En aquella coyuntura, la crisis social era tan profunda que la creación de un Ministerio de Desarrollo Social para la puesta en marcha de planes sociales se convirtió en un buque insignia.
Pero como solo una visión miope de la condición humana puede ponerse a comparar si aquellos pobres eran más pobres que los de hoy, 20 años después, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, se encontrará con cientos de uruguayos y migrantes cuya posibilidad de sobrevivir a la insuficiencia alimentaria depende de la voluntad de los pocos estoicos que sostienen las ollas populares, y de los escombros que dejó el programa Uruguay Adelante, un clúster empresarial a modo de “damas rosadas” que desarmó la organización popular, hizo fabulosos negocios con la caridad y volvió alegremente, con el alma cristiana reconfortada, a sus oficinas comerciales. En 2023, la mediana del ingreso per cápita para un hogar del decil 10 (el más rico) fue de $95.843, mientras que para el decil 1 (el más pobre) fue de $10.057.
La ministra de Salud del Gobierno de Orsi, Cristina Lustemberg, por encima de su túnica de médica tendrá que ponerse el equipo de bombero. 20 % de los niños de hasta seis años están en la pobreza infantil y 9 % de los pobres tienen más de 65 años.
La niñez en nuestro país no posee credencial y no puede definir políticas poniendo listas electorales en las urnas, pero sus panzas hinchadas y su “colonización” del Hospital Pereira Rossell, sus bocas abiertas esperando alimento en los comedores barriales y escolares es la señal política más fuerte de injusticia que deja de herencia el Gobierno del saliente Luis Lacalle Pou.
El flamante ministro de Economía, Gabriel Oddone, no es necesario que nadie se lo explique, pero la peor herencia que el Gobierno saliente deja, a pesar de las prolijas gráficas, no es solamente el aumento de la pobreza, sino la enorme brecha de la desigualdad. Al tiempo que Arbeleche deja el Ministerio de Economía aumentando el tope de la deuda, la deuda externa en Uruguay en el primer trimestre de 2024 es el 72 % del PIB, y la neta del sector público es de 33.573 millones de dólares a marzo de este año.
El 10 % más rico de la población posee el 62 % de la riqueza neta total.
El 1 % más rico posee el 26 % de la riqueza neta total.
El 0,1 % más rico posee el 14 % de la riqueza neta total.
El 0,1 % de la población más rica tiene control sobre más de la mitad de la riqueza financiera y más del 90 % de la riqueza empresarial.
En cuanto a los ingresos, el 9 9% de la población uruguaya obtiene sus ingresos principalmente de salarios o jubilaciones. Solo los más ricos de ese 99 % obtienen un porcentaje de ingresos por capital cercano al 5 % de sus ingresos totales.
El escenario en el agro para el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, pone a prueba su vehemente temperamento. En el 2010 el 83 % de las hectáreas fueron compradas por extranjeros, en un proceso dinámico donde la compra de tierras ha permitido instalar reconocidas multinacionales que imponen sus límites de propiedad privada y sus condiciones de explotación de los suelos.
El sector vitivinícola pasa por una de sus peores crisis de rentabilidad y el endeudamiento de los pequeños productores resulta un panorama agobiante como el vivido previo al 2005.
Una vez más, el sistema financiero se impuso sobre el productivo, incluidos sus escándalos de desfalco, como los negociados de República Ganadera.
El Gobierno de Orsi prometió un fuerte impulso al sistema de riego en Uruguay, pero el endeudamiento de buena parte del sector productivo nacional y la desidia demostrada frente a los fenómenos de sequía de la actual Administración hacen del objetivo una quijotada.
Y hablando de sequía, ya pasamos a observar el “capricho” que implica seguramente el otorgamiento de beneficios a empresas privadas en el Proyecto Neptuno de Arazatí. Una pésima apuesta basada en la objetiva necesidad de suministrar agua potable, teniendo otras alternativas ya exploradas, como el proyecto Casupá.
Una definición tan importante, en un país que aún se puede jactar de sus recursos y reservas de agua dulce, no debió quedar en manos de opacos intereses de rentabilidad financiera. Un proyecto que implica la pérdida de tierras productivas por la construcción del lago y, lo que es peor, que ni siquiera sea la solución efectiva al acceso a volúmenes de agua con niveles de calidad para el consumo humano.
La ministra de Defensa, Sandra Lazo, en vez de asistir al pase del “sable de mando” de las nuevas autoridades militares, es recibida con la “botella de champagne” para romper sobre embarcaciones que aún no se sabe si serán construidas y cuyo financiamiento ameritaría una investigación, a esta altura, policial.
Las dos lanchas patrulleras, cuya construcción por el astillero Cardama insumió idas y venidas en todo el periodo de gobierno, fue uno de los escándalos internacionales sobre el cual la ministra Lazo tendrá que trabajar fuertemente y que implica la recuperación de la imagen de seriedad perdida por Uruguay en círculos militares internacionales.
Los escándalos más internos de denuncias de corrupción en Cantinas Militares, en la Fundación Fernández Enciso del Hospital Militar, las decenas de reclamos por acoso laboral y sexual y denuncias de espionaje a civiles son parte de la herencia que los ministros nacionalistas dejan al nuevo Gobierno.
Lazo deberá convivir con los grupos de retirados militares que ya empezaron su trabajo de zapa y desgaste para socavar la autoridad de la ministra que aún no asumió funciones.
El ex fiscal de Homicidios, Carlos Negro, como ministro del Interior recibe la herencia más pesada, si se quiere, en tanto el tema inseguridad copa la agenda de la ciudadanía; la violencia en las calles y la violencia intrafamiliar y de género lejos están de resolverse con talento, pero el reclamo de la población exige respuestas inmediatas.
Hablar del avance del crimen organizado es no decir nada si la apuesta sigue siendo únicamente el combate a su expresión más visible que es el microtráfico y la violencia en los barrios marginales.
No vamos a dar recetas, no nos corresponde, pero si no se supera la línea de gestión del actual Gobierno y no se fortalece la Junta de Transparencia, la Secretaria Contra el Lavado de Activos; si no se legisla para poder controlar a las empresas privadas, regular los lobbies empresariales, cambiar el “chip policial” de que ciudadanos que viven en Carrasco, Punta Gorda, Punta Carretas y Punta del Este también tienen apariencia delictiva, se espera más de lo mismo.
Auditorias
Los escándalos denunciados en la trama “Astesiano” imponen a varios ministros (en este caso las ministras Etcheverry y Cardona) el desbaratar la red de vínculos que quedó “activamente dormida” en los ministerios de Transporte y Obras Públicas y en el Ministerio de Industria, Energía y Minería.
La misma situación atraviesa el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, que deberá hacer un relevamiento de la “agrupación de personeros” instalados en Torre Ejecutiva, sin caer en la cacería de brujas, pero tampoco pecar de ingenuidad.
Los primeros meses del nuevo gobierno parecen estar signados por la necesidad de remover los escombros para que una nueva construcción sea posible.
