En caso de acceder al Parlamento, Kreimerman adelantó que impulsarán propuestas que apunten a revertir el modelo económico actual, que considera "extranjerizante", señalando que es esencial "dejar de regalar exoneraciones fiscales" a sectores como las zonas francas y UPM. Además, aseguró que su partido se opondrá a la renovación de contratos que comprometan la soberanía nacional y que buscará reformas que beneficien directamente a los trabajadores.
Seguridad social
La Unidad Popular–Frente de Trabajadores (UP-FT) manifestó su apoyo al plebiscito sobre la reforma de la seguridad social, ¿cuáles son las principales razones de este apoyo?
Al jubilarse más tarde, hay más trabajadores para los mismos puestos de trabajo y eso le permite al sector empresarial presionar los salarios a la baja. A esto se suma la precarización del empleo y las dificultades de conseguir trabajo, particularmente para los jóvenes, ya que ahora hay gente que se jubila más tarde y por lo tanto se liberan menos puestos de trabajo. Aumentar la edad jubilatoria impacta fuertemente en el desempleo. Cuando miramos cifras del desempleo, que, si bien nos dicen que a nivel nacional está entre un 8 y un 9 %, si lo desglosamos por edad, por ejemplo, encontramos que a nivel juvenil el desempleo supera el 20 %. Y aún más desglosado, a nivel juvenil y de género, vemos que las mujeres jóvenes de este país tienen una tasa de desempleo que llega casi al 30 %. Es una reforma estructural, un ajuste contra los trabajadores disfrazado de un desbalance a la cuenta del BPS, que a su vez muestra el fracaso de la reforma del año 97, la que instaló las actuales AFAP. En aquella época, las mismas personas que idearon esta reforma decían que la implementación y la invención de la AFAP iba a solucionar el problema. Por supuesto que la intención de ese momento era privatizar la seguridad social, como lo hicieron, y capturar el dinero de los ahorros jubilatorios de los trabajadores para hacer negocios. Entonces, el primer objetivo que propone la papeleta es volver a colocar como edad mínima obligatoria los 60 años. El que quiera trabajar más de 60 años lo puede hacer. Lo que no queremos es obligar a las personas a trabajar hasta los 65 años. Si se nos plantea que hoy la vida ha cambiado, que el avance de la tecnología y la medicina permite vivir más, queremos que vivir más sea para disfrutar de la vida, no para que a los trabajadores se los explote cinco años más. Por otro lado, se busca hacer justicia con los jubilados. Tenemos 360.000 jubilados que cobran la jubilación mínima, que son $18.500 nominales. Todos sabemos que no se puede vivir con eso en el Uruguay. La papeleta por el sí propone equiparar la jubilación mínima al salario mínimo nacional, que hoy serían aproximadamente $22.800. Sabemos que un aumento de $4000 no es una fortuna para nadie, pero sí representa un apoyo a los jubilados que hoy ganan menos, que además es un apoyo de familias trabajadoras, ya que éstas sostienen a sus padres cuando se jubilan, justamente porque la jubilación no les alcanza. Obviamente que esta parte tiene un costo, pero la seguridad social, las jubilaciones y las pensiones son un derecho a garantizar por el Estado. Cuando nos dicen que no hay dinero para eso, nosotros decimos que dinero hay, hay que ir a buscarlo, por ejemplo, en las zonas francas que le exoneran a UPM o a los dueños de los campos con soja que representan más de 2000 millones de dólares al año, cuatro veces más de lo que costaría aplicar esta reforma. Por supuesto que hay que meterse con los que tienen el dinero hoy y no benefician a nadie, para poder beneficiar a los trabajadores.
El presidente Lacalle Pou se manifestó en contra del plebiscito haciendo hincapié en las consecuencias económicas que tendría su aprobación, como la suba de impuestos y los ajustes…
El presidente Lacalle Pou hizo dos cosas muy marcadas. Por un lado, defendió a la clase que representa, la de los grandes capitales, que es la que hoy no paga impuestos, que es la que justamente utiliza las zonas francas para exonerar impuestos, porque el Estado le permite no pagarlos. Nosotros ni siquiera planteamos que se le cobren más impuestos, planteamos que paguen lo que paga el pequeño productor, el pequeño comerciante y los trabajadores. Los grandes capitales en este país, que además son extranjeros, no pagan prácticamente nada. Lo otro que hizo Lacalle Pou fue asustar a los trabajadores. Habrá que dar la pelea para que la reforma de la seguridad social la paguen aquellos que la tienen que pagar, los que más tienen, pero en sentido literal.
Elecciones y objetivos legislativos
En caso de que haya una segunda vuelta en las elecciones nacionales, ¿qué postura tomaría la Unidad Popular–Frente de Trabajadores?
Sería muy importante esperar los resultados del plebiscito. En el caso de que no se llegara, analizar por cuánto, para saber qué harían unos y otros. Por el lado del actual gobierno, tenemos un candidato como [Álvaro] Delgado que ya puso en duda la aplicación del plebiscito, aunque saliera, y atacó fuertemente la propuesta de los trabajadores. Y por el lado del progresismo, un posible ministro de Economía que también se ha expresado en contra. Esto no es un plebiscito más, acá se juega el futuro y el interés de los trabajadores. La seguridad social es un problema de clase muy directo, que tiene que ver con cuánto se explota a los trabajadores o cuánto se los beneficia. Y en esos términos nos vamos a parar para tomar las decisiones.
Si la lista 1917-565 logra acceder al Parlamento, ¿cuáles serían los principales objetivos legislativos que buscarían impulsar?
En primer lugar, defender el resultado del plebiscito, porque es una reforma constitucional que luego, mediante leyes, hay que aplicar. Por otro lado, si no saliera el plebiscito, impulsar reformas, porque para nosotros el aumento de la edad jubilatoria es inadmisible. Apoyaremos todo proyecto de ley que beneficie a los trabajadores en general y rechazaremos todo aquel que los perjudique. Además, nos interesa particularmente atacar el modelo económico extranjerizante que tenemos: soja, celulosa y carne está todo en manos de capitales extranjeros, y además sin pagar impuestos. Propondremos, por ejemplo, no renovar los megacontratos que el Estado ha firmado, como el proyecto Neptuno, la concesión del puerto y las zonas francas. Nosotros creemos que hay que dejar de regalar la exoneración fiscal.
