Los contratos millonarios de diputado del PC con el Estado

El 25 de mayo del 2021 el Ministerio del Interior a través de la Digefe renovó la habilitación de la empresa a su nombre.

Según la página de la Cámara de Representantes, Subí Chagas tiene un 100% de asistencias a las comisiones de la Cámara de Diputados pues asistió a las 7 convocatorias que se le realizaron y presentó un proyecto de ley.

Entre los organismos que contrataron con el diputado suplente se encuentran ministerios y otros organismos públicos, que no deberían desconocer, al igual que el diputado, lo establecido en el artículo 124 de la Constitución que expresa: "Los senadores y los representantes tampoco podrán durante su mandato:

1°) Intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contraten obras o suministros con el Estado, los gobiernos departamentales, entes autónomos, servicios descentralizados o cualquier otro órgano público.

2°) Tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la administración central, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados.

La inobservancia de lo preceptuado en este artículo importará la pérdida inmediata del cargo legislativo".

En su defensa, el diputado, que cuando se hizo pública esta información decidió renunciar a su banca, manifestó que había consultado a seis abogados distintos quienes le manifestaron que no violaba ninguna disposición constitucional o legal.

Sin embargo, a pesar de que el texto constitucional es claro, los abogados Martín Risso y Fulvio Gutiérrez fueron categóricos en afirmar que sí estaba violando lo dispuesto en el artículo 124.

Contratos millonarios

La última compra que el Estado hizo de los servicios de Boston Seguridad fue para UTE en Treinta y Tres para vigilancias de sus instalaciones, por un monto de $ 976.489 y la empresa fue la única ofertante de ese llamado del 25 de octubre.

El 15 de julio Boston ganó una licitación por US$ 3,9 millones de dólares para servicio de vigilancia de las subestaciones.

Desde que Subí Chagas asumió su banca, la empresa fue contratada por un total de $ 207.697.204 conveniando con UTE, Ministerio de Transporte, OSE, el Banco de Seguros del Estado y el Banco de Previsión Social.

Antel también contrató sus servicios para guardias de seguridad con porte de armas para sus locales por un valor de $ 48.814.030.

Antecedente

El 10 de abril la Junta de Transparencia y Ética Pública había dictaminado que el entonces diputado y actual subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, podría haber incurrido en la misma violación, pero la Jutep no tiene competencia para establecer sanciones.

Aunque el diputado Subí Chagas, como ya anunció, renunciaría a su banca, faltaría ver las responsabilidades de los directorios que avalaron el convenio.

Otros incumplimientos

Según hicieron saber a Caras y Caretas empresarios del rubro, la empresa Boston Seguridad no estaría cumpliendo con normativas que regulan el servicio de guardias privados.

Para nuestras fuentes, la Dirección General de Fiscalización de Empresas (Digefe) no estaría cumpliendo con los controles necesarios, que en el caso específico de las guardias armadas incluye la actualización de los cursos de tiro y manejo de armas, exámenes médicos, incluido el psicológico y la calidad y vigencia de los chalecos antibalas.

Las fuentes también señalan que los costos que permitieron a Boston Seguridad ganar muchas licitaciones fue posible por incumplimientos desde el punto de vista de la capacitación y de las relaciones laborales.

La capacitación de un guardia de seguridad, sea retirado militar o policial o civil, ronda en los $ 15.000; esto incluye el pago de los exámenes médicos, los cursos de tiro, la compra de chalecos habilitados y otros gastos. Si la empresa no corre con ese gasto, o alguno de esos elementos no se llevó a cabo, hay un abaratamiento de la oferta en la licitación.

Nuestras fuentes dicen haber conversado con empleados de Boston Seguridad que desconocían que debían realizar dichos cursos y exámenes.

El otro abaratamiento viene por el lado de la falta de controles del Ministerio de Trabajo, no solo en si los trabajadores están registrados, sino en el pago del laudo.

Mientras la hora de servicio se paga en un entorno de $ 290, en Boston se estaría pagando hasta un máximo de $ 130.

Las fuentes también denuncian que las personas que ejercen las responsabilidades de encargado de Seguridad de la empresa según el Decreto-Ley 19.721 que regula la seguridad privada, deben ser suboficiales del escalafón ejecutivo definido en la ley orgánica policial, en situación de retiro o del personal superior de las Fuerzas Armadas.

Una modificación a ese decreto de enero de 2022, pero que no se puso en práctica hasta junio de este año permitía, previa habilitación, la posibilidad de que fueran civiles.

En el lapso previo a la modificación y su entrada en vigencia, el encargado de seguridad de la empresa Boston no cumplía con las condiciones.

Según nuestras fuentes, hay unas 2.000 empresas de seguridad que reúnen a unos 25.000 trabajadores, pero los controles son débiles y hay mucha flexibilización en el uso de las normas.

Pocas explicaciones

Caras y Caretas intentó ponerse en contacto con el director de la Digefa, el comisario Hugo De León, pero como apareció involucrado en los chats de Astesiano se encuentra momentáneamente desvinculado de la dirección. Es oportuno recordar que no es posible precisar si la empresa de seguridad de Astesiano está dentro o fuera de las 2.000 empresas registradas.

Varios de los organismos consultados no podían brindar la información solicitada pues se pierden en un laberinto de divisiones y direcciones, pero quedaron en hacer alguna averiguación.

Un mensaje esperanzador

Entrevistado por la web salteña La Prensa, Subí Chagas, que se siente parte del elenco político, expresa sobre los temas de seguridad: “Nuestra generación tiene otros miedos. Cuando éramos chicos, ¿a quien le teníamos miedo? Al ‘viejo de la bolsa’, al linyera, al vago que no se bañaba y no trabajaba. ¿Hoy a quién le tenemos miedo? Al ‘guachito’ de 14 años que está sentado ahí afuera, que está todo el día sin hacer absolutamente nada, que con su gorrita se está fumando un porrito y una cajita de vino bajo el brazo; viendo... ‘mirá fulano qué auto que tiene, mirá el celular...’. Te pegan, te tiran al piso y te roban, chau, a eso le tenemos miedo hoy. ¿Y dónde termina esto? ¿Cuál es el final? O, mejor dicho, miremos el proceso de todo esto. ¿Qué posibilidad de cambio hay? ¿El ministerio está haciendo algo? ¿El Poder Judicial está haciendo algo? ¿Los políticos estamos haciendo algo? A corto plazo no veo que nadie esté haciendo nada. Hoy tenemos el problema del hurto, la rapiña... si el proceso sigue, también pueden llegar a Salto otros delitos como el secuestro exprés, la trata de blancas, más droga, etc. Yo no sé si Salto se va a escapar de eso”.