“El Gobierno precisa casi 7.000 millones de dólares este año” para cubrir el déficit fiscal, junto al pago de intereses y la devolución del dinero “de otros préstamos pasados”, explicó. “En el programa financiero de la Rendición de Cuentas va disminuyendo lo que el Estado precisaría año a año”, señaló. El presupuesto “comienza cerca de los 7.000 millones y va hacia los 6.000 millones de dólares” al final del quinquenio, por lo tanto, “va a haber otras licitaciones más de deuda este año, dentro del calendario establecido”, manifestó.
“La estrategia del Gobierno es financiar la deuda a menores tasas” para que cueste menos pagar los préstamos, “porque allí es donde se va la mayoría del dinero”, puntualizó. La diferencia entre los gastos y los ingresos del Estado “está en el entorno de los 1.500 millones de dólares y toma el nombre de déficit primario”, agregó. Ese déficit es del entorno del 25 % del déficit fiscal total.
“Lo sorprendente es que”, en la última licitación de deuda, “la demanda duplicó a la oferta, y no es común”, analizó. “En términos de historia económica hace relativamente poco tiempo que la demanda supera la oferta, pero no a ese nivel”, indicó. Aún así, “el 14 de julio hubo una licitación de deuda en Unidades Previsionales”[1], previo a los anuncios del MEF y la OPP, “que quedó desierta”, recordó. “Parece que allí hubo un juego de fuerzas”, evaluó.
La economista y profesora universitaria Gabriela Mordecki dijo a Caras y Caretas que “la gestión de deuda hace años que está muy profesionalizada” y cuenta con “una oficina que lo estudia profundamente”. En cuanto aparece “una buena posibilidad para emitir deuda a tasas más bajas, aprovecha”, complementó. “Muchas veces la emite para financiar nuevas necesidades”, pero en otros casos lo hace “para cancelar títulos anteriores, que no eran tan beneficiosos”, aclaró.
“Uruguay tiene tasas de interés mucho más bajas que antes, y eso es gracias al bajo Riesgo País”, continuó. Se calcula el Riesgo País uruguayo en “60 puntos básicos aproximadamente”, y por cada “100 puntos básicos aumenta 1 % más el interés de los bonos, en relación al equivalente de Estados Unidos”, ahondó. Esto quiere decir que “Uruguay tiene que pagar un 0,6 % más alto los intereses de la deuda de lo que paga un bono equivalente de los Estados Unidos”, señaló. “Realmente son tasas muy ventajosas para el país”, reconoció.
“En el déficit fiscal total existente, que está en el entorno del 4 %, casi el 3 % va para el pago de intereses, es un costo grande”, destacó. Los bonos a los que nos venimos refiriendo tienen la característica de ser deuda soberana. En este caso, “el país toma deuda”, paga la tasa de interés que el mercado exige “y después al dinero nadie le pone ninguna condicionalidad”, por lo tanto “el Gobierno lo usa para lo que mejor le parezca”, explicó Mordecki.
“Tener acceso al crédito soberano y barato es un privilegio” que tiene Uruguay “por su historial de cumplimiento, básicamente, y por la solidez de las instituciones”, desarrolló. “La evaluación del riesgo muchas veces tiene en cuenta la fortaleza que el Gobierno tiene en el Parlamento para aprobar su agenda”, complementó.
Este mecanismo de deuda soberana permite evitar la necesidad de utilizar el dinero en proyectos concretos como con la Corporación Andina de Financiamiento, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, o las condiciones a reformas económicas que exige el Fondo Monetario Internacional.
El Gobierno “está llevando el déficit fiscal muy en detalle”; sin embargo, “ha bajado poquito”, lamentó Mordecki. El dato del déficit cerrado a junio es de 4,3 %, “más o menos sigue en el mismo nivel, y eso al Gobierno lo tiene preocupado”, reflexionó. Además, “la recaudación está lenta, la economía no crece en forma dinámica y los gastos son lo que son”; por eso el Gobierno “está preocupado en los temas de crecimiento”, justificó. “Y de conseguir deuda de mejor calidad, para bajar por el lado del gasto, también”, concluyó.
¿Y la seguridad social?
“Hay dos diferencias centrales con el Gobierno en cuanto al ahorro individual”, puntualizó Dufrechou. La primera es que “se había acordado la centralización y la administración de los clientes por un ente público” mientras se mantenía la inversión por parte de las AFAP “ampliando las responsabilidades que tiene el Estado y desprivatizando una parte del pilar de ahorro individual”, cuestionó.
Desde el ERT y el PIT-CNT “nos parecía una opción muy importante expandir las atribuciones públicas” en función de una mejora en los servicios y “la eliminación de una parte considerable del lucro”, expresó. “Los trabajadores van a seguir gastando” de sus ahorros “en marketing y comercialización de las AFAP para captar clientes” que inflan los costos operativos “y se sigue reflejando en las comisiones”, subrayó.
El segundo aspecto relevante en relación al sistema de capitalización es que “en el Diálogo se había acordado que las AFAP dejaran de cobrar comisiones en base al aporte de los trabajadores”, describió. “Lo que finalmente propone el Poder Ejecutivo es una mezcla”, criticó. El problema es que “cobran comisiones independientemente del servicio que prestan” y la rentabilidad operativa o el lucro que tienen estas empresas “es alto”, comentó. Atar las comisiones completamente a la rentabilidad de las inversiones “hace que cobren su ganancia en función de lo bien o mal que se desempeñaron en el mercado, y que esto se refleje en la suerte de los trabajadores”, opinó.
En lugar de la administración y centralización de los clientes por un ente público, “se creará una Ventanilla Única de Información” en el Banco de Previsión Social (BPS) “que va a recargar al organismo”[2], manifestó. “Sin mencionar la habilitación a invertir en el extranjero”, que aumenta el riesgo sobre las jubilaciones “y no fue acordado en el Diálogo Social”, fustigó.
Decisiones aparte
Por otro lado, en cuanto a la creación de la causal de jubilación anticipada para trabajadores de 60 años de edad y 30 de aportes, “nunca se habló en el Diálogo de que eso impidiera permanecer en el mercado laboral a quien optara por esa opción, actualmente la jubilación común lo admite”, reflexionó.
Sobre el cálculo del suplemento solidario, que permite aumentar las prestaciones de pasivos de bajos aportes o ingresos, “no estaba conversado como se iba a implementar y apareció”, destacó. “Hay elementos de la letra chica de la implementación” que todavía no están definidos y “eso impacta en qué tanto los cambios beneficiaran al trabajador o trabajadora y en qué tanto no”, subrayó.
La línea temporal “de las distintas acciones que se conocen” y son reconocidas públicamente “marca que evidentemente hubo una presión y un despliegue de fuerza económica” por parte de las AFAP “y de los acreedores internacionales”, aventuró Dufrechou.
“Hubo incertidumbre con los inversores vinculada al tema de las AFAP” en cuanto al funcionamiento del sistema, “no así al Diálogo Social en general”, reflexionó Mordecki. Por lo tanto, “el Gobierno sacó una declaración comprometiéndose a que el sistema básicamente va a continuar como está, pero que va a hacer algunos ajustes como que bajarán un poco las comisiones”, analizó.
“Cuando uno mira la evolución del Riesgo País” y de las emisiones de deuda, “no aparece ninguna variación significativa”, transmitió. Aún así, puede haber habido “consultas privadas al Gobierno, que fue lo que trascendió en prensa”, evaluó. De cualquier forma, “no vi ningún número contundente que demostrara” que los resultados del Diálogo Social “habían afectado”, admitió. Igualmente, “miembros del Gobierno salieron a hablar al respecto, algo debe haber pasado”, concluyó. Igualmente, a juicio de la economista, se trata de “definiciones políticas que no tienen que ver con la cuestión económica”, sentenció.
Evaluación y alternativas
Para Dufrechou, “hay que ser cautos” al evaluar el alcance de las medidas definidas por el Gobierno. En términos generales, “vemos como una cuestión positiva y una conquista” la creación de la jubilación anticipada, la modificación del suplemento solidario y la unificación de las transferencias, “pero el grado del avance va a depender desde parámetros que todavía no están definidos”, estableció.
Actualmente, “si te quedas sin laburo con 58 años, algo que lamentablemente viene sucediendo, se te viene el mundo abajo”, ejemplificó. “Quieras que no, la jubilación anticipada le asegura a la tercera parte más jodida de los trabajadores y trabajadoras un respaldo, en lugar de nada”.
De cualquier forma, “hay una discusión necesaria que abordar para afrontar las condiciones de necesidad del financiamiento externo a través de la deuda soberana”, analizó. “El sistema tributario uruguayo presenta dos problemas importantes”, comenzó. El primero es que, en “términos de justicia tributaria, es necesario modernizar la estructura” reduciendo el peso “que tienen los impuestos indirectos”, planteó. Es el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA), “que es regresivo y afecta más a quienes menos tienen”, explicó.
Actualmente, los impuestos “pesan más sobre los ingresos que provienen del trabajo que las ganancias del capital”, por lo que “habría que modificar esa relación” o al menos “hacerla un poquito más equitativa”, justificó. “Se debería aumentar el peso en la recaudación de los impuestos directos” y modificar la relación “sobre a quiénes se dirigen los impuestos”, valoró.
En segundo lugar, “hay una necesidad de expansión de la base impositiva”, lanzó. “Se dice mucho que en Uruguay se pagan muchos impuestos”, argumentando que la recaudación en relación al Producto Interno Bruto “está cerca del 27 %”, describió. “Esa presión fiscal uruguaya es la mayor de América Latina y por eso no se podría seguir expandiendo, Uruguay perdería competitividad”, reseñó.
Sin embargo, “la estructura tributaria se debe mirar en función del Estado y los servicios sociales que queremos tener”, dijo. “Si nosotros nos queremos comparar con sociedades organizadas como la de Paraguay”, con una alta tasa de informalidad y “un nivel de desprotección social muy alto, se pueden reducir los impuestos y las cargas sociales”, sentenció. “Si lo que pretendemos es parecernos más a países con Estados de bienestar más desarrollados”, se debería mirar el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “ellos tienen un 30 y pico por ciento”, desarrolló. “A nosotros nos falta un trecho grande para alcanzarlos”, subrayó.
Hay un tercer punto para discutir “que es sobre la recaudación efectiva”. El país tiene “un 6 % del PBI en exoneraciones fiscales”, mientras que el promedio de América Latina “es 3 %”, reportó. El país “ha expandido las exoneraciones como política productivo-industrial”, pero no está claro “que tenga los resultados que se deberían esperar”, cuestionó. “Uno no habla de eliminar todas las exoneraciones fiscales”, sino de realizar una revisión profunda “sobre la pertinencia de algunos tipos de exoneraciones por sobre otros”, matizó.
“En un mundo laboral cada vez más precarizado, hay que adelantarse a la tendencia y repensar” el avance de las unipersonales, los monotributos, “vínculos laborales que esconden dependencia”, cuestionó. Y específicamente en términos de Seguridad Social, “hay que revisar el esquema de financiamiento en base al trabajo”, agregó. De forma que “el sistema pueda seguir teniendo ingresos genuinos que le permitan financiar la matriz de protección social”, argumentó.
[1] Un tipo de instrumento financiero ligado a las rentas vitalicias del sistema de ahorro individual.
[2] El BPS se ocupa del Pilar de Reparto o de Solidaridad Intergeneracional, que funciona de manera diferente al Pilar del Ahorro Individual.
