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Política Solaria | Deutsche Bank |

Documentos filtrados

Investigan por lavado de dinero a banco alemán socio de Solaria

La gestora de fondos del grupo Deutsche Bank, DWS Investments, es socia de Solaria, la empresa española que anuncia una inversión de 5.700 millones de dólares en Uruguay.

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Ahí afuera hay un mundo desconocido para la absoluta mayoría. Un mundo lleno de sinuosos y oscuros caminos por donde circulan poderosos intereses económicos y financieros, tecnología del más alto nivel y el crimen organizado. A veces operan juntos y a veces cada uno por su lado, pero en el mismo mundo. Y lo más curioso, o no, es que en ese mundo Uruguay siempre aparece. Ahora una enorme filtración de documentos del Deutsche Bank nos llevó hacia la empresa española Solaria.

Una filtración de 15 millones de documentos del Deutsche Bank es investigada desde principios de año por un consorcio internacional integrado por unos 200 periodistas. Esos documentos prueban que las autoridades de la principal institución financiera multinacional de Alemania y uno de los bancos de inversión y servicios financieros más importantes del mundo priorizaron las ganancias por encima de los controles internos y continuaron expandiendo su negocio, que significó blanquear miles de millones de dólares provenientes de todo tipo de actividades ilícitas.

Hay documentos que prueban ilegales movimientos financieros de Donald Trump, de varios millonarios rusos aún bloqueados por la guerra, de Jeffrey Epstein y de varias empresas españolas investigadas por actos de corrupción.

El Senado de EEUU se dispone ahora a iniciar su propia investigación sobre las operaciones del Deutsche y sus socios en ese país, entre ellos un viejo conocido nuestro como el JP Morgan, socio de los hermanos Rohm en el Banco Comercial.

Y aunque hasta el momento en esa filtración no hay menciones a Uruguay, sí aparece un dato que llama la atención: la gestora de fondos del grupo Deutsche Bank, DWS Investments, es socia de Solaria, la empresas española que anuncia una inversión de 5.700 millones de dólares en data centers.

¿Qué dicen los documentos filtrados?

El Deutsche movió unos 582 millones de dólares en transferencias sospechosas vinculadas a Jeffrey Epstein, el financista fallecido en 2019, según publicó este martes el Financial Times a partir del trabajo del consorcio internacional de periodistas.

La cifra supera largamente los 250 millones de esa moneda identificados en agosto por una investigación del senador demócrata Ron Wyden, de Oregón. Los nuevos documentos también incluyen operaciones relacionadas con otras instituciones financieras y entidades vinculadas a Epstein. Ahora los demócratas se preparan para investigar las relaciones del financista con los principales bancos de Wall Street, una vez que asuman el control del Congreso estadounidense en enero.

La relación comercial entre el banco alemán y Epstein comenzó en 2013, cinco años después de que éste fuera condenado por varios abusos sexuales contra menores, y lo mantuvo como cliente hasta el 2018, cuando las denuncias por sus abusos ya eran de conocimiento público. Lo que prueba la relación entre el abusador y el banco es que, hasta la fecha, éste pagó 225 millones de dólares en multas y acuerdos extrajudiciales relacionados con ese vínculo.

La investigación del senador Wyden también apuntó contra JP Morgan y Bank of America. Según el informe, los bancos que trabajaron con Epstein omitieron controles básicos y participaron en miles de transferencias por más de mil millones de dólares. Entre las transacciones identificadas figuran pagos a mujeres, operaciones vinculadas con un "presunto uso indebido de donaciones benéficas" y transferencias que involucraban a algunos clientes millonarios de Epstein.

De acuerdo a información publicada por Forbes-Uruguay, “otra de las iniciativas que podrían impulsar los demócratas es la Ley de Registros de Epstein en Wall Street, un proyecto presentado por García y la senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts. La propuesta busca obligar a los reguladores financieros estadounidenses a investigar a los bancos y ejecutivos que mantuvieron relaciones comerciales con Epstein.

De aprobarse, organismos como la Reserva Federal y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) tendrían que determinar si esas instituciones o sus directivos violaron alguna ley o incumplieron alguna norma en el marco de sus negocios con el financista. También estarían obligados a divulgar los registros relacionados con Epstein que tengan en su poder. Si las investigaciones detectaran irregularidades, los reguladores deberían imponer sanciones o remitir los casos a la Justicia, cuando corresponda”.

Además, según publicó el diario The Guardian, “el banco alemán también está acusado de filtrar accidentalmente los documentos fiscales de Trump a otro cliente durante su primer mandato, información que, según se alega, Deutsche Bank mantuvo en secreto para la Casa Blanca. El banco declaró que no comenta sobre relaciones con clientes, ni pasadas ni presentes y aseguró que rompió relaciones con Trump en 2021”.

Los documentos analizados por el consorcio de periodistas prueban que durante al menos 20 años, el Deutsche Bank en España no fue un mero prestamista para clientes corporativos y grandes patrimonios.

El Diario de España ha publicado que “la sede en Madrid del banco alemán operó como el motor financiero de una larga lista de empresas españolas, y algunas extranjeras, involucradas en múltiples escándalos de sobornos y corrupción”.

Esta investigación muestra cómo el banco, apoyado en su extensa red internacional, financió decenas de contratos públicos adjudicados a empresas españolas en países clasificados de “alto riesgo” como Angola, República Dominicana, Ecuador, Gabón, Panamá o Camerún. Muchos proyectos fueron abandonados, sufrieron retrasos y sobrecostos multimillonarios, terminaron en arbitrajes internacionales o acabaron investigados por sobornos y corrupción.

La gestión de los proyectos la canalizaba el departamento de comercio estructurado y financiación de exportaciones (STEF, del inglés Structured Trade and Export Finance) de la sede del Deutsche Bank en Madrid. Este equipo, encargado de financiar las inversiones de clientes españoles en lo que la entidad llamaba “mercados emergentes”, celebraba internamente las comisiones que generaban estas operaciones mientras las auditorías del banco señalaban deficiencias en sus controles, según la documentación analizada por periodistas de El Diario.

La mayoría de estas transacciones las avaló la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), la aseguradora semipública (con mayoría accionarial del Estado y participada por varias entidades financieras) que respalda con fondos públicos las actividades de las empresas españolas en el extranjero. Este aval permitió al Deutsche Bank reducir el riesgo de las operaciones mientras seguía manteniendo los ingresos por comisiones e intereses. Es decir, si las empresas no pagaban el banco igual cobraba porque estaba asegurado por la CESCE.

Algunas de esas empresas españolas tuvieron importantes contratos en Uruguay. La constructora Isolux Corsán (que entró en concurso de acreedores en 2017 y luego en liquidación) participó en proyectos de agua y saneamiento, con contratos que registraron conflictos y rescisiones:

Saneamiento oeste de Montevideo (Intendencia de Montevideo): adjudicado en noviembre de 2012 a Isolux Ingeniería S.A. por unos 27 millones de dólares en ese momento. El proyecto abarcó estaciones de bombeo y planta de pretratamiento. La Intendencia rescindió el contrato en marzo de 2015 por atrasos en la obra.

Mitigación de inundaciones en Quitacalzones y arroyo Seco (Intendencia de Montevideo): adjudicado en noviembre de 2013 por 14 millones de dólares incluyó obras de drenaje y tanques de amortiguación pluvial (como el refuerzo Rivadavia y el tanque del Liceo 26). También fue rescindido por la comuna en marzo de 2015

Quinta Línea de Bombeo (OSE): por un contrato firmado en diciembre de 1998, el consorcio Espina Isolux participó en obras vinculadas a esta ampliación del sistema de agua potable, como la troncal Gianattasio y redes en la Ciudad de la Costa.

Otra empresa mencionada es Elecnor opera principalmente a través de su filial Montelecnor (constituida en 1998) y de la Fundación Elecnor, con trabajos centrados en infraestructura eléctrica, energías renovables, construcción, telecomunicaciones y proyectos sociales.

En Uruguay tuvo contratos con la Intendencia de Cerro Largo para obras edilicias y urbanas, como remodelaciones y equipamiento municipal en Melo, Río Branco y Aceguá, obra civil e industrial, además de instalaciones integrales en energía, transmisión, telecomunicaciones y climatización.

A su vez la Fundación Elecnor puso en marcha el programa Luces para Aprender, que instaló sistemas fotovoltaicos y conexión a internet en escuelas rurales junto a la Organización de Estados Iberoamericanos y UTE, reasignando posteriormente los equipos a iniciativas comunitarias locales

Pero cruzando información Caras y Caretas encontró otro dato sobre Solaria, una empresa española cuyo nombre es mencionado cada día, y su relación con el banco alemán.

Solaria y el Deutsche Bank

Según se informó desde Presidencia de la República, la empresa española Solaria Energía y Medio Ambiente invertirá 5.700 millones de dólares en la construcción de dos data center y plantas de energía solar en Canelones, San José y Florida.

Hasta el momento ni el Gobierno ni la empresa han informado qué entidades bancarias o fondos internacionales respaldarán la operación. La ministra de Industria, Fernanda Cardona, dijo que el esquema de financiación es un tema exclusivo de la empresa española y que el acuerdo firmado es apenas un marco inicial.

Para sus grandes operaciones de financiación en España y Europa, Solaria ha recurrido principalmente a entidades como el Banco Europeo de Inversiones (BEI), ABN AMRO, Commerzbank y La Banque Postale.

Pero el dato nuevo es que una filial del banco alemán ahora investigado es accionista de Solaria. En el año 2020, la gestora de fondos del grupo Deutsche Bank, DWS Investments, adquirió una participación relevante en el capital social de Solaria, llegando a superar el 3,27 % de la empresa, como inversión financiera.

La información surge de la comunicación entregada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, que se puede encontrar en el siguiente link: https://www.cnmv.es/portal/consultas/datosentidad?nif=A83511501&lang=es

Se trata de formularios oficiales de declaración de derechos de voto (participaciones significativas) que los inversores institucionales deben remitir al regulador bursátil español cuando superan ciertos umbrales accionariales, como el 3 % del capital.

DWS Investments notificó su entrada como accionista significativo de Solaria a finales de marzo de 2020, aprovechando la caída de los mercados bursátiles tras el inicio de la pandemia.

Dado que el monto de inversión anunciado para Uruguay, 5.700 millones de dólares, supera ampliamente el patrimonio declarado y el valor bursátil de Solaria, el plan de negocios contempla un esquema denominado “project finance”. Esto significa que el capital provendrá de socios externos, inversores institucionales y de la preventa de capacidad instalada a los futuros clientes tecnológicos (operadores de data centers) que operarán dentro de la zona franca.

La falta de definiciones concretas sobre cómo se conseguirá el capital generó dudas entre los inversores en España, provocando caídas en la cotización de Solaria tras el anuncio en octubre pasado. Se espera que la compañía aporte más detalles financieros a los mercados en el Día del Inversor (Capital Markets Day) que se celebrará justo hoy, 19 de noviembre, en Londres.

Una empresa compleja

La empresa Solaria Energía y Medio Ambiente ha estado en el centro de diversas controversias, denuncias de contratistas y litigios legales en España, los cuales han cobrado relevancia pública en el contexto de sus recientes anuncios de inversión internacional, como su proyecto en Uruguay..

En enero de 2024, la empresa contratista Izmar presentó denuncias en los juzgados de Guadalajara y reclamó aproximadamente 2 millones de euros por trabajos de construcción de instalaciones fotovoltaicas para Solaria.

Las disputas involucraron acusaciones relacionadas con pagos pendientes y la ejecución de contratos, generando comunicaciones ante el regulador bursátil español. Solaria ha negado en diversas ocasiones irregularidades y las acusaciones formales de fraude generalizado, aunque los conflictos en el ámbito de la subcontratación han trascendido en medios locales.

Su filial Solaria Eguzki Sorkuntza S.L. ha mantenido una intensa batalla legal ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, interponiendo 22 recursos contra el gobierno vasco debido a la inactividad administrativa y la falta de resolución en los procedimientos de evaluación ambiental de sus proyectos. Solaria argumentó que la falta de respuesta ponía en riesgo la vigencia de sus permisos de conexión.

Analistas de mercado y detractores políticos han señalado que el balance financiero de la compañía, cuyos activos totales rondan los 2.550 millones de euros y reportó ingresos de 303,4 millones y un beneficio neto de 137,4 millones de euros en su ejercicio reciente, es objeto de debate cuando se anuncian megaproyectos de inversión multimillonarios que requieren la entrada de socios bancarios e internacionales.