Mientras se acercan los buques de guerra de EEUU a las costas de Venezuela para combatir al supuesto Cártel de los Soles y en Bolivia aumenta la violencia relacionada a disputas de narcotráfico, las avionetas cargadas de cocaína del grupo de Marset siguen surcando los cielos paraguayos.
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La prueba más reciente de que sigue activa la organización liderada por el prófugo uruguayo de 34 años, Sebastián Marset, fue la captura de uno de sus pilotos, hace una semana, en una pista de aterrizaje clandestina ubicada en un boscoso campo del distrito de Santaní (departamento de San Pedro), en el centro de Paraguay.


El operativo realizado el pasado viernes 22 de agosto —como parte de una investigación, que lleva adelante la fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Asunción, Elva Cáceres— logró interceptar a una avioneta Cessna 206 Stationair, con matrícula boliviana CP-3251, piloteada por el futbolista boliviano de 25 años (exjugador de la selección) Edward Vaca Hurtado, quien, sobre las 15 horas, tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en una pista cercana a un establecimiento rural de la colonia Kururu (San Pedro). Minutos después, otra avioneta descendió en el mismo lugar con la intención de trasbordar la droga que transportaba la primera. En ese momento, los policías interrumpieron la operación y se produjo un tiroteo entre los narcotraficantes y las fuerzas de seguridad que no pudieron evitar que la segunda avioneta despegue y escape.
Tras el enfrentamiento, fueron detenidos Vaca (piloto) y tres ciudadanos paraguayos (uno de ellos copiloto). Además de la incautación de la avioneta y camionetas utilizadas en la logística de la organización criminal, fue decomisado un cargamento de cocaína aún no cuantificado por las autoridades paraguayas. Otro tiroteo ocurrió a las tres de la mañana, cuando diez hombres se enfrentaron a los policías que hacían guardia en el lugar donde estaban custodiando la avioneta.
Vaca fue imputado por la Justicia por presunta tenencia de estupefacientes sin autorización, tráfico internacional y asociación criminal. Junto al futbolista de Ciudad Nueva de Santa Cruz (segunda división de Bolivia), fueron imputados por los mismos delitos los paraguayos Darío Barreto y Juan Fernando Cañete.
Las autoridades paraguayas sostienen que los tres imputados forman parte de la estructura transnacional de narcotráfico liderada por Sebastián Marset, que utiliza una flota de avionetas y rutas aéreas para transportar cargamento de cocaína desde Bolivia hacia el norte de Paraguay, Boquerón y Alto Paraguay (Chaco).
En su pedido, la fiscal planteó que el establecimiento era utilizado como pista clandestina y centro logístico para cargar combustible y seguir hacia otros países de la región, desde donde se envía la droga a los diferentes puertos de Europa.
Este caso también está en manos de la jueza especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, quien lleva la megacausa A Ultranza Py, ejecutada desde febrero de 2022 en Paraguay, que desbarató a una parte importante de la estructura de narcotráfico montada por Marset y el Clan Insfrán en 2019, en alianza con productores bolivianos, el Primer Comando de la Capital (PCC) y organizaciones europeas capaces de promover acuerdos por 360 toneladas de cocaína anuales, tal como surge de una conversación interceptada a Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, recluido en la cárcel militar de Viñas Cué, donde también cumple prisión preventiva la expareja de Marset, la uruguaya Gianina García Troche, acusada de formar parte de una red empresarial para el lavado de activos de la organización.
El fantasma de Marset sobrevuela la ola de ajustes de cuentas en Santa Cruz
Mientras tanto, en Bolivia, que está sobre el final del proceso electoral que marcó la una estrepitosa derrota del oficialismo que puso como candidato presidencial al exministro del Interior Eduardo del Castillo, burlado a fines de julio de 2023 por el clan Marset que logró fugar de un cerco policial que fue montado en Santa Cruz de la Sierra; dos años después, en esa misma ciudad, el nombre del narcotraficante más buscado de Sudamérica sobrevuela en Bolivia en medio de una ola de cruentos sicariatos y secuestros que provocaron pánico en las calles cruceñas.
La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, aseguró que la fuga de Marset a mediados de 2023 “dejó un vacío en el control del narcotráfico, situación aprovechada por organizaciones criminales en el oriente boliviano, donde las bandas buscan expandirse en un escenario marcado por disputas territoriales”.
Explicó que el uruguayo tenía una presencia importante en el narcotráfico regional y que, tras su huida, se produjo un vacío en los negocios ilegales que lideraba. “Ese vacío es visto como una oportunidad por organizaciones criminales de ingresar a estos espacios”, afirmó la viceministra, en un contexto convulsionado por una serie de hechos violentos ocurridos durante el último mes. Entre ellos el hallazgo de tres cuerpos con signos de tortura (secuestros reportados entre el 26 y el 29 de julio), además del asesinato a balazos en plena vía pública de dos hombres; uno de ellos recibió 50 disparos y en la escena del crimen fueron hallados más de 100 casquillos.
Arraya descartó que se trate de sucesos aislados y aseveró que estos hechos son “ajustes de cuentas propios de organizaciones criminales relacionadas al narcotráfico”. Alertó que las fronteras del oriente boliviano son altamente vulnerables a las organizaciones criminales extranjeras que históricamente han buscado asentarse en la región con el objetivo de abaratar los costos de transporte de drogas entre los países productores y los mercados internacionales.
En este escenario, la autoridad gubernamental insistió en que los recientes crímenes deben ser entendidos como parte de una lucha por el control del narcotráfico tras la huida de Marset, cuyo paradero se desconoce, pero no se descarta que esté cerca del país promoviendo una serie de ajustes de cuentas.
El PCC y los albaneses
Fuentes policiales citadas por Tercera Información sostienen que estos crímenes estarían relacionados con “corporaciones criminales internacionales”, entre ellas el Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil y de algunas mafias balcánicas que buscan controlar las rutas del narcotráfico y del mercado ilegal de armas.
Respecto al PCC, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) capturaron el viernes pasado al brasileño Alex Heleno Da Silva en un lujoso condominio de Urubó (Santa Cruz), donde vivía como un capo, describieron las autoridades bolivianas, que van a dar trámite a la extradición pedida por Brasil.
La detención se da en el marco de investigaciones sobre posibles "blancos de alto valor" del narcotráfico regional asociados al PCC que pudieran estar operando desde Bolivia, a partir de una reciente advertencia realizada por el Ministerio Público del estado de São Paulo que en su último informe identificó la presencia de al menos 146 integrantes del PCC operando en territorio boliviano, ubicándolo como el tercer país con mayor número de miembros del PCC fuera de Brasil, solo superado por Paraguay (699), Venezuela (656) y casi igualado con Uruguay (140).
De acuerdo con un análisis de la ONU, la estrategia del PCC no se basa únicamente en imponer control territorial a través de la violencia, sino que busca infiltrarse en redes ya existentes y formar alianzas con grupos locales o clanes familiares.
El mapeo de los miembros del PCC coincide con los hallazgos del Informe Mundial sobre Drogas 2025, presentado por la ONU en Viena, que resalta que clanes familiares bolivianos participan en el negocio del narcotráfico, formando parte de estructuras más horizontales y descentralizadas. Aunque estos clanes no ejercen control territorial directo, sí son parte de la cadena global del tráfico de cocaína, colaborando en tareas específicas como el transporte o almacenamiento.
Este modelo permite que redes criminales como el PCC se conecten con estructuras locales sin levantar alarmas inmediatas del Estado. Los datos divulgados subrayan la necesidad de que Bolivia preste mayor atención a las cárceles, los flujos migratorios y las redes financieras opacas, especialmente en zonas sensibles como el Chapare, Santa Cruz y en la porosa frontera con Brasil.
Acerca de las mafias balcánicas, la reciente detención en Bélgica del capo albanés Franc Çopja destapó una de las estructuras criminales más poderosas de Europa dedicadas al tráfico internacional de cocaína, así como sus nexos con Paraguay.
La investigación, impulsada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado (SPAK) de Albania, reveló que la organización traficó en 2020 unas 28 toneladas de cocaína a Europa en dos episodios diferentes. Además de traficar grandes volúmenes de cocaína, el grupo liderado por Çopja tenía el poder de influir directamente en el precio de la droga en los mercados europeos.
La base operativa de esta organización se encontraba en Elbasan (Albania) y la cadena de tráfico de cocaína estaba controlada desde su adquisición a productores bolivianos y su posterior almacenamiento en territorio paraguayo, hasta el transporte transatlántico, la distribución en Europa y el blanqueo de capitales.
Los hermanos Ervis y Ardian Çela, detenidos hace dos semanas en Albania, que residían en Paraguay, eran los encargados de obtener la cocaína directamente de los productores, almacenarla y prepararla para su transporte hacia Europa.
La acusación de 282 páginas emitida el 8 de agosto por SPAK, obtenida por The Telegraph, muestra que el grupo planeó el transporte 28 toneladas de cocaína escondidas en cajas de jabón, latas de pintura o pegamento industrial desde Paraguay a los puertos de Hamburgo y Amberes entre los años 2020 y 2021.
Según revelaron los investigadores albaneses, uno de los principales colaboradores con quien operaba esta red desde Paraguay era Diego Benítez, actualmente prófugo, supuestamente en Dubái (Emiratos Árabes Unidos). El empresario deportivo ligado al Club Olimpia, utilizaba su empresa Tupá SA para enviar cocaína oculta en latas de pintura a puertos europeos para la mafia albanesa, en complicidad con Miguel Ángel Servín Palacios, alias "Miguel Celular", también vinculado a la estructura de narcotráfico liderada por Marset y Tío Rico Insfrán. De hecho, Çopja, el líder albanés, se reunía con el clan Marset en la estancia "23 de abril" en San Roque González, en el departamento de Paraguarí, reveló la SPAK.
Se presume que desde su salida de prisión en 2018 y su incursión en Paraguay, Marset no solo forjó alianzas estratégicas con clanes regionales para dominar el trasiego de cocaína desde la zona de producción, sino que estableció contactos de alto perfil con mafiosos europeos de la ’Ndrangheta y la Mocro Maffia, principales compradores y financistas de grandes cargamentos de cocaína; al tiempo que la detección de los últimos clanes de los Balcanes en Uruguay, en operaciones de embarques de droga en altamar, también fueron vinculadas al grupo de Marset.
El abogado del extesorero de Marset, Federico Santoro, mencionó ante la Justicia de EEUU —donde su cliente se declaró culpable tras extraditado de Paraguay— que el auge del narcotráfico en el puerto de Montevideo fue una de las razones del aumento de trabajo de Santoro como lavador de activos del clan Marset, producto de los grandes cargamentos que eran enviados a importantes puertos comerciales de Europa como Amberes (Bélgica), Rotterdam (Países Bajos) y Algeciras (España).
La ruta uruguaya tomó mayor protagonismo desde la pandemia, cuando los puertos de Santos (Brasil) y Buenos Aires reforzaron sus controles aduaneros. Las investigaciones de la Justicia italiana dan cuenta de que los nuevos canales de narcotráfico sudamericano surgieron a partir de acuerdos entre la ‘Ndrangheta, el PCC y organizaciones paraguayas como la liderada por el “gerente de la hidrovía”.
El paradero de Marset, el Cártel de los Soles y los destructores de EEUU
A raíz de las revelaciones de Santoro en EEUU, a principios de junio, la DEA (Drug Enforcement Administration) ubicó a Marset entre los fugitivos más buscados por la agencia, ofreciendo una recompensa de U$S 2 millones por información que facilite la captura del uruguayo. Días más tarde, Marset emitió un comunicado en el que expresó: “A esos malditos gringos no les tengo ni un pelo de miedo, les dejo bien claro y ya lo tienen bien claro. (También me quieren inventar un caso). Yo jamás en mi puta vida ni siquiera he hablado de ustedes; para mí no existen”.
Autoridades estadounidenses mencionaron incluso la posibilidad de que Marset podría estar escondido en Venezuela. “Creen que estoy en Venezuela. Bueno, al menos aquí hay un presidente que tiene los huevos bien puestos, y todo el gobierno es un narcogobierno, pero no lo niega ni les da poder a esos gringos. Acá se paran en la línea y se mantienen firmes. No son como los hipócritas paraguayos, que les lamen los huevos a los estadounidenses, pero trafican sin parar”, apuntó.
Posteriormente, la Secretaría del Tesoro de EEUU declaró al Cártel de los Soles (presuntamente vinculado a la Fuerzas Armadas venezolanas) como organización terrorista y el Departamento de Justicia estableció una recompensa de 50 millones de dólares por la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Además, en los últimos días, Donald Trump firmó una orden ejecutiva secreta que autoriza al Pentágono a desplegar barcos, submarinos y aviones en los espacios internacionales cercanos a Venezuela, para ejercer presión sobre el país caribeño.
De hecho, una flota con tres destructores (buques de guerra), un submarino, aviones P-8 y 4.000 soldados (2.200 marines) se acerca a Venezuela para “combatir los cárteles de la droga”. Mientras tanto, Maduro afirma haber movilizado a 4,5 millones de milicianos y enviado a 15.000 soldados a la frontera con Colombia, además de drones y aviones. Venezuela también desplegó buques de guerra y drones en sus aguas territoriales en respuesta a la amenaza yankee.
La ofensiva diplomática de la Administración Trump para supuestamente asfixiar al narcotráfico regional para procurar fortalecer la seguridad nacional de EEUU, es una hoja de ruta diseñada por el secretario de Estado Marco Rubio, bajo la narrativa de que Maduro y el Cártel de los Soles trafican cocaína, fentanilo, petróleo, oro y uranio a través de barcos sin bandera reconocida y submarinos.
Mientras se despliegan los marines en el mar del Caribe, Rubio emprendió la tarea de sumar socios estratégicos en Sudamérica. En ese sentido, la Casa Blanca ya obtuvo el respaldo de Argentina, Ecuador y Paraguay que, bajo las órdenes de EEUU, también declararon al Cártel de los Soles como una organización terrorista.
El secretario de Estado agradeció a los gobiernos de Argentina, Ecuador, Paraguay, Guyana, Trinidad y Tobago y Argentina por disposición a “cooperar con Washington en la lucha contra el narcotráfico”, y se estima que Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Panamá podrían sumarse. “Estamos construyendo una coalición internacional contra este flagelo”, destacó Rubio. “El propósito no es solo detener el ingreso de narcóticos, sino llevar esta batalla al escenario internacional para enfrentar a quienes están detrás de este veneno asesino", remarcó Rubio.
La estrategia de seguridad nacional de EEUU causó una fractura diplomática en América Latina por los alineamientos geopolíticos con respecto al narcotráfico.
Mientras en Uruguay pasó casi inadvertida una reciente reunión entre Yamandú Orsi y su par ecuatoriano Daniel Noboa, en la que suscribieron misteriosos acuerdos de seguridad, el país se mantiene en una posición neutral. En tanto, Brasil, Bolivia, Cuba, Colombia, Honduras y Nicaragua apoyan a Venezuela y rechazan la injerencia y la amenazante presencia militar de EEUU en la región.
La Junta Global del Narcotráfico
“El Cártel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”, acusó el presidente colombiano Gustavo Petro días atrás. “El paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta Global del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio”, afirmó.
“Buena parte de la cocaína que se vende en Occidente y se lleva en sumergibles, y del centro del país que sale por los aeropuertos, y de los llanos y del Catatumbo que sale por el norte guajiro y Venezuela pertenece a este grupo poderoso del narco”, aseveró el mandatario y remarcó que “decenas de toneladas de este grupo han caído en manos de las autoridades de Colombia y Venezuela. A su vez, varios de sus capos han caído en Colombia, Venezuela y Ecuador, por lo cual Petro entiende que “es clave la articulación de las inteligencias policiales de Colombia, Venezuela, Ecuador y Europa para destruir a la Junta Global del Narcotráfico”.
“Les propuse a EEUU y Venezuela que juntos destruyamos ese cártel”, apuntó Petro. “Es coordinar y no someter”, advirtió y anunció, ante el aumento de violencia narco en su país, la ampliación de la presencia militar en el Valle del Cauca y ordenó considerar a las bandas de la llamada Junta Global del Narcotráfico como terroristas, para que sean perseguidas con contundencia a nivel internacional.
Según el Gobierno de Colombia, este consorcio de organizaciones mundiales de narcotráfico opera desde Dubái como una alianza estratégica entre disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, mafias europeas (albanesas, italianas, belgas y británicas), y funcionarios corruptos de varios países, ya que, según Petro, se trata de una estructura transnacional con capacidad para infiltrar gobiernos y ejércitos.
La ciudad de Emiratos Árabes Unidos se estableció desde hace una década como refugio de grandes capos del narcotráfico internacional, de hackers y de expertos en blanqueo de capitales, un combo perfecto para el crimen organizado global, con el agregado de que los emiratíes no colaboran demasiado con las investigaciones.
No obstante, en noviembre de 2022 una investigación conjunta entre Países Bajos, Francia, Bélgica y España desarticuló un "supercártel de narcotraficantes" en Dubái, respaldando la versión de Petro acerca de una mesa chica del narcotráfico mundial que opera, cierra negocios y genera alianzas estratégicas desde el emirato.
Según el presidente colombiano, en esa mesa tienen un silla el narcotraficante colombiano Julio Lozano y el propio Marset, al que acusó desde el primer instante de haber ordenado el asesinato de fiscal paraguayo Marcelo Pecci en mayo de 2022, en un playa cercana a Cartagena de Indias, desde donde operaron los sicarios, “utilizando traslados de dineros usando una iglesia evangélica oscura con de asiento en Paraguay y Colombia, dicha iglesia fue la única que movió feligreses para buscar manifestaciones de apoyo a Uribe cuando fue puesto preso”, alegó.