El gobierno encabezado por el ministro de Defensa Nacional, Javier García, convocó para este martes a los comandantes en jefe de las tres fuerzas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada) para profundizar en el anteproyecto de la reforma de seguridad social.
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El anteproyecto generó inquietud en las Fuerzas Armadas porque se vuelven a modificar sus reglas de jubilación, tras la reforma impulsada por el Frente Amplio en 2018. Ya con un régimen de transición corriendo a partir de aquel cambio legal, cinco años después de aprobarse el proyecto del gobierno, los militares pasarán a tener condiciones para jubilarse menos beneficiosas, por ejemplo en materia de edad de retiro obligatorio.
Hace unos días el jerarca fue consultado sobre si no teme generar desinterés a quienes deseen realizar la carrera militar con esta reforma, García retrucó que "todos los cambios pueden generar incertidumbres, en todos los ámbitos de la vida, por eso es tan importante la información", destacando la convocatoria a la cúpula militar.
El sistema previsional militar es el que tiene peor relación activo-pasivo dentro del sistema de seguridad social, lo que entre otras cosas lleva a que el Estado deba volcar más de 500 millones de dólares cada año (entre la denominada asistencia financiera, la recaudación del IASS que pagan los retirados y lo aportado por Rentas Generales) para cubrir el déficit.
En 1974 y por medio de la Ley Orgánica Militar, la dictadura instauró un régimen que permitía jubilarse con 15 años de trabajo y con retiros obligatorios a la edad de entre 45 y 60 años, dependiendo del escalafón, con una retribución de 100% del salario. La reforma de 2018 cambio esto parcialmente, ya que mantuvo estas reglas para parte de los efectivos militares, creó un régimen de transición y abarcó con condiciones más exigentes (retiro obligatorio según el grado entre los 48 y los 63 años, con entre 22 y 25 años de servicio) a 13% del personal subalterno y 40% de los oficiales.
Sobre esa base, empezarían a regir nuevos cambios en las condiciones de retiro para los militares, de acuerdo con el anteproyecto del gobierno. Los nuevos ingresos a las Fuerzas Armadas desde la vigencia de la ley irán al denominado régimen mixto, es decir que, a diferencia de lo que ocurre hoy, deberán tener una cuenta de ahorro individual en una AFAP.
En tanto, en el caso de los activos no habrá cambios de reglas para quienes alcancen causal jubilatoria en los próximos cinco años, período de transición fijado para todo el sistema, y quienes comiencen a jubilarse después tendrán un esquema combinado para el cálculo jubilatorio, con una porción de su haber de retiro que surgirá de las nuevas condiciones y otro que se fijará por las reglas anteriores (la proporción dependerá del año de transición, comenzando con 20% de peso del nuevo sistema en 2027, valor que se incrementará de a 5% por año hasta llegar a 100% en 2043, cuando finaliza por completo el antiguo régimen).
El artículo 48 del anteproyecto refiere a “los montos máximos de jubilación” por cada subsistema. El criterio utilizado es que el máximo tenga relación con el nivel de aporte que hacen trabajadores y empleadores; por eso, por ejemplo, se dispone un tope mayor en la Caja Bancaria que en las demás. En el caso de la Caja Militar, en el numeral 4 se plantea un cálculo que asocia la jubilación límite a otras tasas de aportación, y según fuentes especializadas dejaría un tope algo superior a los 110.000 pesos, similar al que rige actualmente para el subsistema.
Respecto de la edad de retiro para los militares, se suma cinco años a los valores vigentes desde la última reforma, quedando entre 53 (para soldados y marineros de primera) y 65 (para coroneles y capitanes de navío) las edades de retiro según el grado militar, y perdura la exigencia de 25 o 22 años de servicio según el retiro fuera con más o menos de 63 años.
También se establecen cambios para las bonificaciones, que son años de trabajo que se cuentan por más según disponga la ley, permitiendo jubilarse a más temprana edad. En este caso, el planteo del gobierno es mantener las bonificaciones para militares que lleven a cabo tareas de combate, que registran seis años por cada cinco de trabajo; pero perderán el beneficio los afiliados a la Caja Militar sin actividad de combate, por ejemplo, un médico que presta funciones en el Hospital Militar.