La Administración Nacional de Educación Pública (Anep) entregó hace más de un mes su propia Rendición de Cuentas al Parlamento en la que solicitó una reasignación de 63 millones de dólares.
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En su momento el presidente del Codicen, Robert Silva, dijo en rueda de prensa que los recursos adicionales son para continuar con la transformación educativa, que incluye los nuevos planes de formación docente, nuevas obras de infraestructura, las necesidades de equipos multidisciplinarios, entre otras.
"Nosotros tenemos autonomía presupuestal. Somos plenamente conscientes de que el país está en una situación muy compleja, que atravesó una pandemia, que recibió un país con déficit fiscal, que ahora está en una crisis hídrica, que hay una guerra internacional que ha afectado al país, pero somos conscientes también de que necesitamos, dentro de esa autonomía de iniciativa presupuestal que tenemos, presentar al Parlamento cuáles son nuestras necesidades mínimas para poder llevar adelante las acciones que nos hemos propuesto", señaló.
Silva indicó que también son conscientes de que debe existir una mejora en la gestión de los recursos públicos que les asignan. Consultado sobre la respuesta de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, indicó que el gobierno siempre tuvo el compromiso de dar la mayor cantidad de recursos posibles para la educación, "siempre y cuando ello sea posible", expresó.
Hasta este martes el oficialismo no había podido encontraron la solución para reasignar recursos a la Administración Nacional de Educación Pública (Anep), que solicitó 63 millones de dólares. Desde el oficialismo aseguraron que se está tratando de resolver “una alternativa” que esperan que pueda llegar al Plenario de Diputados. Implicaría trabajar la posibilidad, “desde el punto de vista jurídico”, de que la Anep utilice fondos que tienen asignados para infraestructura en un fideicomiso de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que significaría cerca de 12 millones de dólares para 2024 y la misma cifra para 2025.
Esta iniciativa implicaría “una redistribución de recursos, redefiniendo prioridades, con recursos que eran para otra cosa, pero que se puede cambiar el destino, a los efectos de que se acompasen las ejecuciones y le permita a la Anep liberarse de los compromisos que tiene”, aseguraron desde el oficialismo.