El presidente de la República, Yamandú Orsi, en su primer discurso ante un foro internacional regional, anunció un radical giro de la política exterior del Uruguay, reivindicando el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados contenido en la carta de la Organización de las Naciones Unidas y el verdadero concepto de libertad individual, que se desmarca claramente del sustentado en el gobierno anterior, que estaba únicamente atado a la libertad de mercado.
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La alocución, que Orsi pronunció en el marco la IX Cumbre de Jefes de Estado de la Celac), reunido en Honduras, marcó un nuevo mojón en la actual postura del país, que ya había sido anticipada por el Canciller de la República, Mario Lubetkin, cuando se expresó sobre la situación política de Venezuela y el conflicto de Medio Oriente. Como se recordará, en torno a la coyuntura de la hermana nación caribeña, el jerarca marcó una visión crítica respecto al gobierno de Nicolás Maduro y el proceso electoral, pero explicitó que Uruguay tampoco reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo, porque “no podemos ser la Corte Electoral de Venezuela. No somos quiénes para decir quien ganó. La cantidad de países que reconocen a González Urrutia no pasan de seis, en un total de 194 países de la ONU”.
Obviamente, cuando Orsi aludió al principio de no intervención en los asuntos internos de otros países, se refirió, aunque no lo explicitó, a la situación de Venezuela y su actitud fue firme en torno al estricto respeto del derecho internacional, a diferencia del gobierno de Luis Lacalle Pou que, sin evidencias ni pruebas, reconoció y hasta recibió a González Urrutia como presidente electo, naturalmente por un tema de afinidad ideológica y no por apego a los valores democráticos.
Naturalmente, el presidente uruguayo denunció -con energía- el criminal bloqueo que ha padecido Cuba durante más de sesenta años por parte de los Estados Unidos y reivindicó el derecho de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Con estas dos proclamas puso también distancia con la administración que gobernó Uruguay hasta el 28 de febrero. Obviamente, ambos pronunciamientos sitúan al gobierno del Frente Amplio en la vereda de enfrente de los intereses hegemónicos e imperialistas de la Casa Blanca y de Gran Bretaña, luego que, en junio de 1982, la armada británica recuperó el control del archipiélago que había sido ocupado dos meses antes por militares argentinos.
En el decurso de su mensaje, Orsi recalcó que la “democracia no es sólo un acto eleccionario, porque perdura y adquiere sentido cuando es capaz de asegurar a su gente condiciones esenciales de trabajo, alimentación, salud, seguridad, recreación y cultura”.
En otro orden, también defendió que la Celac coopere para la “construcción de mayores espacios de libertad, otra condición intrínseca de la democracia y una condición esencial en nuestra visión del ser humano”.
En ese contexto, proclamó que “la libertad individual en la que creemos se basa en la convivencia y en la igualdad de oportunidades en los aspectos esenciales de la vida. La noción de libertad que defendemos va de la mano con nuestro compromiso colectivo de hacerlo”, aseguró.
En estos dos párrafos, hay varias reflexiones para formular. Una de ellas refiere a que la democracia no se agota en el mero ejercicio del voto, que es la libérrima expresión de la voluntad ciudadana, donde precisamente reside la soberanía popular. Sin embargo, el acto de sufragar, que puede ser mecánico, es también una suerte de compromiso ética, que debe proyectarse todos los días y a todos los ámbitos de la sociedad, porque no existe libertad real sin equidad social y sin igualdad de oportunidades.
Esta proclama sintoniza perfectamente con lo expresado por Orsi en sus actos de campaña, en el primer mensaje pronunciado como presidente electo y en su alocución en el Palacio Legislativo, tras recibir la banda presidencial que lo ungió como jefe de Estado hasta el 28 de febrero de 2030. En efecto, en todas esas ocasiones,
Orsi y su voluntad para que "nadie quede rezagado"
Orsi anunció su voluntad de trabajar para que “nadie quede rezagado”, en alusión a los casi 350.000 pobres y los más de 4.000 uruguayos en situación de calle originados por las políticas excluyentes aplicadas por la Coalición Republicana encabezada por el Partido Nacional.
Por supuesto, también se refirió, sin mencionarlos, a los 550.000 trabajadores que cobran menos de 25.000 pesos líquidos y a los jubilados que perciben pasividades deprimidas, quienes serán atendidos en forma prioritaria por el gobierno de izquierda.
Si la libertad no va a acompañada de justicia social y de redistribución de la riqueza, es meramente cosmética y es un concepto vacío de contenido. La libertad, que es el primer derecho humano consagrado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por la Constitución de la República, sólo se sostiene, aunque parezca redundante, en el pleno ejerció de los derechos ciudadanos: el derecho a la salud, el derecho a un trabajo de calidad y bien remunerado, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la igualdad de género y, en síntesis, el derecho a una vida digna y sin privaciones, sin restricciones ni cortapisas. Es, también, el derecho a tomar decisiones, con plena autonomía. Lo contrario es un concepto vacío y meramente simbólico, que proclama a la libertad no como un derecho sino como una mera entelequia. Esa es la libertad restrictiva, que no incluye a los pobres, a los desamparados, a los marginados y a los postergados.
Es la apócrifa “libertad responsable” sostenida como enunciado pero también como dogma por la derecha uruguaya, para la cual la única libertad válida es la libertad de mercado y la libertad de la clase dominante propietaria de los medios de producción, que ejerce, sin restricciones, la potestad de apropiarse de la mayor porción de la riqueza producida por los trabajadores uruguayos. Es también la libertad del poder económico a explotar a sus empleados como fuerza de trabajo y es la libertad de las elites sociales a gozar de privilegios inaccesibles para la mayoría de los uruguayos.
Con respecto a la violencia, que impacta en forma trasversal a las sociedades de todos los países del continente, el orador abogó por la recuperación de “la paz hacia el interior de nuestras sociedades”. Al respecto, deploró el aumento de la inseguridad ciudadana, lo cual, a su juicio, “responde a diversas causas estructurales, como la falta de oportunidades, la presencia del crimen organizado y el narcotráfico”. Si bien la criminalidad azota a toda la región con diferente rigor en función de la singularidad de cada nación, es insoslayable reflexionar sobre sus graves consecuencias, pero también sobre sus causas, que en muchos casos están concatenadas con problemas sociales de larga data. Esta proclama del presidente uruguayo cierre perfectamente con el propósito de su gobierno de, tal cual lo ha expresado reiteradamente, combatir el delito pero también las causas del delito, titánica tarea que requiere un abordaje multicausal. No en vano, la mano de obra barata del microtráfico y eventualmente del sicariato procede casi siempre de los estratos sociales más deprimidos y más del noventa por ciento de las personas privadas de libertad son jóvenes y pobres. Incluso, Uruguay es el país con la tasa más alta de presos de la región en proporción a su población. Es obvio que sólo con represión no se soluciona ni minimiza el problema.
El discurso de Yamandú Orsi marcó un giro radical en materia de política exterior, consecuente con el programa del Frente Amplio y con el propósito, en el ámbito doméstico, de profundizar la democracia mediante una batería de medidas que comiencen a revertir el estatus de desigualdad instalado por el gobierno anterior, para que la libertad individual recupere su sentido.