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Inhibiciones millonarias: El club se encuentra bloqueado por la AUF y la Mutual de Futbolistas debido a deudas que rondan los U$D 400.000, lo que impide el registro de nuevos contratos.
Deudas con complejos deportivos: La institución fue expulsada de predios de entrenamiento como la Escuela Naval de Carrasco y el Complejo Vázquez por falta de pago (en algunos casos, con moras de hasta seis meses).
Demandas laborales: El cuerpo técnico encabezado por Leandro Somoza, así como Mario Saralegui y Rubén Paz, reportan meses de salarios impagos. A esto se suman reclamos de funcionarios de juveniles y personal administrativo.
El rol de la SENACLAFT
La intervención de la Secretaría busca determinar si las irregularidades administrativas configuran delitos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. El organismo tiene la potestad de imponer severas sanciones económicas y administrativas, además de derivar las actuaciones a la Justicia penal si se confirman los indicios de criminalidad.
Este escándalo estalla en un momento donde la justicia argentina también mantiene investigaciones abiertas sobre ambos empresarios por maniobras similares, lo que complica aún más la situación jurídica de Gillett y Tofoni en la región.
La Justicia argentina había imputado a los empresarios Foster Gillett y Guillermo Tofoni en una causa por presunto lavado de dinero vinculado a inversiones en clubes de fútbol y sobreprecios en pases de futbolistas. La investigación está a cargo de la Fiscalía N°3 en lo Penal Económico, conducida por el fiscal Emilio Guerberoff, quien dispuso una serie de medidas.