A la fecha en que este artículo es publicado, la Asamblea General del Poder Legislativo no ha reunido los acuerdos necesarios para alcanzar la votación necesaria de dos tercios para definir los miembros que integrarán el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), una institución que pasó de ser ninguneada por el oficialismo a convertirse en su nuevo botín político.
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En setiembre del año 2020 el por entonces ministro del Interior Jorge Larrañaga calificó a la Inddhh de “club político” con “un alto contenido ideológico politizado”, anunciando que su ministerio no iba a seguir sus recomendaciones y estudiaba la posibilidad de pedir la declaración de inconstitucionalidad de la ley que la creó, guante que hoy recoge el diputado cabildante Eduardo Lust, como lo anunció en la sesión de la Asamblea General del 1º de agosto de este año.
Cabildo Abierto ha sido sin lugar a dudas la fuerza política que mas ha fogoneado discursos contra la institución, en la que ahora pretende colocar a sus representantes.
De los 27 candidatos propuestos por las organizaciones sociales y los partidos políticos, la coalición multicolor promueve a 13 de ellos.
Si se contemplan algunos de los nombres propuestos por el oficialismo, a pesar de su relato de que la Inddhh debe velar por todos los derechos humanos en su más amplia acepción -queriendo decir con esto que no debería poner el eje en la búsqueda de detenidos desaparecidos-, da la impresión que se busca una cierta “representatividad” de otras lecturas sobre el pasado reciente.
El diputado colorado Omar Estévez propuso a Sergio Molaguero, un ex empresario secuestrado en 1972 por la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (que en la Asamblea General tuvo solo el voto de ese diputado).
La diputada nacionalista Nancy Núñez planteó el nombre de Diego Burgueño, hijo del ciudadano fallecido en 1969 en la toma de Pando por parte del MLN-Tupamaros, y que integra la agrupación “Toda la verdad”.
Burgueño declinó a ultimo momento seguir siendo candidato a raíz de las declaraciones de la vicepresidenta Beatriz Argimón, que expresó que debía pasarse la nómina de 25 nombres a la Asamblea General y que se definiera por cuotas políticas, en lo que fue la primera expresión pública de las distintas visiones entre los propios nacionalistas y el resto de la coalición multicolor.
El nombre de Burgueño pasó junto a los otros 25 a la Asamblea General, pero no obtuvo ningún voto.
Independencia
Volviendo a aquellas primeras duras críticas de Larrañaga que cuestionaban la imparcialidad de la institución, la senadora frenteamplista Amanda Della Ventura, en la sesión de la Asamblea General del 1º de agosto, presentó los números de las recomendaciones realizadas durante el gobierno del Frente Amplio y durante el actual.
Bajo el gobierno del Frente Amplio la Inddhh realizó 147 resoluciones donde se constató alguna violación a los derechos humanos, y en el período actual, 87 resoluciones. En ambos casos, uno de sus actuales directores y candidatos, Wilder Tayler, votó afirmativamente el 91% en ambos casos.
Lo mismo sucede con la otra directora, Mariana Mota, que votó afirmativamente más del 90% de las resoluciones.
Sus nombres cobran una relevancia particular en la lista de candidatos, ya que cumplen con una sugerencia del artículo 41 de la ley que establece que “en ocasión de la renovación de los miembros del Consejo Directivo de la Inddhh, se procurará que algunos sean reelectos a los efectos de garantizar continuidad en la experiencia de gestión de la Inddhh”.
Diálogo de sordos
El Frente Amplio cuestionó el método empleado por la mayoría oficialista de la Comisión Especial para definir la lista de candidatos, argumentando una interpretación no ajustada de los establecido en la Ley 18.446 de creación de la Inddhh, y avalando sus posturas en el informe preliminar del Grupo de Trabajo sobre desaparición forzada que expresaba: “El Grupo de Trabajo toma nota del actual proceso de renovación del Consejo Directivo de la Inddhh previsto para el próximo mes de agosto. El Grupo quisiera expresar su preocupación por la información recibida sobre la intención de ciertos sectores políticos del país de querer controlar y politizar la Institución mediante la elección de un nuevo Consejo Directivo. En este sentido, el Grupo de Trabajo subraya la necesidad de que la elección de sus miembros se lleve a cabo en base a un procedimiento que ofrezca garantías de idoneidad y competencia de los candidatos y que representen actores civiles involucrados en la promoción y protección de los derechos humanos [las negritas son nuestras].
El Grupo de Trabajo quisiera hacer un llamado a las y los integrantes de la comisión bicameral
y de la Asamblea General para que garanticen que la elección del Consejo Directivo no afecte
la independencia de la Institución ni obstaculice su labor de búsqueda de personas desaparecidas. En particular, por lo que concierne a la independencia, el Grupo de Trabajo destaca que se trata de un elemento esencial para mantener la confianza de las víctimas y el público y garantizar su adhesión al Estado de derecho, así como para evitar cualquier apariencia de tolerancia de actos ilegales, encubrimiento o colusión en la perpetración de los mismos. Lo anterior presupone no solo la ausencia de cualquier vínculo jerárquico o institucional entre candidatos y quienes les proponen, sino también una independencia práctica de las personas candidatas y finalmente nombradas”.
En la comisión especial de la asamblea general presidida por el diputado Mario Colman, dicho informe fue duramente cuestionado por el diputado Rodrigo Goñi y el senador Guillermo Domenech:
“Quiero dejar constancia de nuestro rechazo a algunas expresiones contenidas en un reciente informe del 14 de julio del grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias. Me parece que fuera de su cometido para este informe constituye una intromisión”, expresó Goñi en la comisión y Domenech agregó: “Es una clara violación a la soberanía nacional. Nosotros, los legisladores -diputados y senadores-, somos los representantes del pueblo de la República Oriental del Uruguay y no hay nada por encima de nosotros salvo las normas constitucionales. Lo que pasa es que se pretende imponer en Uruguay una legislación internacional que, en nuestro país, tiene el valor y la jerarquía de la ley. No vamos a admitir que por encima de la Constitución nacional se ponga ningún principio de orden político y mucho menos que organismos internacionales pretendan dirigir los asuntos de Uruguay”.
Los ninguneados
Los ninguneados por la Comisión Especial han sido los representantes de las organizaciones sociales, a pesar de que su figura está contemplada expresamente en el artículo 63 de la ley.
“Estarán habilitadas a participar en las sesiones extraordinarias de la Inddhh:
A) Las organizaciones sociales nacionales que estén afiliadas a una organización internacional con
estatuto consultivo ante organismos internacionales del sistema Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos o del Mercosur.
B) Las organizaciones sociales nacionales, excluidos los partidos políticos, que reúnan acumulativamente los siguientes requisitos: reconocida reputación y trayectoria en su esfera particular de competencia, especialmente aquellas cuya finalidad sea la defensa y promoción de los derechos humanos.
Ninguna de estas organizaciones, entre ellas el Pit-Cnt y la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, ha sido convocada por la Comisión Especial para poder brindar su visión.
Por esta situación, más de 30 organizaciones sociales emitieron una declaración previo a la sesión de la Asamblea General en la que anunciaban que “vamos a promover la nulidad de estas resoluciones de la comisión especial ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la suspensión de este proceso de elección hasta que el Tribunal resuelva la cuestión de fondo”.
Basan su acción en que “las organizaciones sociales actuamos responsablemente. Advertimos de estas irregularidades, como en su momento también señalamos que se habían aceptado postulaciones desde organizaciones que no estaban habilitadas para hacerlo por no estar inscriptas en el registro de la Institución. También exigimos transparencia porque no se hizo pública toda la información disponible de los candidatos. Lo dijimos por los medios de prensa, lo dijimos en redes sociales, enviamos correos electrónicos a la comisión que nunca respondió y solicitamos ser recibidos por la Comisión y eso nunca sucedió”.
Así las cosas, la Asamblea General se convocará a mediados de agosto para una nueva instancia para ver si logra los acuerdos que permitan nombrar a los cinco miembros del Consejo Directivo, y según esos nombres, comenzará otra etapa.
Votos y delfines oficialistas
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