Julieta Sierra: "No es justo que solo el Estado cargue con el rescate de la Caja de Profesionales"

Durante la entrevista, la legisladora contextualizó el origen de la caja y subrayó que fue creada en 1954 para brindar cobertura a los profesionales universitarios que ejercían de forma independiente, sin acceso al sistema previsional. “No fue pensada como un privilegio para una élite, sino como un instrumento necesario en un contexto donde muchos profesionales no tenían amparo jubilatorio”, explicó.

Sin embargo, Sierra advirtió que el funcionamiento actual de la CJPPU quedó “anacrónico y vetusto”, especialmente en lo que respecta al perfil del joven profesional. Aunque la relación entre activos y pasivos es, en principio, favorable —con tres trabajadores por cada jubilado—, el verdadero problema radica en el desfasaje entre los ingresos y los egresos. “Hoy se necesitan ocho trabajadores para financiar una jubilación, y la mayoría de los aportantes están en las escalas más bajas. Así, la caja no se sostiene”, dijo.

La diputada remarcó que la situación es insostenible: “Está al borde de no poder cumplir con sus obligaciones en julio. Aunque las jubilaciones están garantizadas constitucionalmente por el Estado, la caja, con sus propios fondos, ya no puede hacerlo sola”.

Responsabilidad compartida

En el Parlamento, se votó un proyecto en general que prevé medidas de emergencia, pero aún no se alcanzaron acuerdos sobre puntos determinantes. Sierra señaló que el Frente Amplio propone una salida que incluya el aporte proporcional de todas las partes: profesionales activos, pasivos y el Estado. “No puede recaer exclusivamente en rentas generales, porque eso sería injusto con la ciudadanía que no forma parte de la caja, que es la gran mayoría de los uruguayos”, argumentó.

La iniciativa frenteamplista plantea que el Estado aporte un 30% del financiamiento, mientras que el 70% restante se distribuya entre los activos y los pasivos de la caja. En este esquema, las jubilaciones más bajas —hasta seis BPC, es decir unos 40 mil pesos— quedarían exentas de contribuir, y los aportes se establecerían de manera gradual, aumentando con los niveles más altos de jubilación.

Uno de los puntos donde no se logró consenso fue en la reforma de la gobernanza de la caja. El Frente Amplio plantea reducir el tamaño del directorio y revisar su funcionamiento, entendiendo que si el Estado debe colaborar financieramente, también debe asegurarse de que haya una gestión responsable que evite repetir los errores del pasado.

“No se trata de estatizar la caja, pero sí de que el Estado tenga mecanismos de control efectivos si va a poner recursos”, afirmó Sierra. También destacó que en la historia del directorio han participado representantes de todos los partidos, y que el problema no puede personalizarse, sino analizarse en su dimensión estructural.

Flexibilidades y acuerdos parciales

Pese a las diferencias, la legisladora destacó algunos avances. Entre ellos, la aprobación de una nueva escala de aportes fictos para los jóvenes profesionales, que permitirá un ingreso más gradual y accesible al sistema. También se acordó que los incrementos en los aportes no se apliquen de forma automática, sino cuando el profesional considere que está en condiciones de asumirlos.

Sierra también hizo un llamado al diálogo responsable: “Necesitamos una solución sostenible, que combine justicia, corresponsabilidad y sentido común. Nadie se salva solo, y tampoco podemos pedirle al Estado que salve todo sin exigir una transformación real”.