No se trata ya de seguir impulsando la teoría de los Dos Demonios (eso queda para los dirigentes de centro derecha), sino de calificar de “curro” las reparaciones pecuniarias de las víctimas del Terrorismo de Estado, debatir sobre la cantidad de detenidos desaparecidos y enmarcar la acciones terroristas del Estado gobernado por una dictadura cívica militar en un conflicto de carácter bélico.
Quienes se han encargado de su defensa han tenido poca visibilidad pública, quizás porque el amplio arco democrático no les ha generado el espacio suficiente para que defiendan (a pesar de los resquicios jurídicos), lo indefendible.
Tampoco llama la atención que algunas de las que ejerzan sus defensas porten apellidos fácilmente reconocibles con genocidas, como la Dra. Rossana Gavazzo y la Dra. Estela Arab, pero no estamos ante la actuación de abogados que en el ejercicio de su profesión venden su “alma al diablo”, asesorando asesinos, violadores o narcotraficantes.
Estamos ante leguleyos que piensan y perciben la realidad y los hechos históricos, como sus patrocinados.
La cruzada
El equipo de abogados que presenta el recurso ante el tribunal de la Haya esta “capitaneado” por el Dr. Rafael Ravera, el mismo que presentó una denuncia contra el Fiscal de Delitos de Lesa Humanidad, el Dr. Ricardo Perciballe y fue desestimada, aunque parece volverá a denunciarlo.
Ravera participó de una reunión con el Ministro García, el Presidente Lacalle y el senador Manini donde se valoró el tema, pero la decisión de presentar los recursos fueron de su sola iniciativa.
Ravera sostiene que esa fiscalía en particular y la Justicia, incluida la Suprema Corte de Justicia, están “politizadas”.
Ravera tiene unas cuentas pendientes con los miembros de la Corte; ante las insistentes maniobras dilatorias en los juicios, la Suprema Corte de Justicia sancionó a Ravera, Rossana Gavazzo y Graciela Figueredo con no poder cobrar sus honorarios por la realización sistemática de esta práctica, denominada como una “ilegítima estrategia”.
Abolengo desde la era del duque
El nombre de Rafael Ravera tiene un lazo histórico con la dictadura cívico militar; en 1976 un Rafael Ravera Giuria integró el Consejo de Estado, aquella fantochada de parlamento mientras se desarrollaba el exterminio de militantes de izquierda.
Rafael Ravera Giuria será uno de los tantos adherentes al régimen fascista italiano y organizadores de organizaciones políticas uruguayas con esa performance; dedicado al combate de los judíos que vendían mercaderías a domicilio escribía en el órgano de prensa “Corporaciones”, (1935-1938), voz política del movimiento Acción Revisionista del Uruguay (1937) del cual era fundador, estrechando el vínculo entre el judío con la prostitución y el tráfico de mujeres. “Al igual que otros miembros de la colectividad que practicaban la especulación y el comercio ambulante, el proxeneta, como el comerciante intermediador, no trabajaba, no producía. A los meses, el ambulante se hace “comerciante de firme”, y a los años “lo tenemos con casa propia, auto a la puerta y a los diez es ya un mayorista”.
Rafael Ravera Parietti
El actual paladín de los abogados que se presentan en la Haya es abogado especialista en Derecho Aduanero, formación obtenida en el Fundación Getulio Vargas Rio de Janeiro y su Especialidad es el Asesoramiento de empresas y derecho penal además de ser, piloto aviador.
Es además Accionista de “Gate Uruguay”, enclave Aduanero Paraguayo en Uruguay.
Gate Uruguay cumple las diferentes etapas de comercialización de un producto desde o hacia el exterior luego de su fabricación, siendo estas: negociación, venta, contratación de seguro, desarrollo logístico, despacho aduanero, seguimiento, distribución y dependiendo de las necesidades de la mercadería y el cliente el ingreso a zona franca para parcializar, almacenar o procesos de valor agregado.
Brinda asesoramiento integral en Comercio Exterior y Despacho Aduanero a pequeñas, medianas y grandes empresas, ofreciendo un servicio completo en el área de las compraventas internacionales.
No parece ser casual que otro Ravera, militante del Partido Colorado aspirada a ocupar la Dirección Nacional de Aduanas.
Sus acciones en defensa de los militares cuenta con el respaldo de Publicaciones como la web Patria Grande que dirige el Coronel ® Carlos Bruno y hay varios militares de Cabildo Abierto que adhieren a su causa.
Llama la atención que los cabildantes que han despotricado en contra de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por “injerencia” en nuestros asuntos internos, ahora apelen a un organismo internacional.
En el caso de pedido del apartamiento del Fiscal Perciballe, el Dr. Ravera y la Dra. Viviana Peña tuvieron el asesoramiento del diputado y abogado Eduardo Lust (ex Cabildo Abierto). “Me reuní con ellos y les ofrecí algunos fundamentos jurídicos y presentaciones ‘formales’ a las instituciones del gobierno en las que debían presentarse. La redacción final la hicieron abogados de familiares de los que están privados de libertad en la cárcel de Domingo Arena”, contó Lust.
Dr.Ravera ( Foto Desayunos Informales)
Cimientos de arena
Uno de los fundamentos para pedir el apartamiento de Perciballe fue “el hecho de tener parentesco directo por consanguinidad con una persona ‘víctima’ de aquellos a quienes se encarga de perseguir excluye la posibilidad de que el señor fiscal evalúe los asuntos de su competencia en forma objetiva e independiente; es lo que en psicología se da en llamar sesgos cognitivos, impulsores no conscientes que influyen en la forma de percibir las cosas y de tomar decisiones, principal peligro en las investigaciones fiscales”.
Si no fueran circunstancias trágicas seria risible; el mismo “sesgo cognitivo” es atribuible a las doctoras Gavazzo, Arab o al descendiente directo de quien impulso el fascismo en el Uruguay e integró el Consejo de Estado.
Pero para poder sostener que estos abogados están impregnados de “ese sesgo” que va más allá de la defensa jurídica, veamos como ejemplo, el fundamento dado por Ravera en la causa IUE 2-46577/2021 llevada a cabo en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de San José de 1º Turno contra Francisco Malacusso y Rubens Darío Francia por REITERADOS DELITOS DE PRIVACION DE LIBERTAD EN REITERACION REAL CON REITERADOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD CONTRA LOS DETENIDOS Y ESTOS EN CONCURSO FORMAL CON REITERADOS DELITOS DE LESIONES GRAVES, LOS ANTERIORES EN CONCURRENCIA FUERA DE LA REITERACIÓN CON REITERADOS DELITOS DE PRIVACION DE LIBERTAD EN CALIDAD DE COAUTORES, contra militantes de la UJC del departamento maragato.
Fundamenta Ravera: “Se condena militares por el hecho de pertenecer a la milicia, por los legajos imputando privación de libertad, inexistiendo nexo causal entre los hechos y los imputados. Para el caso de la privación ilícita de libertad no existe por la vigencia la ley de Seguridad del Estado sancionada en régimen democrático y el derecho no es laxo, no se divide en categorías. Para el caso de que existiera dicha privación de libertad, si no existiera la mencionada ley, no se puede imputar abuso de funciones porque un delito se da fuera de la función militar. Solo se cuenta con la declaración de víctimas. Los únicos indicios que surgen fueron de algunas víctimas que lo nombran por ser conocido y oriundo de la ciudad. Hay un contubernio claro de ser condescendientes, incluso con los testigos con denuncias en otros juzgados. No fueron probadas las lesiones, se presentó el testimonio de un perito que no conoce a las partes, que es partidario y fue detenido durante ese período como declaró. La ley de seguridad del Estado le confirió competencia a las FFAA encomendada para investigar la verdad, perseguir la sedición y a las organizaciones que mataron, robaron, crearon cárceles propias. ¿Hay quienes abusaron del poder? Si. Fueron todos los militares: No. La mayoría lo hizo dentro del ámbito constitucional, cumpliendo su labor como funcionarios públicos. Esta defensa entiende que no todos los militares intervinieron en la tortura y si todos los subversivos participaron con dolo en las organizaciones contra el Estado. La desviación en busca de un derecho procesal más laxo por la fiscalía de lesa humanidad falta a la garantía del debido proceso como lo han hecho los sediciosos”.
En causa también patrocinaron las Doctoras Rossana Gavazzo y Estela Arab; sus fundamentos sirvieron de elementos al Juez para dictar el procesamiento, ya que no son más que justificaciones al Terrorismo de Estado.
Como carne para chorizos
En breve son las elecciones de la Asociación de Abogados Penalistas, organización que viene realizando una cruzada contra las Fiscalías.
Por ser una entidad gremial, uno podría suponer que además acordar en una forma de gestión, debe existir una cierta afinidad política, que no es necesariamente partidaria, pero si quizás filosófica.
La diversidad que se encuentra en la lista 2024 que encabeza el Dr. Enrique Moller es llamativa; bajo su conducción vamos a encontrar como candidatos a gente que formó parte del gobierno de Mujica (que en el pasado cometió las "atrocidades" que dicen haber combatido los presos en domingo Arena) como el Dr. Homero Guerrero y su esposa, Laura Robatto, y la Dra. Rossana Gavazzo, hija del genocida de Estado ya fallecido y una de las sancionadas por la Suprema Corte de Justicia por presentar trabas a las violaciones cometidas a los derechos humanos.
Un listado sugestivo si se toma en cuenta que su lema es "Igualdad y Garantías".
