Privatización encubierta y su crítico impacto en las empresas públicas

Salvador Sprovieri describió la situación de Ancap y destacó que la empresa ha sido golpeada desde varios frentes. Subrayó que las nuevas formas de privatización se manifiestan en la asociación con el sector privado y en la falta de inversión y personal. Estas acciones debilitan el papel de la empresa pública, allanando el camino hacia una eventual privatización. Además, mencionó la falta de inversión en infraestructura y la restricción en la contratación de personal como dos grandes problemas que afectan no solo a Ancap, sino a varias empresas públicas. Según Sprovieri, estos hechos reflejan una clara intención de disminuir el rol estatal en sectores estratégicos para favorecer al sector privado.

En cuanto a la eficiencia de Ancap, Sprovieri defendió que, si bien la empresa debe ser eficaz, no puede medirse solo bajo criterios de rentabilidad privada. Ancap, como empresa estatal, tiene la obligación de generar beneficios sociales más allá de los puramente económicos, como la transferencia de recursos al Estado para inversiones públicas. Criticó que la gestión actual no ha sido eficiente y resaltó el problema de las tercerizaciones, que incrementan los costos al Estado mientras se precarizan las condiciones laborales de muchos trabajadores.

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Salvador Sprovieri y Gabriel Molina junto a Enrique Ortega Salinas en el programa "Palabras prohibidas".

Foto: Alexander Laluz

Antel: un gigante que pierde terreno

Gabriel Molina, por su parte, centró su intervención en la situación de Antel y destacó el desmantelamiento gradual de su capacidad operativa a favor de la competencia privada. Molina criticó duramente la gestión del presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, y de Mercedes Aramendía, presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), por su pasado en empresas competidoras. Afirmó que estos actores han facilitado el acceso de la competencia a recursos y tecnología desarrollados por Antel, debilitando la posición de la empresa estatal en el mercado.

Molina también denunció que, si bien en el pasado se defendió con éxito a las empresas públicas de intentos de privatización, el gobierno de Luis Lacalle Pou ha implementado un plan más "simpático" y silencioso para debilitar a estas entidades estratégicas. Un ejemplo claro de este proceso fue la salida de Antel de la generación de contenidos, un área en la que había sido pionera. Sin embargo, irónicamente, la empresa tuvo que volver a firmar acuerdos para ofrecer servicios de contenidos, como los contratos con Disney+ y Star+.

Molina subrayó el rol de Antel en el desarrollo de Uruguay como un país líder en telecomunicaciones, especialmente en la instalación de la fibra óptica, lo que permitió que el país tuviera uno de los mejores niveles de conectividad a nivel mundial. A pesar de este logro, criticó las decisiones del gobierno actual, que parecen orientadas a desmantelar esa ventaja competitiva.

Tanto Sprovieri como Molina coincidieron en que las políticas actuales ponen en riesgo la soberanía del país en sectores como las telecomunicaciones y los combustibles, y advirtieron sobre las consecuencias de seguir debilitando a las empresas públicas. Concluyeron que es esencial continuar defendiendo el papel del Estado en estas áreas imprescindibles para el desarrollo del país.