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Política ley | BHU | Echevarría

en oposición

Para presidenta del BHU, la Ley de Vivienda Turística "coarta la libertad"

Casilda Echevarría sostiene que ley impulsada por colectivo turístico empresarial genera el antecedente de "gobernar en favor de grupos con llegada al poder".

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La presidenta del Bancho Hipotecario del Uruguay (BHU), Casilda Echeverría, se expresó este jueves en contra del proyecto de ley de Vivienda Turística, el cual ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. Para la jerarca, el proyecto es "otro resultado de la manía regulatoria que coarta la libertad".

El proyecto de ley establece un marco general para las actividades de alojamiento turístico en viviendas particulares. En ese sentido, prevé que los inmuebles que brinden alojamiento por día y acumulen arrendamientos superiores a los 120 días en el año sean considerados como un prestador turístico.

Además, los responsables de esos inmuebles deberán informar de manera obligatoria al Ministerio del Interior la identidad de las personas que se alojen en la vivienda.

Por otro lado, el Colectivo de Turismo y Empresarial de Maldonado emitió un comunicado este lunes 26 de agosto en el que expresa la "urgente necesidad" de que la Cámara de Diputados apruebe en setiembre la ley.

La industria del turismo espera un tratamiento inmediato de la mencionada norma de modo que pueda llegar a ser puesta en práctica a la brevedad”, exige el comunicado firmado por Florencia Sáder (presidenta Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este); Rolando Rozenblum (presidente Cámara Empresarial del Departamento de Maldonado); Javier Sena (presidente Cámara Inmobiliaria de Punta del Este-Maldonado); Sebastián Freire (presidente Corporación Gastronómica de Punta del Este); Analía Suárez (presidenta Centro de Hoteles de Punta del Este); y Héctor Castro (presidente Consorcio Grupo Puerto).

Volviendo a Echevarría, la jerarca del BHU considera que le ley "no defiende el interés general en absoluto, sino de un grupo de presión que pretende evitar la competencia".

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Para Echevarría, la ley contraviene la disposición Constitucional que defiende el derecho al trabajo, a la vez que "genera un pésimo antecedente de gobernar en favor de grupos con llegada al poder".

"Todas estas iniciativas en relación a los operadores inmobiliarios, con regulación focalizada a proteger los intereses de unos y violar los derechos de otros son una práctica contra la competencia sana del mercado inmobiliario", agregó.

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