Riqueza sin derrame: hay 350.000 uruguayos pobres

De acuerdo al reporte del INE, el índice de pobreza de 2022 se situó en 9,9 %, experimentando un leve descenso de menos de un punto porcentual. Concretamente, equivale a siete décimas con respecto a idéntico período de 2021, cuando alcanzaba al 10,6%.

Si bien se mantiene la tendencia a la baja desde el pico de 2020 -cuando la pobreza alcanzó al 11,6%-, el guarismo se redujo en tres años en apenas algo más de un punto y medio, lo cual supone que la situación de vastos sectores de la población sigue siendo crítica.

Aunque hay algunos números relativamente auspiciosos analizando la problemática por tramo de edad, la pobreza aumentó, sí, en la franja etaria hasta 6 años, ubicándose en el 19,7%, contra el 18,6% que registró 2021.

En ese contexto, lo más inquietante es cómo impactó este flagelo en los tramos de menores de 17 años a nivel trianual. En este caso, el salto relevante se registró en 2020 y el declive registrado en 2021 y 2022 no llegó compensar el problema. En efecto, sumando la población hasta esa edad, hay 150.000 niñas, niños y adolescentes en esa dramática situación, lo cual supone más de 12.000 con respecto a 2019, según los cálculos del exsenador y economista Daniel Olesker. Nadie ha desmentido este análisis porque es realmente irrefutable.

Como es notorio y avalado por rigurosos estudios científicos, la malnutrición, particularmente en niños y niñas, perjudica el desarrollo cerebral y repercute en los aprendizajes, debilita el sistema inmunitario, aumenta el riesgo de infecciones y, en muchos casos, deviene en la muerte.

Luego de tres años de gobierno con tasas promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto de 3% y un pico de 4,9% en 2022, hay 42.000 personas pobres más que en 2019, 350.000 personas que sobreviven bajo la línea de pobreza y todos los indicadores de desigualdad han empeorado.

Es decir, ciertamente no hay nada para festejar, tomando en cuenta que los montos de ingreso para medir la tasa de personas carenciadas que sobreviven en condiciones indignas no han sido convenientemente actualizados.

En efecto, es inverosímil que el monto de ingreso por persona para ser considerado pobre esté actualmente en el entorno de los $ 18.759 pesos en Montevideo, $ 12.244 en el interior urbano y $ 8.353 en el interior rural.

Calculando los valores promedio de mercado, una persona que ingiera únicamente pastas secas con manteca todos los días y una taza de leche con pan en el desayuno, debería gastar no menos de $ 11.000 pesos mensuales, a lo cual se suma, si arrienda una vivienda, un desembolso de no menos de 12.000 o 13.000 pesos por un espacio ambiental modesto, más el consumo de artículos de limpieza, luz, agua y una carga mínima de teléfono celular. Si en cambio alquila una pieza de pensión con baño compartido, deberá abonar no menos de 10.000 pesos. Es decir, percibiendo un ingreso del entorno de los 18.700 pesos mensuales, la persona no podría cubrir ni siquiera las necesidades básicas.

En estos casos, la disyuntiva sería: o la persona come todos los días y vive en situación de calle o se asegura su techo -de vivienda o pensión- y se alimenta directamente en una olla popular o en un comedor del INDA.

Incluso, si el infortunado uruguayo supera los $ 18.759 de ingreso, insólitamente deja de ser estadísticamente pobre, por más que coma salteado, vegete en un asentamiento irregular, una vivienda modesta o una pensión.

Esa es la realidad dura y pura que se niega a admitir el gobierno, que se golpea el pecho proclamando que la situación social está mejorando, aunque alega que aún existe un núcleo duro de miseria que requerirá la ampliación de la batería asistencial que desarrolla el Estado a través del Ministerio de Desarrollo Social.

Naturalmente, la excusa más frecuente es la presunta herencia maldita de la última administración frentista y la pandemia, que solo tuvo semiparalizado al país durante 2020.

El primer pretexto carece de sustento porque en el epílogo del ciclo progresista no había ollas populares funcionando y los comedores y merenderos del INDA estaban escasamente operativos por falta de comensales.

Actualmente, y puedo decirlo con propiedad porque un comedor funciona apenas a dos cuadras de mi casa, todavía se observan colas de dos o tres cuadras a la hora que entregan los menús. Incluso es habitual que algunas personas que concurren a estos locales vistan ropas muy decorosas, inequívoco testimonio de que trabajan y por ende tienen ingresos, pero lo que reciben mensualmente no les alcanza para cubrir sus necesidades, aunque perciban más de lo que la estadística establece.

Por más que existe un núcleo duro de pobreza que está estancado desde hace décadas en 5%, el abordaje de este traumático tema en los gobiernos del Frente Amplio fue radicalmente diferente a las políticas asistenciales que se aplican en el presente.

No en vano, cuando en 2005 asumió la primera administración frentista encabezada por Tabaré Vázquez, la tasa de pobreza se ubicaba en casi 40% (1.200.000 personas), lo cual requirió la creación del Ministerio de Desarrollo Social y del Plan Nacional de Asistencia a la Emergencia Social (Panes).

Ulteriormente y gracias a las bien articuladas y financiadas políticas sociales, en 2010, apenas cinco años después, la tasa descendió a 18,5% (menos de la mitad) y en 2015 -año del piso de ese indicador- los pobres eran 6,4% de la población.

Es decir, que en apenas 10 años, las políticas sociales activas de los gobiernos progresistas redujeron ese guarismo espeluznante heredado de los contubernios de derecha blanquicolorados a la sexta parte. Aunque luego ese indicador aumentó a 7,9% en 2017 y a 8,8% en 2019, las diferencias son notorias.

Tabaré Vázquez entregó el gobierno a Luis Lacalle Pou con menos de la cuarta parte de la tasa de pobreza que heredó de cuatro gobiernos consecutivos de derecha, luego de la eclosión de la devastadora crisis de 2002.

Realmente es bochornoso que con un crecimiento de la economía de casi 5%, aún haya más de 42.000 pobres más que en 2019 y 350.000 uruguayos viviendo en condiciones infrahumanas, a los cuales se suma un persistente rezago salarial de 3,7%. Evidentemente, la mentada teoría del derrame de riqueza tan pregonada por este gobierno neoliberal ortodoxo es una burda farsa.