Un hackeo masivo a la Fiscalía de Colombia, a instituciones militares y policiales, agencias reguladoras y empresas en toda América Latina permite conocer cómo se ha desarrollado el crimen organizado asociado a gobernantes, jueces y fiscales, policías y militares, empresas y empresarios, guerrilleros, hackers y periodistas. En esta primera parte, Caras y Caretas revela información sobre el narco Sebastián Marset y Rocco Morabito.
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En el año 2022 un grupo de hackers, conocidos como Guacamaya, aprovechó una vulnerabilidad en el correo electrónico Microsoft Exchange y logró hacerse de miles de archivos de la Fiscalía de Colombia.
A pesar que Microsoft había advertido sobre ese fallo en los correos corporativos, pocos hicieron caso y los hackers continuaron obteniendo archivos de instituciones militares y policiales, agencias reguladoras y empresas, prácticamente en toda América del Sur.
En un comunicado público, el grupo Guacamaya dijo que habían apuntado a instituciones a las que acusaban de permitir la corrupción y el crimen organizado.
La Fiscalía colombiana tardó meses en presentar la denuncia e iniciar una investigación que hasta el momento nada ha logrado.
Guacamaya compartió los archivos con otras dos organizaciones de activistas informáticos y estos los entregaron al Proyecto de Reportaje sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP), una red global de periodistas de investigación en todo el mundo, y también con periodistas de varios medios de Centro y Sudamérica.
La filtración, un total de cinco terabytes, contiene más de siete millones de correos electrónicos de la Fiscalía colombiana, incluida correspondencia con embajadas y otras autoridades de todo el mundo. Los archivos, que también incluyen clips de audio, PDF, hojas de cálculo y calendarios datan de 2001, aunque la mayor parte de la información se concentra entre 2017 y 2022.
Los documentos filtrados muestran detalles poco comunes sobre el funcionamiento interno de las bandas criminales transnacionales y los esfuerzos de las fuerzas del orden para desmantelarlas, según explica OCCRP en su sitio web.
Unos 40 medios destinaron periodistas y recursos para verificar los documentos y establecer los nexos. El resultado de esa investigación comenzó a hacerse pública esta semana bajo el nombre “Narco Files”.
Los datos, nombres y circunstancias revelan los cambios que ha procesado el narcotráfico y el crimen organizado, y cómo ha infiltrado al poder político, a la Justicia, a las fuerzas policiales, militares y la guerrilla, al mundo empresarial y financiero, contando con la colaboración de hackers y periodistas corruptos.
OCCRP decidió hacer pública su investigación porque explicaron que “el crimen organizado alimenta la corrupción, devasta el medio ambiente, siembra desigualdades y frena el desarrollo económico. Por eso es esencial que el periodismo de investigación exponga a las personas detrás del tráfico de drogas y otras actividades criminales, y muestre cómo operan”.
Seis capítulos
Para presentar la investigación, el conglomerado de periodistas decidió dividir la información en seis capítulos:
- Imperio criminal: investiga cómo los grupos del crimen organizado se han extendido por todo el mundo, permeando las economías, corrompiendo a las autoridades y ampliando su alcance a través de las fronteras.
- Narcóticos Inc.: analiza cómo las bandas criminales están innovando y evolucionando sus modelos de negocio frente a nuevos incentivos económicos y oportunidades de experimentación.
- Ahogándose en drogas: se sumerge en el turbio mundo de los puertos comerciales que se han convertido en un foco de actividad criminal, desde Amberes y Róterdam hasta Gioia Tauro, Guayaquil, Santa Marta y Limón.
- Dinero sucio: investiga los flujos clandestinos de ganancias de drogas ilícitas y los profesionales financieros que ayudan a permitir estos crímenes.
- Crímenes ambientales: expone el impacto ambiental del crimen organizado y cómo sus actividades están destruyendo la vida silvestre, contaminando ríos y amenazando áreas protegidas.
- Policías y ladrones: analiza el papel de los organismos encargados de hacer cumplir la ley que están en primera línea en la lucha contra el crimen organizado, pero que a veces se convierten en parte del problema.
La modernización del crimen organizado
En nuestro país subsisten estereotipos, alentados por las series de Netflix, sobre los jefes de los cárteles de drogas. Pensar en Pablo Escobar o en el Chapo Guzmán, sólo por mencionar a los más conocidos, es asociarlo a personas de escasa cultura, de modestos orígenes, con gustos rayanos en el ridículo como portar encima todo el oro que puedan, ya sean cadenas, pulseras o armas, o con zoológicos propios. Por supuesto, tampoco vestían a la moda.
Hoy los nuevos jefes narcos son en su mayoría gente con títulos universitarios, con amplio conocimiento financiero, hablan varios idiomas, viven muy bien pero no ostentan, usan trajes italianos y zapatos de diseño hechos a medida. Y sobre todo tejen amplios vínculos.
Pero, además, han cambiado las formas de producción, de traslado y comercialización de drogas. Por ejemplo, en lugar de diseñar complicadas formas y rutas de distribución por el mundo, están estableciendo la producción más cerca del consumidor.
Hoy un líder narco no necesariamente toca la droga, sino que es quien gerencia las rutas, la infraestructura y maneja el dinero que ese comercio genera. Y para ello cuentan con profesionales en diferentes áreas.
Para el caso uruguayo Sebastián Marset es un buen ejemplo. Desde el año 2019 y asociado a mafiosos paraguayos, se dedicó a comprar y vender cantidades inimaginables de cocaína, a establecer las rutas y a manejar el dinero generado. Ya no andaba trasladando 100 kilos en una camioneta, de eso se encargaban otros.
Se le conoce como el “gerente” de la Hidrovía. Entre los años 2020 y 2021, producto de la pandemia y la paralización del mundo, tanto en Perú como en Bolivia se generaron enormes sobrestocks de cocaína que no podían mover.
El periodista boliviano Wilson García Mérida, director del periódico digital Sol de Pando, quien investiga el narcotráfico desde hace muchos años y que sufrió dos intentos de asesinato por ello, explicó a Caras y Caretas de qué forma Marset se consolidó como un importante narcotraficante.
“Él tiene estrechos vínculos con el Primer Comando de la Capital (PCC) en Brasil y con la 'Ndrangheta (mafia calabresa). Cuando llegó a Paraguay, por el año 2018, enseguida se vinculó al Clan Insfrán, un poderoso grupo criminal de ese país”, dijo García Mérida.
Explicó que “entonces los peruanos tenían mejores contactos para sacar al mundo la droga que producían y que costaba 2.500 dólares el kilo, mientras en Europa se vendía al mayoreo a 35.000 dólares.
Marset descubrió que los bolivianos seguían vendiendo a través de Chile, a donde la trasladaban en viejos camiones. Además era más barata, los productores la vendían a 1.500 dólares el kilo.
Ya tenía contacto (porque había estado preso con él en Uruguay) con quien tenía acceso a muchas avionetas en Paraguay, nada menos que un tío del expresidente Horacio Cartes.
Entonces estableció rutas para llevar cocaína boliviana a Europa a través de la Hidrovía y luego por el puerto de Montevideo. Cuando cesó la pandemia enviaron centenares de toneladas de cocaína. Hay que tener en cuenta que le incautaron 21 toneladas.
Todas las operaciones fueron posibles porque la mafia calabresa prácticamente controla el mercado mundial de drogas. Uno de sus líderes, Rocco Morabito, vivió 14 años en Uruguay y conocía al detalle cómo establecer contactos con los narcos. También tenía vínculos con el PCC, que además comenzaba a aparecer en las cárceles uruguayas.
El puerto de Montevideo fue elegido porque los traficantes sabían de todas sus debilidades. Durante mucho tiempo habían sacado la droga por el puerto de Santos, en Brasil. Pero luego de sucesivas incautaciones se establecieron controles más férreos y se dificultó la operativa criminal.
Los cambios que se han producido en el crimen organizado también aparecieron en Uruguay. En los últimos años ya no eran los dealers de barrios marginales los encargados del negocio. Aparecieron importantes empresarios, que vivían en zonas acomodadas o en el campo, moviendo toneladas de cocaína. A los pobres les quedó el negocio de las “bocas” y el sicariato.
Los muertos en el placar uruguayo
Muchos compatriotas creyeron que había cosas que nunca sucederían en este país. Pero sufrimos una dictadura criminal y ahora asistimos al crecimiento del narcotráfico y la violencia.
En estos días el otorgamiento de un pasaporte a Sebastián Marset, cuando estaba preso en Dubái, provocó la caída del canciller, del ministro del Interior y del subsecretario, además del principal asesor del presidente de la República. La crisis política está aún lejos de resolverse porque sigue la investigación fiscal. No se descarta que el primer mandatario sea citado a declarar como imputado.
No pocos gobernantes aseguran que narcotráfico y política no se juntan en Uruguay. Pues tenemos malas noticias: este siempre fue un país amable para acoger a importantes jefes narcos.
En 1989 fue detenido en Punta del Este Raúl Vivas, un argentino que operaba un cambio frente al casino Nogaró. Esa era la fachada porque, en realidad, Vivas lavaba dinero para el Cártel de Medellín. Mil millones de dólares en oro vendidos a través del cambio Dayna, uno de cuyos dueños era Ángel María Gianola, ministro del Interior durante el Gobierno de Luis Lacalle Herrera.
En 1992 detuvieron, también en Punta del Este, a Ramón Puentes Patiño, contador del Cártel de Cali. Y con él se descubrió que parte de la familia del presidente argentino Carlos Menem trabajaba para el narco.
A principios del 2000 se constató la presencia del Cártel de Juárez ya que su líder, Amado Carrillo Fuentes, a través de testaferros, había adquirido propiedades en San José y en Punta del Este. Pero por presiones del entonces vicepresidente Luis Hierro López, el ministro del Interior Guillermo Stirling destituyó al director nacional de Policía, inspector Roberto Rivero, que era quien había investigado los negocios de Carrillo Fuentes.
En el año 2016 fue detenido en Montevideo Gerardo González Valencia, líder del Cártel mexicano conocido como “Los Cuinis”, definido entonces como el mayor traficante de drogas sintéticas. González Valencia vivía con su familia en la zona de Beverly Hills, Punta del Este, desde hacía 5 años.
En setiembre del 2017 fue detenido en un hotel montevideano Rocco Morabito, capo de la mafia calabresa. Estaba allí circunstancialmente porque en realidad hacía 14 años que vivía en Punta del Este, casualmente a tres cuadras de Gonzalez Valencia.
Pero dos años después, en circunstancias que aún se investigan, logró escapar de Cárcel Central (San José y Yi). Se fue a Brasil hasta que en un operativo conjunto de policías italianos y brasileños lo detuvieron en junio del 2021 y poco después fue extraditado a Italia.
Bananas y cocaína
Entre los documentos encontrados en el hackeo a la Fiscalía de Colombia hay información relevante sobre Morabito, que fue investigada y publicada por IrpiMedia de Italia.
“Si es necesario, hablo con un amigo mío y lo celebraremos si habla demasiado". El mensaje es del 5 de enero de 2021 y pasa por un chat cifrado. Procede de Brasil, del que en su momento fue uno de los fugitivos más buscados del mundo, Rocco Morabito. El canal de comunicación, que los participantes creen seguro, está dedicado a la organización de una gran importación de cocaína desde el puerto de Turbo (Colombia). Millones de euros en juego como inversión inicial y como beneficios prometidos. Es mejor no bromear con las cifras y con el tema. Especialmente cuando las amenazas provienen de alguien como Rocco Morabito, uno de los principales narcotraficantes de la 'Ndrangheta. Un nombre de peso, corredor altamente calificado, con alianzas históricas con las organizaciones narco más poderosas de América Latina, desde el Primer Comando de la Capital en Brasil hasta el Clan del Golfo en Colombia, pasando por el cártel de Sinaloa en México.
Tiene contactos con traficantes de drogas y armas en Medio Oriente, así como entradas en todos los puertos de Europa. Pero, sobre todo, trabaja para uno de los clanes 'Ndrangheta más poderosos de todos los tiempos, los Morabito alias Tiradrittu de Africo, la columna vertebral del distrito jónico de la 'Ndrangheta.
En definitiva, verse amenazado por Tamunga, apodo que proviene de su pasión por un viejo todoterreno alemán, el Dkw Munga, no es algo que deba tomarse a la ligera. ”La 'Ndrangheta, sin embargo, utiliza la violencia sólo cuando es estrictamente necesario, y la mayoría de las veces el nombre es suficiente para resolver desacuerdos. De Belo Horizonte a Antioquia, basta el eco de los Morabitos”, dice la publicación italiana.
Es un dato que proviene de una alianza formada hace más de treinta años, quizás el primer "supercártel" en la historia del crimen organizado. Así lo testificó Salvatore Mancuso Gómez, conocido como “el Mono” (el rubio), jefe de las ahora disueltas Autodefensas Unidas de Colombia, uno de los mayores grupos paramilitares del país, en un interrogatorio celebrado en 2019 en Atlanta (Estados Unidos), también en presencia de la Dirección Distrital Antimafia de Reggio Calabria.
Una vez caídos los históricos cárteles de Medellín y Cali, las AUC se habían convertido en los mayores productores de cocaína del mundo. Entre finales de los noventa y principios del nuevo milenio mantuvieron relaciones con los brókers más hábiles de la 'Ndrangheta como Santo Scipione (basado en Medellín hasta su reciente muerte en 2019), Roberto Pannunzi y Natale Scali.
Mancuso afirma que a principios del milenio los mafiosos del distrito jónico, es decir los de Platì, San Luca y Africo, junto con los mancusos de Limbadi, quisieron crear una alianza especial entre ellos y los paramilitares de las AUC. Natale Scali es enviado como embajador: los calabreses piden tener exclusividad para el mercado europeo de toda la coca producida por las AUC. El acuerdo no se concretó porque los paramilitares preferían tener "manos libres para elegir a los compradores", pero la 'Ndrangheta seguiría siendo tratada con especial consideración.
Es gracias a este pacto que Rocco Morabito, que permaneció prófugo en América Latina desde 1994 hasta 2017, y luego desde su fuga de prisión en 2019 hasta su arresto definitivo en mayo de 2021, exportó cocaína colombiana durante treinta años, trabajando ambos desde Colombia y Brasil.
Después de lograr escapar de la cárcel de Montevideo, inmediatamente volvió a trabajar, permaneciendo escondido en Brasil. En ese período, según revela la reciente investigación de Eureka, habría contado con la colaboración de un familiar literalmente al otro lado del mundo, en Costa de Marfil. Se trata de Bartolo Bruzzaniti, que había hecho de Abiyán su hogar.
IrpiMedia agrega que como reconstruyeron los Carabinieri de Locri, en marzo de 2020 Bartolo Bruzzaniti fue invitado por Rocco Morabito a participar en la organización de cargamentos de cocaína escondidos en bananas por Turbo. Sobre la mesa, Bruzzaniti debe traer sus contactos al puerto de Gioia Tauro, Tamunga los del Clan del Golfo. Sin embargo, para Morabito no es fácil ir personalmente a Colombia, al fin y al cabo es uno de los hombres más buscados del mundo. Por lo tanto, confía en un grupo serbio de confianza, que puede garantizarle financieramente en Medellín.
El grupo está dirigido por Srdan Durasovic, un fiel colaborador de Morabito que mantiene para él contactos con proveedores colombianos. Pero Durasovic es mucho más que un intermediario: según los investigadores, fue un verdadero socio y base de la fuga de Tamunga (alias de Morabito), tanto escondiéndolo en su restaurante italiano de Montevideo como recibiendo fondos para el fugitivo de familiares calabreses, entre ellos el propio Bruzzaniti.
El contacto dentro del Clan del Golfo traído por Durasovic es, en cambio, un Peke Negro. ”Representa a los paramilitares, trabaja para ellos, controla los puertos”, escribe Durasovic a los asociados calabreses, y añade: “Tienen la fábrica, dirigen Turbo”. Peke Negro habla directamente con los calabreses en el chat. Les cuenta que tiene una "finca" para el cultivo de coca y una "refinería", y envía fotos de plantas de coca y el proceso de refinación de la pulpa básica. Peke Negro también interviene en la logística, sugiere importar utilizando la pantalla de un envío legal entre dos empresas bajo su control: "De empresa a empresa", lo define, y agrega “es mejor si compra ya en Colombia, bananas, los orgánicos crudos son excelentes”.
Hoy, como a Morabito, también detuvieron a Bruzzaniti. Hace apenas 4 meses en Jounieh, Líbano, fue arrestado mientras cenaba en un restaurante de lujo. Las investigaciones hacen luego su perfil de narcotraficante incansable, que gestiona innumerables comunicaciones al mismo tiempo: con los estibadores de Gioia Tauro, con los proveedores y con su hermano en Costa de Marfil.
Escribe en cuatro idiomas, italiano, español, francés e inglés. Y a menudo también trabaja de noche: "Hago de la noche un día", dice “para asegurarme de que las cargas estén bien organizadas en el otro lado del mundo, en Colombia”. Proviene de Africo, en Locride, pero trata con todo el mundo y también se alía con el poderoso intermediario de la Camorra Raffaele Imperiale (activo en Holanda en ese momento). No hay fronteras, ni geográficas ni culturales. Y este saber hacer le permite entrar en contacto con el equipo más fuerte de trabajadores portuarios corruptos de Gioia Tauro, que también cuenta entre sus filas con un funcionario de aduanas.
Así lo descubrió la primera investigación sobre los equipos de trabajadores portuarios corruptos, Tre Croci, que, gracias a los chats de Sky ECC, reconstruyeron el detrás de escena de los grandes cargamentos de cocaína de la 'Ndrangheta que entraban en Gioia Tauro desde América Latina. Entre ellos, el más significativo es un envío del grupo Bruzzaniti-Imperiale.
El contenedor, incautado el 18 de marzo de 2021, contenía bananas de la empresa Banacol y 2.226 kilos de cocaína pura. El consorcio “Narco Files” pudo confirmarlo comparando y cruzando la información de la filtración con la información contenida en las medidas cautelares del Tribunal de Reggio Calabria.
Banacol es el cuarto exportador de bananas colombianas, con sede en Medellín, en la región de Urabá, donde se cultiva la mayor parte del banano del país. Es una empresa enorme, con una escala enteramente privada en el puerto fluvial de Zungo y Antioquia, cerca de Turbo. Tiene también una estructura societaria especialmente compleja y en constante evolución, pero siempre caracterizada por el total secreto respecto de los accionistas de la empresa.
Lo cierto es que directivos de Banacol han tenido relaciones comprobadas con paramilitares de las AUC en el pasado, y que algunos contenedores con bananas enviados por la empresa en los últimos 14 años fueron incautados porque estaban llenos de cocaína, afirma IrpiMedia.