de conseguir terminar rápido y condenar de forma express al acusado. Así se han llenado las cárceles de pobres e indefensos.
Leyendo los titulares de la prensa y escuchando los informativos, nos entra la duda de si existe en nuestro país alguna categoría de criminalidad que no haya sido precisamente organizada. Y cuanto más organizada, más impune. Particularmente las que se investigan con paciencia extrema a paso de tortuga y que, con el correr del tiempo y la ausencia de ganas de investigar, se archivan en los cajones del olvido, en enredos y triquiñuelas jurídicas en la ausencia de pruebas o en otras excusas generalmente presupuestales, como en el caso que nos ocupa, la ausencia de contadores…
La sucesión de estafas y escándalos parecería propagarse a lo largo y ancho del país como reguero de pólvora, como si se tratara de un virus que amenaza contaminar a toda la sociedad. En la categoría de Carrasco y Punta del Este, presos, pocos… poquísimos. Muchas más víctimas que culpables. Los que van presos son casi todos débiles y pobres; el 50 % analfabetos. Tal vez semejante epidemia sea resultado de los cursos de “emprendedurismo exitoso” del CED; cursos que habrían surtido más efecto de lo esperado.
A fuerza de cursos privados, consultoras vip, ambición e individualismo, el país se llenó repentinamente de capitalistas apurados. For export.
Las presiones hacia la Fiscalía parecen ser intensas e irresistibles, y la energía empleada por los interesados para doblegar el buen ejercicio de la Justicia aparentan ser de dimensión nuclear. La interacción de fuerzas debe ser, sin dudas, muy compleja de dilucidar, a tal punto que ha logrado que la justicia no sea justa y el derecho resulte torcido.
Por ahora, estas fuerzas han sido mayormente invisibles al ojo de la opinión pública, aunque desde el viejo Viscacha a la fecha, el que administra la justicia es el primer sospechoso.
Pero luego de contextualizar resulta más claro detenerse en el ejemplo más cercano e ir directamente al grano. Las asimetrías que se transpiran del tratamiento que el honorable fiscal Gilberto Rodríguez ha dado a los casos AUF y SUNCA ofrecen algunas pistas sobre la dirección neta de esa trama de fuerzas que opera, al menos, en esa sede fiscal.
Rápido como una liebre para imputar comunistas, y lento como una tortuga para siquiera citar testigos en la causa AUF, al fiscal Rodríguez se le fue la moto, y no solo dio por consolidada una prueba que nunca existió contra los legisladores Óscar Andrade y Daniel Diverio, sino que involucró al Sindicato de la Construcción y al Partido Comunista en una afirmación escandalosa que no tiene antecedentes y que merecería una recusación si fuera legalmente posible excluirse de un fiscal que ha apresurado una calificación delictiva sin pruebas y sin valorar el daño moral que se hizo a los señalados, de no ser probado, como muy probablemente ocurrirá, ningún delito.
Rodríguez aduce que necesita más contadores para analizar los desvíos de fondos y las duplicaciones de garantías en perjuicio del BROU en el caso de las denuncias contra autoridades de la AUF, evitando reflexionar sobre sus responsabilidades en la inacción de la Justicia.
Resulta triste admitir que en un país que cacarea institucionalidad y democracia, el universo de las garantías y la seguridad jurídica, haya transcurrido casi un año desde que los clubes del fútbol profesional presentaran su denuncia sin ningún resultado tangible, al menos a los ojos de un público que tiene derecho a saber y que duda, legítimamente, de la disposición de dar respuesta a una acusación grave que tiene, al menos, indicios de veracidad. Quizás debamos resignarnos al Uruguay observado por Charles Darwin durante su pasaje por nuestras tierras a fines de 1833.
En “El viaje del Beagle" el naturalista inglés escribió para la posteridad que en nuestro país, que recién había jurado la Constitución tres años antes, “la Policía y la Justicia son bastante ineficaces. Si un hombre comete un asesinato y debe ser apresado, tal vez pueda ser encarcelado o, incluso, fusilado; pero si es rico y tiene amigos puede confiar en que no ocurrirá nada”. “Es curioso que las personas más respetables del país ayuden invariablemente a escapar a un asesino”, reflexionaba el gran Charles.
Un genio, Darwin, quien descubrió y catalogó a los que se distanciaban del pelotón y sus privilegios, un siglo antes de la primera vuelta ciclista del Uruguay y casi dos siglos antes de que Lacalle Pou elevara al podio a los “malla oro” y los subiera a un pedestal de gloria.
A propósito de sesgos “institucionales”, en la edición de hoy de Caras y Caretas, Carlos Peláez hace un resumen de la carrera del fiscal Rodríguez. Con dicha información, al gran naturalista británico le hubiera llevado quizás una tarde constatar un marcado sesgo por parte del fiscal a favor de los “malla oro”. Nos referimos concretamente a que, si le faltaron contadores para desenredar la trama de la AUF, su ausencia parece no haber sido una limitante en la causa por el manejo de los fondos del SUNCA, y que ha expuesto al escarnio público, reiteramos, sin pruebas, a un partido político que tiene más de cien años en nuestro sistema político y a dos legisladores que fueron electos con más de cien mil votos.
¿Qué habrá pasado por la cabeza del doctor que, respondiendo a la insistencia inquisitiva de los “movileros”, activó su pulsión depredadora y justiciera expresándola con la frialdad de un sicario? Uno pensaría que un fiscal de la República debería dar prioridad a cualquier investigación que tienda a proteger los intereses del Estado. Y si un privado, sea la AUF o sea quien sea, tomó 9 millones de dólares contra un fideicomiso de garantía que luego vació en beneficio de otros acreedores, esto es un perjuicio al Estado.
Y si se hizo con conocimiento de que eso constituía una infracción a la ley penal, es un delito. Y si el Estado se toma toda la vida para investigar una maniobra de apariencia delictiva denunciada por dos directores del Banco República de dos partidos políticos diferentes contra el patrimonio de todos los uruguayos, no habrá presupuesto que alcance. Es más, no habrá recursos suficientes para nombrarle al fiscal un nuevo contador para realizar las pericias necesarias y correspondientes.
Ni que hablar del perjuicio que le generaría al BROU tamaña alteración de esas “reglas de juego” que tanto defienden los think tanks vernáculos dirigidos por la Red Atlas y sponsoreados por cuanta trasnacional se beneficia de nuestras renuncias impositivas. Dios nos libre…
Como muestra de los costos de la indiferencia basta ver el resultado de años de desidia del BCU en lo que respecta a los “fondos ganaderos”, convirtiendo un problema que podría haber sido manejable hace años, cuando ya se habían producido señales tempranas de alerta, pero que hoy se convierte en un problema de mil millones de dólares que arriesga con contaminar otros segmentos de la financiación al sector agropecuario.
Una cosa es la cautela necesaria que deben exhibir los representantes del Ministerio Público. Otra muy distinta es la indiferencia para investigar algunas cosas, la rapidez para archivar causas que pueden afectar los intereses de los “malla oro” y la extremada rapidez para ensuciar a dirigentes sindicales, al sindicato obrero más poderoso y de más experiencia del movimiento sindical (el SUNCA) y a un partido político (el Partido Comunista) que resistió los peores embates de la dictadura, miles de torturados y de presos y más de un traidor que, como los que hoy declaran en un juicio abreviado, están hasta las manos.
Esto puede ser del agrado de la Red Atlas, de los fondos de inversiones multinacionales y de las calificadoras de riesgo, y hasta de la Embajada de Estados Unidos, la FIFA y la Conmebol… Pero no es el Uruguay republicano que nos esforzamos todos los días en construir y para el que queremos una Justicia eficaz y eficiente, con recursos adecuados y los contadores que sean necesarios y en número adecuado. Pero, sobre todo, que tenga lo que hay que tener.
