Novedoso" pedido de indemnización complica un acuerdo con Tarocco

Según pudo conocer Caras y Caretas, una vez que llegó el mensaje, el abogado denunció la amenaza y con el número del celular registrado el fiscal Diego Pérez inició la investigación, y así la policía pudo identificar al autor. “Está previsto citar a más personas a la fiscalía”, dijo una fuente consultada, quien agregó que se intentará llegar a quién respondía el policía jubilado ya imputado. El imputado por el delito de violencia privada ocupaba el cargo de chofer de jerarcas policiales, pero se desconoce con exactitud por qué envió el mensaje amenazante y bajo las órdenes de quién actuó. El expolicía fue formalizado con prisión domiciliaria a comienzos de diciembre y además se encuentra con medidas de restricción para no acercarse ni al abogado de Tarocco ni a la secretaria del profesional.

La causa de la amenaza a la defensa de Tarocco es una derivada de la causa madre que tiene como centro la formalización y la prisión preventiva del exdirector del Comcar. El 10 de octubre pasado, la fiscal Alicia Ghione comunicó que el senador del Partido Nacional fue imputado de 22 delitos, entre ellos, explotación sexual de menores. También divulgó que se había detenido al director del Comcar por colaborar, presuntamente, con Penadés en la identificación de sus víctimas. El policía apenas detenido, a quien la fiscal se refirió públicamente, es Carlos Tarocco, quien, hasta ahora, es la única persona del entorno del senador blanco, imputado y formalizado con prisión efectiva.

La investigación se inició porque un grupo de personas, entre las que se encontraba el exdirector del Comcar, procuraron identificar a las víctimas denunciantes de Penadés. De hecho, el 19 de diciembre fueron condenadas mediante juicio abreviado cinco personas que se reunieron para colaborar con Penadés en la identificación de las víctimas. La jueza Marcela Vargas, como informó Caras y Caretas, condenó a dos miembros de la Policía y a otros tres civiles, entre los que se encuentra un funcionario del Parlamento y del Parlamento del Mercosur. En la audiencia, a instancias del Consultorio Jurídico que defiende a las víctimas que denunciaron a Penadés, también se alcanzó otro acuerdo para el pago de una reparación económica a las víctimas, como establece para ciertos delitos la Ley de Violencia Basada en Género.

Los cinco hombres condenados en diciembre vía juicio abreviado admitieron los delitos imputados por la fiscal Ghione: cohecho en el caso de los funcionarios públicos, tráfico de influencias y asociación para delinquir. En principio, la jueza Marcela Vargas se mostró sorprendida y dijo que sería novedoso asociar esos delitos con la Ley de Violencia Basada en Género para que los imputados indeminicen a las víctimas, porque esos delitos no están incluidos en la misma. De igual manera, minutos después la jueza Vargas se avino al pedido de la defensa de las víctimas representadas por el Consultorio de la Udelar para que obtuvieran la reparación establecida en el artículo 80 de la ley 19.580.

Los cinco imputados deberán pagar 12 salarios mínimos a los denunciantes, una vez que finalice el juicio del histórico senador. Además de ellos, otros dos funcionarios de la Corte Electoral de filiación blanca, Graciela Del Vecchio y Horacio Tejera, también declararon en Fiscalía por prestar colaboración con el senador formalizado. El rol de ambos se conoce desde octubre pasado. Sin embargo, la fiscal Ghione aún no pidió la formalización de Del Vecchio y Tejera. Esta semana el periodista Diego Martini Lemos informó que la Corte Electoral respondió un pedido de informes del Frente Amplio acerca de los funcionarios del organismo que formaban parte de la trama de colaboradores de Penadés. En tanto, para la indemnización que los imputados deberán pagar a las víctimas –si el criterio es el mismo para todos los colaboradores–, luego de finalizada la investigación se conocerá a cuántos de los 11 denunciantes deberá pagárseles, porque se tendrá que conocer cuántos del universo original quedan en pie, teniendo en cuenta que hay hechos que pueden estar prescritos.

En este marco, el exdirector del Comcar, Carlos Tarocco, aguarda a la segunda semana de febrero, cuando está previsto se revise la medida cautelar dispuesta. En principio, según pudo conocer Caras y Caretas, habrá una audiencia que resolverá prorrogar la medida de prisión preventiva, pero también la audiencia puede definir modificaciones a la medida dispuesta desde octubre pasado.

Entre los cinco formalizados de diciembre pasado se encuentra, como ya informáramos, Diego Cuiñas, “que es quien organizó toda la red de colaboradores”, dijo una fuente de la investigación consultada por este medio. Agregó que “Penadés y Tarocco no se conocen” y que “Tarocco accedió al pedido que se le hizo –de tratar de identificar a los denunciantes de Penadés– porque Cuiñas así se lo pidió”. Caras y Caretas pudo saber que existe la posibilidad de que el exdirector del Comcar llegue a un acuerdo con la fiscal Alicia Ghione para alcanzar un juicio abreviado. El punto estará –según la información recabada– en la indemnización a las víctimas con 12 salarios mínimos como establece la Ley de Violencia Basada en Género, aunque no incluya el delito de cohecho que es por el que se le formalizó. “Si tiene que pagar por cada víctima no podrá”, dijo una fuente consultada.

Ahora bien, una vez que Tarocco accedió al pedido del exintegrante del Parlasur, Diego Cuiñas, para intentar conocer la identidad de las víctimas de Penadés, Caras y Caretas consultó si efectivamente alcanzó a saber quiénes eran los denunciantes de Penadés. ¿Efectivamente las víctimas de Penadés fueron identificadas y ubicadas por parte de los colaboradores? Según fuentes involucradas con la investigación, Tarocco nunca alcanzó a saber quiénes eran los denunciantes del exsenador del Partido Nacional. “Accedió al pedido de Cuiñas pero finalmente nunca supo la identidad de las víctimas”. Las fuentes consultadas agregaron que el punto está en saber cómo, entonces, Tarocco utilizó la información sobre las víctimas que la Fiscalía señala que obtuvo, si nunca llegó a saber quiénes son los denunciantes.