La guerra sucia de la derecha contra la Justicia

Este desaguisado es inconstitucional, porque viola el artículo 7 de nuestra Carta Magna, que consagra el derecho a ser protegido en el trabajo, y el artículo 36, que ampara el derecho irrestricto de las personas a dedicarse a cualquier actividad laboral. La norma también vulnera el artículo 216, que establece que en la ley de Rendición de Cuentas no se pueden incorporar normas que no sean presupuestales.

La medida puede transformarse en un búmeran que desestimule el acceso de los abogados a cargos de fiscales y aliente una renuncia masiva antes de que sea promulgada, lo cual agravaría, aún más, la insostenible situación de la Fiscalía, que carece de los recursos económicos y humanos indispensables para desempeñar su tarea. Hoy los magistrados están desbordados de trabajo y, en el futuro, la coyuntura puede adquirir visos dramáticos.

Este acto éticamente espurio de la coalición gobernante es parte de una sistemática ofensiva contra estos funcionarios judiciales, quienes, durante los últimos tres años y medio, han padecido toda suerte de improperios y presiones por parte de una derecha cerril que no tiene nada de democrática.

En tal sentido, se aduce que la Fiscalía se mueve con lentitud en algunos juicios penales que investigan a exjerarcas del Frente Amplio e imprimen mayor celeridad cuando se trata de contenciosos contra el oficialismo.

¿A qué causas concretas se refieren? Realmente, es un misterio. Siendo este gobierno tal vez el más corrupto de la historia luego de la administración encabezada por el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, aún no tiene ningún procesado.

En realidad, hay apenas tres expedientes judiciales que podrían exponer a funcionarios del Poder Ejecutivo a la punición: el caso Astesiano, que es un escándalo con amplias implicancias en la propia Torre Ejecutiva; el affaire Marset, que puso bajo la lupa a los ministros de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y del Interior, Luis Alberto Heber; y la entrega del Puerto de Montevideo a una multinacional belga durante más de medio siglo, causa que fue desarchivada.

No se están investigando, por ejemplo, la conjunción de interés público y privado que favoreció al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, quien se exoneró a sí mismo en su actividad privada; la exoneración otorgada por el Ministerio de Economía y Finanzas a una empresa cuyo gerente es el esposo de la ministra Azucena Arbeleche; las licitaciones sospechosas en el Ministerio de Defensa y UTE, con la participación de la empresa Vertical Skies y la intermediación de Astesiano -que sí son indagadas-; los sobreprecios pagados por las vacunas contra el covid-19; la compra de dos aviones Hércules españoles por el doble o triple de su valor de mercado; el otorgamiento de favores a empresas que financiaron la campaña del presidente y la entrega de viviendas estatales a militantes de Cabildo Abierto.

Por supuesto, los casos de corrupción o de mera apariencia delictiva perpetrados por este gobierno son interminables. Por el momento, todos permanecen impunes.

No es casualidad que el promotor de esta improcedente limitación al derecho de trabajo parta del partido Cabildo Abierto, que ha cuestionado permanentemente las imputaciones y procesamientos contra represores que cometieron horrendos crímenes durante la dictadura, a quienes consideran “presos políticos”, por más que son delincuentes comunes que perpetraron sus fechorías bajo el paraguas del Estado en el marco de un gobierno autoritario.

Este partido antidemocrático, encabezado por el militar retirado Guido Manini Ríos, quien prestó servicios durante siete años en un ejército golpista, tiene una tirria comprensible contra la Fiscalía, porque algunos de los camaradas de los uniformados que militan en CA están privados de libertad.

Esta novela comenzó hace más de tres años, cuando el fiscal de Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, solicitó el levantamiento de los fueros del senador Manini Ríos para que este compareciera, en calidad de indagado, a declarar por su omisión de informar acerca de las confesiones del hoy fallecido criminal José “Nino” Gavazzo ante un tribunal de honor, cuando el hoy legislador era comandante en jefe del Ejército. La coalición de gobierno lo blindó no accediendo al levantamiento de la inmunidad parlamentaria, por lo cual el general sigue impune.

Luego de ese episodio, Cabildo Abierto se transformó en un acérrimo enemigo de la Fiscalía, pidiendo la cabeza del exfiscal de Corte, Jorge Díaz, quien renunció a su cargo antes de la expiración de su mandato. También atacó a su subrogante, Juan Gómez, quien soporta una suerte de guerra sorda contra su persona y permanentes presiones para que renuncie.

A esta campaña se sumó, entre otros esperpentos que abundan en el oficialismo, la inefable senadora blanca Graciela Bianchi, una suerte de psicópata desquiciada quien, pese a ser abogada, parece haber olvidado todo lo que aprendió en la Facultad de Derecho y sostiene un discurso confrontativo típico de la Guerra Fría, del pachecato o de la dictadura.

Como lo admitió el presidente de la Asociación de Fiscales, William Rosa, la limitación podría tener fundamento para los exfiscales de Corte que tuvieron relación de subordinación jerárquica con sus colegas, pero no para los restantes fiscales letrados, para los cuales la disposición atenta claramente contra su derecho a ejercer la profesión de abogado en su especialidad.

En tal sentido, el profesional se manifestó agraviado por los embates permanentes contra los fiscales, “con señalamientos múltiples, llegando incluso a la presentación de un proyecto que criminalizaba la actuación de los fiscales con un delito de prevaricato”.

En un talante similar se expresó la bancada del Frente Amplio que no acompañó la medida, pese a que la colectividad tuvo, desde 2013, cinco imputados y procesados con fallos de la justicia altamente cuestionables y en algunos casos insólitos e improcedentes, contra el exministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, el expresidente del directorio del Banco de la República, Fernando Calloia, el exvicepresidente, Raúl Sendic, el exdiputado Daniel Placeres y el exdirector de la Ursec, Nicolás Cendoya. Sin embargo, la fuerza política con mayor adhesión electoral siempre acató los dictámenes sin ejercer ningún agravio o presión, acorde a su intachable conducta democrática respetuosa de la institucionalidad.

Naturalmente, el Partido Nacional y el Partido Colorado tienen una tonelada de procesamientos por corrupción que sería interminable recordar -además de los casos que quedaron impunes- por delitos perpetrados durante sus gobiernos de posdictadura. En estos casos los cuestionamientos contra la Justicia fueron permanentes.

Llama la atención que la limitación no se extienda a la actividad política, en la cual incursiona el diputado colorado Gustavo Zubía, que se postuló y conquistó una banca luego de jubilarse como fiscal. Otro caso es el de la exfiscal Gabriela Fossati, de escandalosa actuación en el caso Astesiano, quien ya está militando en el Partido Nacional.

Como en la célebre película del cineasta francés François Truffaut, “Disparen sobre el pianista”, la derecha más cerril estrena ahora “Disparen sobre el fiscal”, una rocambolesca dramatización propia de una dictadura.