Seguridad: siempre nos falta un medio pal' peso

Lo que en el pasado se llamaba sentido común ahora se denomina protocolo. Es imprescindible que para cada función del Estado y para cada funcionario exista un protocolo de actuación redactado por algún burócrata. Si hay algo que no está en dicho documento, no se hace aunque sea obvio y necesario.

Crear comisiones es otra acentuada tendencia. Aunque los mismos creadores han sostenido siempre que la mejor forma de “enterrar un asunto es derivarlo a una comisión”. Obviamente también se le cambia el nombre a algunos organismos. Es como el sello que deja cada jerarca.

Hacemos gárgaras con la transparencia. Se han creado organismos y leyes que obligan, pero más o menos. Porque basta que a un jerarca se le ocurra declarar como “reservado” un tema para que nunca más se sepa qué pasó. En Uruguay, para saber la verdad, hay que hacer un trámite, muchas veces complejo.

Ya ni en los números se puede creer

En nuestra tradición las estadísticas oficiales no se discuten. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) goza de mucho prestigio y, salvo en muy contadas ocasiones, nadie ha osado rebatirlo. Y está bien, porque con esos números se toman decisiones y se establecen políticas. Pero no ocurre lo mismo con el Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior. El Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad de Uruguay, tal su nombre y que ahora pasó a llamarse Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior (AECA), lo creó en agosto de 2005 el entonces ministro del Interior, José Díaz.

Su primer director fue el sociólogo Rafael Paternain, quien tuvo que armar un organismo creíble casi desde cero y lo logró. Pero cinco años después, ya con Eduardo Bonomi como ministro, renunció porque, según dijo, “en marzo de 2010, las nuevas autoridades plasmaron una visión distinta, recelaron del proyecto, y en última instancia lo desarmaron pieza por pieza. La información ‘policial’ sobre los delitos de adolescentes volvió a circular por los medios de comunicación sin aval alguno del Observatorio, y desde allí comenzó otra historia. El manejo político de la información sobre violencia y criminalidad que se realizó desde el inicio de esa gestión estuvo marcado por errores flagrantes que hasta el día de hoy no se han podido revertir”.

Entonces los colorados crearon su propio organismo de medición, FUNDAPRO, dirigido por Guillermo Maciel, el mismo que años después, ahora como subsecretario de Interior, permitió que Sebastián Marset accediera a un pasaporte aún sabiendo que “era un narco importante”.

Bonomi tuvo algo muy importante a su favor, nunca reconocido como hubiera merecido. Desplazó de sus cargos a viejos oficiales muy vinculados a hechos de corrupción, y desde la Dirección de Asuntos Internos en 10 años logró expulsar al 10 % de los efectivos por hallarse vinculados a delitos o a graves irregularidades. Algo más de 3.000 funcionarios fueron dados de baja. Era la forma de limpiar a una institución que venía muy complicada por la existencia de algunas mafias internas, como “La Garra”, actividades delictivas como las cometidas por la “Polibanda” o los estrechos y amables vínculos que la Brigada Antidrogas tenía con los narcos.

Luis Alberto Lacalle Pou prometió en campaña abatir las cifras de delitos. Lo logró de una forma poco convencional: se dificultó la realización de denuncias, ya no venía el patrullero con la tablet y registraba la denuncia en el lugar de los hechos; ahora sí o sí había que ir a la comisaría y luego a Fiscalía. Hubo orden expresa del Ministerio del Interior para “maquillar” los números de delitos y las circunstancias fueron notorias.

Jorge Larrañaga creyó que arreando a la Policía al grito de “se la respeta” y “hay orden de no aflojar” se lograrían resultados. En esa batalla, lamentablemente, perdió la vida. Luego llegó Luis Alberto Heber, a quien se recordará por haberse organizado con otros jerarcas para mentirle al Senado sobre el pasaporte de Marset. En esas circunstancias fue “renunciado” y asumió Nicolás Martinelli, también recordado por viajar a Punta del Este para comer asados con el estafador Gonzalo Aguiar.

En medio de estos dislates irrumpió con mucha fuerza el sicariato. Tanto que ya hemos normalizado el tener uno o dos asesinatos diarios. Y peor, la existencia de actos de crueldad inenarrables.

Martinelli sancionó al director del Observatorio de Criminalidad, Javier Donnangelo, por presuntamente difundir un documento reservado que no era tal, según el abogado Rodrigo Rey, asesor legal del jerarca sancionado, sino que “se trataba de un paper técnico, elaborado con metodología científica, basado en fuentes abiertas y de público acceso, muchas de ellas disponibles en buscadores”. El problema básico es que, de acuerdo a los estudios realizados por Donnangelo, es muy alta la participación del narcotráfico y el crimen organizado en la tasa de homicidios que registra Uruguay.

La sanción fue mantenida por el actual ministro del Interior, Carlos Negro. Y acá es donde ingresan dos especialistas en políticas públicas y seguridad: Diego Sanjurjo y Emiliano Rojido, ambos hombres de extrema confianza de Negro. Sanjurjo proviene del Partido Colorado y se había desempeñado en Interior, con contrato como asesor, durante el gobierno de Lacalle Pou. Este Gobierno decidió mantenerlo ahora como gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior (AECA), como pasó a denominarse el Observatorio de Criminología. En tanto, el sociólogo Emiliano Rojido se desempeña como asesor del ministro y, según dos fuentes policiales, en el gobierno anterior se le había contratado una consultoría por una importante cifra en dólares. Ambos son, además, docentes en dos universidades privadas.

Estos dos expertos tienen una visión totalmente diferente a la de Donnangelo, ya que han establecido otros criterios de análisis y medición por los cuales apenas uno de cada cinco homicidios se relacionan al narcotráfico. O sea, ni en los números logran ponerse de acuerdo.

Los nichos de corrupción en la Policía

Los últimos días han deparado algunas sorpresas sobre el atentado cometido contra la fiscal general Mónica Ferrero. Un policía retirado tuvo un papel importante en la planificación y realización del atentado. En tanto, su hijo fue uno de los que ingresó a la casa para balear una ventana y colocar una granada en el patio. Aún no se sabe quién fue el autor ideológico del crimen y cuáles sus motivaciones. Al principio la Policía apuntó a Luis Fernández Albín, quien cumpliría órdenes de Marset. Pero de estos jefes narcos aún no hay una pista.

Es un hecho muy grave que un expolicía aparezca involucrado en el atentado y también con el narcotráfico, porque todo indica que, sea quien sea, hay narcos detrás de esta organización criminal que ya tiene cinco detenidos. Pero no es el único. Esta misma semana fue detenido y formalizado un policía de Castillos que informaba a los traficantes de esa ciudad sobre las acciones policiales. Un par de días después, durante un operativo rutinario, fue detenido un efectivo de Investigaciones que trasladaba en su auto 80 dosis de cocaína. Era “dealer” y en sus ratos libres, policía.

En los últimos 5 años son decenas los funcionarios policiales que han sido detenidos y formalizados por sus vínculos con el narcotráfico. La infiltración de la Policía es lo primero que hacen las organizaciones de traficantes en cualquier parte del mundo. Nadie está a salvo.

Este es un nuevo problema que debe agregarse a la ya complicada situación de inseguridad. Todavía tenemos un núcleo mayoritario de policías honestos que deben luchar también con esa preocupación: ¿en quién confiar? En las últimas horas se sumó una nueva preocupación, porque, según se informó desde Fiscalía, tres abogados de narcos concursaron para ser fiscales, aunque sólo uno pasó la prueba.

Lavado y lavadores

El miércoles pasado el Senado dio aprobación a una modificación de la ley antilavado actualmente vigente. Ahora debe debatirse en Diputados y una vez sancionada vendrá lo más importante: la reglamentación. El proyecto aprobado incluye varias modificaciones a las normas vigentes. Por ejemplo, se reduce el monto de dinero que se puede emplear en operaciones en efectivo. La cifra no se menciona, pero varias autoridades han señalado que se fijaría en 40.000 dólares, cambiando el monto que rige hoy, aprobado con la LUC, de 120.000 dólares.

Pero no es el único cambio ni el más importante. Por ejemplo, se amplían las potestades de la Senaclaft, se definen nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, pero curiosamente se elimina la obligación de los bancos. Se amplía el número de delitos pasibles de ser considerados como precedentes y allí aparecen los ciberdelitos, los delitos ambientales como introducción de residuos tóxicos y el fraude en entidades financieras. También se elimina la Fiscalía de Lavado de Activos por “no haber logrado los resultados esperados”, y se establece que las investigaciones queden a cargo de los fiscales que investiguen los delitos precedentes. Como en Diputados el FA no tiene mayoría, veremos qué queda de este proyecto.

No hay una norma, por lo menos no la encontramos explícita, que establezca controles y sanciones para los estudios jurídicos contables que armen sociedades para ser usadas por los lavadores. Que no son sólo narcotraficantes. Ni tampoco para los funcionarios públicos que incumplan con su responsabilidad funcional.

A modo de ejemplo: en los últimos diez años se otorgaron permisos para construir 5 millones de mts2 en Punta del Este. Una inversión de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares, la tercera parte de la deuda externa uruguaya. Sin embargo, no existe un ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas) sobre alguno de estos dineros, la mayoría absoluta llegados desde el exterior.

Enrique Antía, exintendente de Maldonado, dijo tiempo atrás, cuando se le preguntó, que “su obligación no era perseguir lavadores sino generar trabajo para la gente de Maldonado. Que del lavado se encargue el Gobierno central”.

Se reasignan tareas en Fiscalía pero no se le asignan recursos, por lo que la ley será letra muerta. Lo han expresado todos los fiscales. Si no tienen asesores, no pueden avanzar.

Recordemos que, por ejemplo, durante el gobierno de Jorge Batlle, el entonces presidente de Ancap, Eduardo Ache, compró en Argentina, por decenas de millones de dólares, la empresa Sol Petroleum a un grupo de delincuentes buscados por el FBI. Esta circunstancia la reveló una comisión investigadora del Senado. Apenas tuvo esa noticia, Batlle destituyó a Ache. Pero la causa investigada por la fiscal Mirtha Guianze debió ser archivada porque el Poder Judicial no tenía fondos para costear las pericias que debían hacerse en Buenos Aires.

La Fiscalía de Lavado ha tenido que hacer malabares para investigar la estafa cometida por los dueños de Conexión Ganadera.

Al no existir una Ley de Corredor Inmobiliario, hay muchos que quedan fuera de los controles. Hoy es posible encontrar “operadores inmobiliarios” en una mesa de café que siempre tienen la complicidad de algún profesional venal. Entonces, como ya ha pasado, un lavador ofrece triplicar la comisión a cambio de que la operación de compraventa se haga en efectivo y se registre por un monto menor.

El proyecto aprobado representa un avance. Pero, como es costumbre, siempre nos falta un medio pal’ peso.