Las evidencias jaquean al presidente

Al cierre de esta edición, Ciudadanos, el sector del Partido Colorado al que pertenece la vicecanciller Carolina Ache, se disponía a recibir explicaciones de la jerarca sobre su participación en la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset cuando estaba preso en Dubái. Y es posible que se le retire la confianza.

Fuentes del sector adelantaron a Caras y Caretas el malestar por no haber sido informados de los chats mantenidos con Guillermo Maciel subsecretario de Interior, en los que este le alertaba acerca de que Marset era un “narco muy peligroso y pesado” .y que “sería terrible que fuera liberado”.

Ache tampoco informó al canciller Francisco Bustillo, o eso parece, ya que durante la interpelación realizada en el Senado este afirmó que “desconocía quién era”, aunque dijo creer que “se trataba de un futbolista”.

Por su parte, el presidente Luis Lacalle Pou afirmó que “ninguno de estos chats tiene que ver con el otorgamiento del pasaporte. Simplemente es una información que se requería por parte de la Policía”. Agregó que a él “le genera tranquilidad que no hubo ocultamiento”.

Después de esto, todos se fueron tranquilos a comer húngaras o pescado.

Todo es tan irreal, tan irresponsable, tan desatinado, que terminó con el narco uruguayo más peligroso de los últimos años libre y con un pasaporte uruguayo legal.

La responsabilidad no es solo de cancillería que, vale recordarlo, tuvo advertencias de la cónsul y luego del embajador en Emiratos Árabes

Maciel también fue negligente. Él advierte a Ache, aunque según parece nada dijo al ministro Luis Alberto Heber porque si no, habría que concluir que este mintió a los senadores, pero no hizo lo que era obvio: comunicarse con el ministerio de Paraguay para saber qué pasaba con Marset y por qué estaba preso en Dubái.

Tampoco recordó que los pasaportes los emite la Dirección Nacional de Identificación Civil, dependencia del Ministerio del Interior. Y que una posibilidad era otorgarle un documento de uso único para regresar a Uruguay.

Hasta el miércoles cancillería e Interior intercambiaban acusaciones cruzadas por la expedición del pasaporte.

Lacalle apeló al recurso constante: la culpa es de la oposición que “le pega a todo lo que se mueve” y aseguró que “por ahora no está planteado pedir la renuncia de Ache o Maciel”.

Además, dijo “que las comunicaciones entre los subsecretarios se conocieron durante la comparecencia de los ministros y sus equipos en el Parlamento”, y que “fueron entregadas voluntariamente”.

Pero la senadora Liliam Kechichian lo desmintió rotundamente y detalló el periplo que transitaron para obtener la documentación.

Después de la interpelación a Heber y Bustillo, la oposición reclamó a cancillería todo lo que tuvieran sobre los trámites para Marset, lo que fue negado con el argumento de que “se estaba realizando una investigación administrativa”.

Entonces los senadores frentistas pidieron la documentación usando la Ley de Acceso a la Información. Se les respondió con el mismo argumento.

El tercer paso fue acudir a la Justicia para que ordenara la entrega, cosa que finalmente ocurrió hace 15 días.

Recién ahí se conocieron los chats entre Ache y Maciel. Pero además también se supo que la vicecanciller los hizo protocolarizar con su escribana particular a principios de este mes. Y ese documento consta entre los que, finalmente, entregó la cancillería.

Durante esa interpelación Heber hizo un anunció rimbombante: habían encontrado a un culpable y se había ordenado separación del cargo y sumario para un funcionario de segundo orden en Identificación Civil. El lunes de esta semana se informó que no había surgido nada irregular pero el funcionario solicitó su pase a retiro.

El senador Gustavo Penadés, tal vez el dirigente nacionalista más lúcido, reconoció que “el que explica pierde, pero se siguen sumando hechos que, lamentablemente, terminan por no aclarar definitivamente esta situación”.

Por su parte, el senador Guido Manini Ríos anunció que “se reunirá con Heber para pedirle expicaciones de primera mano”.

Para los colorados de Ciudadanos, la suerte de Ache parece echada.

Lacalle sigue sin entender que sus ministros se comportaron en forma negligente, que por eso un narco pesado está suelto, y que más allá de lo que eventualmente pueda decidir la Justicia, él tiene una responsabilidad política y no solo con quienes lo votaron.

La inocultable corrupción

Poco tiempo había transcurrido del escándalo Marset, cuando estalló el caso Alejandro Astesiano cuyos alcances finales aún están siendo investigados.

Y ese asunto es muchísimo peor que el otro porque el responsable directo de haber elegido a un delincuente como su jefe de seguridad, e instalarlo en la Torre Ejecutiva, fue el propio presidente.

No pasa día sin que surja una información que supera en gravedad a la anterior. Lo que empezó aquel lejano 25 de setiembre a la noche, cuando Astesiano fue detenido en la residencia presidencial, revela la existencia de una crisis institucional que muchos se empeñan en negar.

Primero fue el trámite de pasaportes falsificados para ciudadanos rusos; luego el uso de la estructura policial para vigilar, a pedido de empresarios o amigos, a terceras personas sobre las que no había ninguna requisitoria judicial. Una tarea de espionaje, digamos.

Luego aparecieron los vínculos con empresarios que pretendían hacer negocios con el Estado. Y algunos los lograron.

Las tareas de espionaje se extendieron sobre dos senadores de la oposición a los que alguien pretendía extorsionar para que retiraran una denuncia, precisamente contra el ahora ministro del Interior, antes de Transporte y Obras Públicas.

También se espió a un exdirector nacional de Policía que había expresado públicamente sus discrepancias con la LUC.

En medio Astesiano también hacía gestiones para colocar amigos en la Policía: para fraguar documentos que impidieran que su hijo fuera preso por poseer una moto robada, para que se vigilara a la pareja de su hija, que ejercía violencia doméstica. Además vigiló, mediante las cámaras de la Policía, a la novia de un amigo que se creía engañado o la casa de un amigo del secretario privado del presidente al que le habrían intentado robar el auto.

Gauchazo el tipo. Por si fuera poco tenía una empresa de seguridad en situación irregular, que sin embargo fue contratada por un poderoso empresario, amigo personal y asesor del presidente. Es el dueño de una casa de salud; de una whiskeria nocturna y de una inmobiliaria trucha en el complejo de Millán y Lecoq.

Hasta el pescado de Emiratos árabes, que luego repartió Lacalle, vino a su nombre. Y ese es el dato más extraño de esa inusual pesca. ¿Por qué razón un regalo oficial del gobierno emiratí debía venir a nombre del jefe de seguridad pero a la casa del presidente?

Para casi todas estas acciones Astesiano contó con el apoyo imprescindible de algunas de las más altas jerarquías del ministerio del Interior, ahora bajo investigación fiscal y usó recursos públicos para fines diferentes a las tareas para las que estaba contratado.

El subdirector macional de Policía renunció al cargo, aunque eso no evita las acciones de la fiscal Gabriela Fossati.

Heber ordenó investigaciones sumarias y todas dieron bien. Algo que no se cree ni el propio ministro. Pero la presión social se hace sentir y algo había que hacer.

Astesiano tampoco parece haber sido muy eficiente para proteger la seguridad de la familia presidencial. Porque según reveló El Observador el miércoles pasado, en por lo menos cuatro grupos de Whatsapp que mantenía con otras varias personas, se hizo pública más de una vez la ubicación y actividades privadas y familiares de la exesposa de Lacalle y de sus tres hijos.

Ahora muchas voces se alzan para sostener que el ex ¡jefe de seguridad, era “un pillo”. Sin embargo, nadie explica por qué tantos empresarios acudían a él para hacer negocios.

Un jaque que nadie quiere mate

Durante dos años, Lacalle Pou monopolizó la agenda informativa y no comunicaba mal. Algo que le generó respeto y adhesión cuando estalló la pandemia.

Se trata del gobierno más presidencialista en décadas. Todos los anuncios importantes los hace él, los ministros casi ni hablan. En todos lados a los que concurre, y luego de sacarse decenas de selfies, habla con los periodistas. Y habla, habla, habla, no le gusta que lo interrumpan.

Usa muletillas como “ustedes me conocen” o “soy garantía de transparencia”.

Pues ni lo uno ni lo otro. Conocer a alguien es mucho más que verle la cara todos los días, saber que practica surf en La Paloma o anda de chancletas y barba en vacaciones. Dificilmente la mayoría de los uruguayos sepan algo más de lo que ven, aunque muchos con todo derecho, creen.

Aunque no hay que sumarse al grito de gobierno corrupto solo porque no es el que se votó, tampoco la transparencia es algo que brille.Varias de sus decisiones y la presencia de algunos funcionarios, no dan “para dormir sin frazada”.

En toda esta historia de engaños, mentiras y traiciones fue el propio presidente quién se colocó como responsable de haber nombrado a quien nombró.

No se puede acusar ni a la oposición ni al periodismo.

Acá se espió a la oposición y a quienes discrepan; se hicieron negocios con el Estado, se vigiló gente que no tenía causa judicial, se usaron infinitos recursos públicos. Y altos funcionarios policiales colaboraron. Es bastante más que adulterar pasaportes.

Y por si todo esto fuera poco, la crisis se extendió hasta la propia Fiscalia General de la Nación.

Ahora el presidente está en jaque contínuo y se le nota en el rostro.

La mayoría absoluta de éste país no quiere ni desea un mate. Todos tienen claro que sería peor ese remedio que la enfermedad. Y que además, mientras no exista una acusación probado sobre posibles delitos, la salud de la democracia exige que los presidentes electos deben cumplir su mandato.

Pero, como en el ajedrez, el rey también se mueve para evitar su caída.

Ese es el movimiento que los uruguayos esperan de su presidente.