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Política Gobierno |

Decreto para licitación de 5G

«Gobierno prioriza empresas privadas y no la soberanía nacional»

El director frenteamplista de la Ursec, Pablo Siris Seade, planteó varias críticas al decreto que presentó el Gobierno para la licitación de la tecnología 5G.

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El Gobierno presentó a fines de diciembre el decreto con la exhortación para elaborar las bases de la licitación de los tres bloques de espectro que se utilizarán para la transmisión de la tecnología 5G, que se subastarán con un precio base de 28 millones de dólares por bloque, instancia de la que participarán las empresas Antel -que ya tiene reservado el suyo- Movistar y Claro. Este proceso, que debería culminar en marzo, viene siendo muy cuestionado por referentes de la oposición, que no ven con buenos ojos las condiciones determinadas para lo que será una revolución no solo en las telecomunicaciones, sino también en las posibilidades de desarrollo del país.

Caras y Caretas dialogó con Pablo Siris Seade, director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) por el Frente Amplio (FA), quien expresó algunos cuestionamientos sobre el decreto para la licitación del 5G. Para el jerarca se trata de una tecnología que “va a transformar la vida”, por lo que consideró que debe manejarse con prudencia, con plazos más medidos, mediante mecanismos de consulta que cuenten con la participación de la empresa pública (Antel), así como de las empresas privadas nacionales e internacionales. También consideró que se debe abrir la licitación a otras empresas, para que exista una competitividad real. “¿Cuánto va a valer el desarrollo de esta tecnología el año que viene o el otro? En este momento nadie puede responderlo, entonces, es necesario ser más cautelosos”.

¿Por qué es importante la tecnología 5G?

La red 5G es la próxima tecnología en telecomunicaciones, la que nosotros utilizamos actualmente es lo que llamamos LTE o 4G. La nueva tecnología emplea velocidades de conexión y volúmenes de datos entre 20 y 100 veces superiores a las actuales. Si antes se demoraba un par de minutos en descargar una película completa, a partir de la implementación de este nuevo protocolo se demoraría entre uno y tres segundos como máximo. Esto tiene connotaciones impresionantes que para la mayor parte de los usuarios pueden resultar transparentes. Es decir, no es que se va a hablar más rápido con alguien por teléfono o a ver un vídeo al doble de velocidad, pero la multiplicación del volumen y la calidad de los datos va a permitir desarrollar tecnologías que en este momento son incipientes, como la automatización de procesos, el internet de las cosas, la domótica en los hogares, que implica que los dispositivos de la casa estén conectados a la red. Representa un desarrollo de lo que se conoce como industria 4.0, particularmente en los ámbitos logísticos, que en nuestro país son muy importantes. Por ejemplo, imaginemos el puerto con contenedores y grúas conectados a internet y controlados vía remota desde una oficina. El trabajador ya no subirá por una escalera el equivalente a cinco pisos de altura para sentarse en su grúa y comenzar a operar, sino que estará sentado en una oficina, con aire acondicionado, café, y controlando el funcionamiento a distancia. Se trata de un cambio radical.

La otra ventaja de esta tecnología es que se va a desarrollar con una latencia muy baja, de milisegundos, lo que permitirá controlar con seguridad estos dispositivos. Por ejemplo, no sería posible controlar una fábrica en Tailandia de manera remota desde Uruguay si entre el momento en que se debe hacer una parada de emergencia, por un mal funcionamiento del sistema, hasta que esta efectivamente para, se demoran tres, cuatro o cinco segundos. Con la latencia reducida prácticamente a cero, el sistema frenaría instantáneamente. Esto no solo va a ser una revolución en materia de telecomunicaciones, no es solo una cuestión de aparatitos, se trata del futuro de la economía de nuestro país y de los derechos de las personas. Por eso es tan importante.

A nivel de infraestructura requerida, ¿cuál es la diferencia entre la red 5G y la red 4G?

La diferencia en materia de infraestructura es que se necesitan muchas más antenas que las requeridas para 4G. Es decir, si en 4G necesitas una antena por barrio, en 5G necesitas una antena por manzana. El otro requerimiento es la fibra óptica, en 4G se podía apostar a que las antenas se reflejen entre sí y, si bien el despliegue de fibra óptica ya era importante, debe ser mayor si se va a tener una antena por manzana en lugar de una por barrio. Una particularidad es que las antenas de 5G son del tamaño de un aire acondicionado exterior, pueden colocarse en la fachada de un edificio sin problema alguno, no necesitan de grandes torres para estar en altura. En algunas ciudades europeas incluso las colocan en las paradas de autobuses.

Uruguay ya había hecho pruebas para su implementación, ¿por qué se detuvo?

En 2019 Antel desarrolló una red 5G que no llegó a estar nunca en operación comercial significativa, aunque actualmente está activa, incluso hay personal de la empresa que usa dispositivos conectados a la red 5G. Si bien la frecuencia de 3,5 GHz no se ha subastado, la red 5G está operativa porque se puede implementar en base a la combinación de otras frecuencias existentes. Es lo que se llama una red Non Stand Alone (NSA), que no está sostenida sobre sí misma. Con la frecuencia de 3,5 GHz se puede implementar el 5G Stand Alone (SA) sin ningún tipo de dificultad. Las empresas podrían haber brindado ese servicio sin inconveniente porque ya tenían frecuencias que les permitían hacerlo. Lo ideal hubiera sido que las empresas hagan lo que hizo Antel en 2019: invertir, comprar antenas, desarrollar cableado de fibra óptica, desarrollar o adquirir el software requerido, etcétera. Sin embargo, por diversos motivos, no lo han hecho, por ejemplo, porque las multinacionales, para desarrollar sus negocios a nivel local, dependen de las decisiones de sus casas matrices. Antel, en tanto, no tuvo que solicitar autorizaciones a nadie, sino solo evaluar las necesidades de servicios de sus usuarios, por lo cual decidió desarrollar la infraestructura.

Este gobierno, al iniciar su gestión, resolvió detener ese despliegue, por lo que de ser pioneros en ofrecer ese servicio, a nivel continental y mundial, pasamos a ser de los primeros 10 países del continente en quedar a la cola del tren de una manera escandalosa. Al pasar actualmente por la Torre de las Telecomunicaciones se puede ver un gran cartel anunciando “primera red 5G de América Latina”. Teníamos la primera red 5G, pero no estamos dando el servicio. En Buenos Aires, en este momento, se ofrece el servicio de red 5G y aún no se subastó ninguna frecuencia. En lo personal, cuestiono que Antel, estando en condiciones de dar ese servicio, habiéndolo implementado con éxito y teniendo la red activa, haya detenido su despliegue, presumiblemente, para esperar a que las empresas multinacionales hicieran sus inversiones, pero ¿por qué, con qué objetivo, acordado con quién? Estas son algunas de las preguntas sin respuesta.

A fines de diciembre el Poder Ejecutivo presentó el decreto que define las bases para licitar el servicio 5G. ¿Qué opinión le merece la propuesta?

Uno de los principales cuestionamientos es el precio base de los bloques de espectro que se están subastando. No se van a vender a 50 millones de dólares como proyectó el propio gobierno, sino a 28 millones de dólares. ¿Por qué nos fuimos casi a la mitad, qué es lo que justifica ese cambio? Es un disparate y, desde el punto de vista de los intereses de la República, un pésimo negocio. Ese precio es un exabrupto que surgió de un supuesto estudio solicitado a Ursec, pero cuando solicité que se abrieran los datos, para ver cómo se había hecho ese cálculo, me dijeron que los datos no se podían dar y que el cálculo respondía a un promedio de las últimas subastas realizadas en 25 países del mundo, que tienen realidades económicas tan diversas como Estados Unidos, República Dominicana, India, Brasil, Chile. Una de las funciones que tenemos los jerarcas de instituciones de estas características, particularmente si estamos en la oposición, es controlar lo que sale de aquí, pero con información nula al respecto no es posible controlar nada. Además, las frecuencias se otorgarán por 25 años, cuando se venían dando por 20 años. No está clara la justificación para ese cambio de criterio.

La otra particularidad tiene que ver con la efectividad de la competencia, ya que hay dos bloques para subastar y solo dos empresas que participarán de la subasta. De esta manera, no hay ninguna subasta, ni mecanismo competitivo. Sin puja, esos 28 millones de dólares pasan a ser el precio final. En subastas anteriores, si había empresas interesadas en participar, se les permitía. Actualmente, la empresa Dedicado expresó abiertamente su intención de participar, presentó ante Ursec y la Dinatel (Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual) la solicitud correspondiente y no fue considerada. ¿Cuál es el motivo? Tomar una decisión de estas características tiene poco sentido y es contraria a lo que ha sido la historia de nuestro país.

Otro aspecto por el que cuestiono este decreto es que se pone como condición un despliegue mínimo bastante menor al que las empresas hacen normalmente. Se les está diciendo a empresas que instalan más de 200 radiobases al año que deben hacer un despliegue mínimo de 70 unidades. Esto no es poner condiciones, es decirles que hagan lo mismo de siempre, que para nosotros está bien. A esto se suma que el decreto establece que para hacer ese despliegue pueden utilizar la frecuencia que quieran, entonces, ¿cuál es la condición de despliegue mínimo si ni siquiera le estás exigiendo que utilice la frecuencia que está subastando? No tiene sentido. Otro factor muy preocupante corresponde al quinto artículo del decreto que establece la compartición de infraestructura, cuando sabemos que no se trata de compartir torres o antenas, sino la fibra óptica. Esto es muy delicado porque es algo que este gobierno ha intentado hacer por vía legislativa en cuatro oportunidades y ha fracasado porque no alcanzó los acuerdos necesarios en el Parlamento. Da la impresión que se quiere legislar a través de este decreto y que existe una intención de obligar a las empresas a que compartan infraestructura.

¿De qué forma podría afectar a Antel esta compartición de infraestructura?

En primer lugar, la empresa pública ha hecho sus inversiones con plata de uruguayos y uruguayas. Hay una inversión de 850 millones de dólares en fibra óptica en el subsuelo de nuestro país. ¿Por qué deberíamos las uruguayas y los uruguayos plantearnos que esa red de fibra óptica se ponga al servicio de terceros? Lo razonable sería que, si estas empresas quieren brindar sus servicios de 5G, o cualquier otra tecnología que requiera infraestructura adicional a la que tienen, hagan sus inversiones. Estamos en el contexto de un país con un gobierno que pareciera que apuesta a mejorar las condiciones de operación de las empresas privadas transnacionales en desmedro de la empresa pública. Y esta apreciación no es irresponsable, pasó con la portabilidad numérica, donde se redujeron las tarifas de interconexión para mejorar la competitividad de las empresas privadas. Siempre pierde la empresa pública y estas decisiones no solo afectan a Antel, sino al desarrollo de nuestro país. Estamos hablando de una tecnología que va a impactar en nuestro puerto, en nuestra Universidad, es una tecnología que de verdad nos va a transformar completamente la vida. No sabemos lo que va a pasar en unos años, quizás el servicio 5G en las rutas nacionales permita que haya cero accidentes y que todos los vehículos sean conducidos por inteligencia artificial. Es perfectamente razonable pensar eso. Sin embargo, vamos a otorgar una frecuencia de estas características por 25 años, sin tener ninguna prudencia al respecto. Cuando se trata de una tecnología tan disruptiva, es preciso ser cautelosos. Se están priorizando requerimientos y exigencias de empresas multinacionales, sin pensar en la soberanía nacional y en el desarrollo nacional.

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