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Política narcotráfico | homicidios | fracaso

Rodrigo Rey en Pasaron Cosas

"El gran fracaso": la disputa técnica y política detrás de la medición del narcotráfico en Uruguay

¿El narcotráfico causa solo el 1,9% de homicidios? La sanción a un sociólogo por cuestionar el dato desató un debate técnico y político.

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En medio de un debate académico que trasciende lo técnico para adentrarse en lo político, la controversia entre los sociólogos Javier Donnangelo y Emiliano Rojido sobre el peso real del narcotráfico en los crímenes uruguayos escaló esta semana con una nueva defensa legal. Rodrigo Rey, abogado de Donnangelo —actualmente suspendido por seis meses como director del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior— presentó un escrito que acusa al exministro Nicolás Martinelli de una "vendetta política" y cuestionó la imparcialidad del Observatorio bajo la dirección interina de Diego Sanjurjo, a quien señaló de "militante político".

La polémica se remonta a 2023, cuando Rojido, respaldado por el Ministerio, publicó estudios que atribuían solo el 1.9% de los homicidios al narcotráfico y el crimen organizado. Donnangelo rebatió esas cifras, argumentando que la subestimación era grosera: "Si con tres casos ya alcanzamos ese 1.9%, algo está mal", ironizó el abogado Rodrigo Rey en entrevista con Pasaron Cosas (Caras y Caretas). Para Donnangelo, el porcentaje real ronda el 50-55%, una brecha que expone no solo diferencias metodológicas, sino también tensiones ideológicas.

La suspensión de Donnangelo —dictada por Martinelli en febrero de 2025, horas antes de dejar el cargo— castigó su disidencia técnica. Según Rey, la medida viola la naturaleza del puesto: "Es un cientista social, no un policía; su función exige libertad académica". El escrito judicial subraya que el Observatorio, creado en 2008 mediante concurso de méritos, debe ser un espacio técnico, no sujeto a la jerarquía policial.

El gran fracaso

La defensa también apunta a Sanjurjo, designado interino por Martinelli: "No ganó ningún concurso y tiene trayectoria política", denunció Rey y exigió que el actual Ministerio del Interior (bajo el Frente Amplio) revoque la sanción para "evitar un precedente autoritario".

El caso refleja un problema mayor porque Uruguay tiene una de las tasas de homicidio más altas de la región, y el propio expresidente Luis Lacalle Pou reconoció su fracaso en esta materia. Rey vinculó la sanción a un intento de silenciar críticas en año electoral: "Cuando funcionarios alertaron sobre la violencia en el Cerro Norte, los sancionaron".

Además, cuestionó la opacidad. "Las leyes uruguayas garantizan acceso a la información pública, pero se censuró el debate técnico". Para el abogado, el verdadero escándalo no es la discrepancia estadística, sino que "se castigue a quien piensa distinto en un tema fundamental para las políticas públicas".

Donnangelo y su equipo exigen la revocación inmediata de la sanción, la reparación salarial y un fallo que consolide la independencia técnica del Observatorio. ¿En un país azotado por el narcotráfico, puede permitirse manipular las cifras que diagnostican su crisis de seguridad?

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