Uno de los principales focos de crítica se centró en la legalidad de la resolución. La reforma de la Seguridad Social aprobada en 2023 dispuso que, una vez renovado el Directorio tras las elecciones de fines de 2025, los cargos pasarían a ser honorarios. A ello se sumaron observaciones basadas en el reglamento interno del organismo, que prohíbe a los directores intervenir en asuntos en los que tengan un interés personal directo.
Los votos a favor incluyeron a los representantes del Poder Ejecutivo, la economista María Noel Sanguinetti y el abogado Gustavo Rodríguez Azcué, además de Fernando Rodríguez Sanguinetti y Odel Abisab. En contra se pronunciaron el presidente de la Caja, Daniel Alza, y la vicepresidenta, Virginia Romero. El director, Blauco Rodríguez, representante de los activos, estuvo ausente y luego solicitó la nulidad de la resolución.
El martes 20, pocos días después de la votación, Sanguinetti y Rodríguez Azcué presentaron su renuncia. En una carta dirigida al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, Sanguinetti sostuvo que su actuación se había realizado bajo la “sugerencia directa” de autoridades ministeriales. Castillo negó públicamente esa versión y aseguró que no se había indicado ningún monto ni instruido votar a favor de la partida.
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, también manifestó su sorpresa y afirmó que ni él, ni el presidente Yamandú Orsi ni el propio Castillo estaban al tanto de la votación. Desde el Ministerio de Trabajo se indicó que, una vez votada la impugnación de la resolución, ésta quedaría automáticamente sin efecto, dando por cerrado el asunto.
Sin embargo, en diálogo con Caras y Caretas, Gustavo Rodríguez Azcué afirmó que la explicación oficial omitió elementos centrales del proceso previo y del marco conceptual en el que se discutió el tema.
Para cualquier profesional, ser cuestionado públicamente no debe ser agradable. ¿Cómo ha procesado personal y profesionalmente esta situación?
Me preguntaban si estaba triste y yo creo que no, que estoy como decepcionado o desencantado... Si miramos lo que fue todo este año, desde que asumimos con María Noel, lo hicimos con una responsabilidad y un profesionalismo totales. Desde la primera reunión con el equipo técnico para pensar las bases de la ley de salvataje, hasta el trámite parlamentario y los contactos con el Ejecutivo y las comisiones de Diputados y Senadores. Hablamos de gestionar una institución de seguridad social muy compleja que paga jubilaciones mensuales de 45 millones de dólares. Son 500 millones al año para asegurar a 15.000 jubilados y 5.000 pensionistas, con aportes de 62.000 activos. Cuando llegamos, una institución que tuvo autonomía financiera por 70 años estaba en cesación de pagos. En julio se llegaron a pagar jubilaciones en dos etapas por falta de liquidez. Convivimos con ese "trago amargo" junto a gerentes que estaban muy desanimados por la incertidumbre sobre el futuro de su fuente de trabajo. En esas condiciones con María Noel poco a poco fuimos ocupando los espacios propios de directores, de directores comprometidos. La caja funciona en base a comisiones, por ejemplo la de prestaciones que se realiza todas las semanas, tiene que ver con el estudio de situaciones que están en el limbo, de profesionales que declaran no ejercicio y que, sin embargo, desarrollan una actividad muy parecida a la profesional a través de empresas unipersonales, etcétera. Entonces, hay que definir una serie de criterios en una realidad que no la podés reducir a reglas, porque no hay regla que te diga qué hacer cuando un profesional se jubila y se mantiene como socio sin remuneración, pero resulta que él es el único profesional de una veterinaria, o de una casa de venta de artículos del agro, o de una empresa que construye. Es decir, hay que involucrarse directamente en la gestión con los gerentes de la Caja. También estuvimos en la Comisión del Artículo 71, que estudia todo lo relacionado con timbres profesionales, desde una placa dental hasta honorarios de abogados. Fue una tarea titánica generar insumos para el directorio y la comisión de expertos. Por su parte, María Noel hizo una gestión impresionante en cálculos actuariales. Ella es profesora de esa materia en la Facultad de Ciencias Económicas, y su conocimiento metodológico le permitía poner en jaque a los expertos que venían con proyecciones a 50 años basadas en supuestos macroeconómicos y demográficos. Para mí, que soy abogado, su presencia fue fundamental para comprender esa complejidad.
Entiendo que ese nivel de detalle técnico justifica una labor de tiempo completo. Sin embargo, el punto de quiebre mediático ha sido el tema de los viáticos. Si la Ley 20.130 de 2023 establecía que los cargos serían honorarios a partir de la próxima administración, ¿por qué se propuso una partida indemnizatoria ahora?
En ese sentido es importante aclarar que en el proyecto de ley de salvataje de la Caja que el Ejecutivo elevó al Parlamento en abril de 2023, yo mismo redacté el Artículo 17 y después Economía le hizo algunos ajustes. Allí se establecía que, sin perjuicio del carácter honorario de los cargos, el Poder Ejecutivo proveería de viáticos para el mejor desempeño de la función. El concepto de viático es un reintegro de gastos, alimentación, traslado, vestimenta. El presidente y el Consejo de Ministros firmaron eso; por eso me extraña que ahora se hable de "sorpresa". Reitero, el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros aceptó la idea de que, más allá del carácter honorario de los cargos, era viable o procedía el pago de algún tipo de viático, de compensación. Estábamos de acuerdo en este punto de que una cosa es si tú asumís el cargo en forma simbólica, sin ningún compromiso, sin ninguna responsabilidad y sin ninguna dedicación, si vas a tomar café a las dos y media de la tarde, pero otra cosa es si tú te lo tomás en serio, es un cargo que implica una dedicación full-time. Tenés que estudiar los temas. El estudio significa buscar fuentes, buscar otras opiniones, buscar otros informes, leer libros, revistas, etcétera. Entonces, claro, depende de cómo asumas la responsabilidad.
Usted plantea una distinción semántica y jurídica sobre el término "honorario". ¿Sostiene que existe una contradicción constitucional entre la responsabilidad civil que se les exige y la ausencia de una remuneración?
Exactamente. Si miramos el diccionario de la RAE, la acepción de "honorario" no significa necesariamente "sin remuneración". De hecho, la cuarta y quinta acepción hablan de "sueldo de honor" o "importe de servicios profesionales", y lo que cobramos los profesionales por servicio profesional se llama honorarios. Después, las acepciones una, dos y tres no tienen nada que ver con el carácter remunerado o no del cargo. Por ejemplo, la acepción uno significa que sirve para honrar a alguien, sinónimo: honorífico. En esta acepción podríamos poner, por ejemplo, las universidades en Latinoamérica; es muy común que declaren "Doctor Honoris Causa", por ejemplo, a grandes personalidades. Y eso no significa que sea un cargo rentado, son cargos simbólicos. La acepción dos dice "dicho de un título o cargo que se tiene con los honores, pero sin la responsabilidad ni funciones efectivas que conllevan". Es decir, tendría que ser sin las responsabilidades y funciones que conlleva el cargo.
Pero lo más grave es lo jurídico. La Ley 20.130, en su artículo 266, les atribuye a los directores de la Caja una responsabilidad superior a la que le exige al resto de los funcionarios públicos. La Constitución en el artículo 25 establece que el Estado podrá accionar contra los funcionarios que en ocasión de su ejercicio de la función pública genere daños a terceros… El funcionario responde en caso de culpa grave o dolo, eso corre para todos los funcionarios públicos del Uruguay. Sin embargo, el artículo 266 eleva ese rango de responsabilidades para los directores de la Caja. No se sabe por qué razón los directores de la Caja, junto con los directores de la Caja Bancaria y de la Caja Notarial, que son personas de derecho público no estatal, tienen este grado de responsabilidad superior al de los otros funcionarios y los equipara a la figura de los “fiduciarios”, que los fiduciarios es una figura típica de derecho comercial. Son administradores de fondos; los fiduciarios financieros, por ejemplo el caso de las AFAP, de las administradoras de fondos de ahorro de los trabajadores, son, digamos, figuras a quienes se les exige un estándar jurídico muy elevado. Entonces es disparatado que a los directores de la Caja, de todas las Cajas Paraestatales, se les exija una responsabilidad más elevada que la de los funcionarios públicos y al mismo tiempo se les consagre el carácter “honorario” en el sentido en que lo interpreta el Parlamento; los legisladores que están cuestionando esto interpretan que “honorario” significa sin derecho a remuneración. Es decir, por una parte te atribuyen las más altas responsabilidades civiles, penales, administrativas y políticas, y por otra parte te dejan sin ningún derecho. Es decir, al no tener derecho a una remuneración, no tenés acceso a ninguno de los derechos derivados de las relaciones laborales: la licencia, el derecho a que te paguen horas extras, derecho a que te paguen la asistencia médica, aportes a la seguridad social, no computa para los efectos jubilatorios esos años que cumplas servicio. Es una situación que viola flagrantemente el principio que está consagrado en el artículo 8 de la Constitución, que es el principio de igualdad.
Desde el Ministerio de Trabajo han declarado sentirse "sorprendidos" por la resolución del Directorio. ¿Hubo realmente una falta de comunicación?
Estaba prevista la necesidad de algún mecanismo de compensación o de viático. Eso ya fue aceptado por el Consejo de Ministros. Lo que dice el Ministerio de Trabajo de que no se habló de montos, eso es correcto. Pero nosotros teníamos el encuadre, el marco. ¿Cuál era el marco? Este viático no podía significar el mismo costo que las remuneraciones y todos los costos asociados a una remuneración, es decir, los aportes patronales, etcétera, que tuvieron para los directores durante el ejercicio 2025. Nosotros pedimos información a los servicios y, haciendo un promedio… porque el presidente de la Caja gana un poquito más, y el secretario también por la función de secretario gana un poquito más. Pero si promediáramos todos los ingresos de los siete directores durante el ejercicio 20-25, daba un promedio de 270.000 pesos que le costó a la Caja. Por supuesto que no era lo que percibía cada director en la mano, es muchísimo menos de la mitad lo que se percibía por la mano, no más de 118.000 pesos, algo así. Entonces se fijó en un 50 % de esa cifra como partida indemnizatoria que fuera voluntaria y que fuera por cargo. Es decir, tú tenés un suplente, tú pedís licencia o avisás que una sesión no vas a concurrir, convocan al suplente y ese viático tendría que ser compartido con el suplente. Esa era la idea. De lo que no estaba informado exactamente el Ministerio de Trabajo era del monto, pero sí el concepto fue impartido por el Ministerio de Trabajo. El concepto era que ese viático o esa partida remuneratoria fuera de menor costo a lo que significó el costo salarial de cada director durante el 2025. Y bueno, se estableció en un 50 %.
Ante el escenario y la inminente reconsideración de la medida en el Directorio, ¿por qué deciden presentar la renuncia faltando tan pocos días para que termine su mandato de forma natural?
Bueno, eso fue algo que nos dolió particularmente, porque eso fue una decisión del Gobierno de no esperar. Fíjate que ahora a fines de enero ya vence nuestro mandato. Y entonces se quiso dar como una señal política de que se está dispuesto a cortar cabezas en todo aquel funcionario representante de gobierno que, digamos de alguna manera, se aparte de la línea política. Es muy relativo eso de que nos hayamos apartado, pero suponiendo que fue así, la señal política fue: bueno, la oposición está pidiendo esto, la oposición está generando una fogata sobre este tema, entonces nosotros vamos a cortar el tema de plano ofreciendo estas dos cabezas. Y eso es muy triste, es muy lamentable, porque en definitiva el Gobierno y la oposición están defendiendo una disposición de carácter legal que es inconstitucional en varios sentidos. Viola el principio de igualdad porque con el carácter honorario la Constitución solo consagra la gratuidad total en casos muy específicos, como las Juntas Departamentales, pero no para una gestión de esta complejidad.
