En diálogo con Caras y Caretas, Ximénez habla de los desafíos de heredar un departamento estancado, de sus planes para generar empleo y desarrollo, de la situación financiera de la comuna y de cómo pretende gobernar en un territorio tradicionalmente blanco. “No podemos seguir peleando cinco años, porque si lo hacemos, al finalizar el periodo vamos a tener la misma foto del departamento”.
¿Con qué panorama se encontró al asumir la Intendencia de Lavalleja? ¿Qué diagnóstico hizo?
Tratando de ser lo más cuidadoso posible con las palabras: desorden y años de atraso en la gestión y la administración de los procesos de la Intendencia. Eso fue lo que más me impactó. No pensé que el retroceso fuera tan grande ni que la situación estuviera tan anclada en otro siglo.
Otro problema es el grado de burocratización que hay. Por ejemplo, la cantidad de tiempo que demora en salir una carta. El otro día nos reunimos con agrimensores y nos contaban que el fraccionamiento de un terreno pasa por más de diez oficinas. Eso genera una burocracia brutal que impacta en los ciudadanos: pierden mucho tiempo, se desmotivan. Hay que hacer foco en cambiar el modelo de gestión. Muchas veces el ciudadano común no lo percibe o solo lo sufre cuando tiene que hacer un trámite, pero repercute en toda la institución.
Y después, el tema de los recursos humanos: que tengan determinados grados de capacitación es fundamental para las tareas que van a realizar. Hay un debe en la capacitación y en la búsqueda de los perfiles adecuados. Hasta que no se logren implementar los concursos y sorteos en todas las intendencias, creo que no se podrá dar un salto de calidad si seguimos ingresando funcionarios de forma discrecional, como sucedió en Lavalleja durante 35 años, con un criterio electoral. Eso fue un gran negocio para el Partido Nacional, que, a mi entender, va en desmedro del desarrollo del departamento. Hay varias generaciones que generaron con la Intendencia un vínculo muy difícil de romper, porque son generaciones y generaciones que ante la falta de ofertas laborales no tenían más que golpear las puertas de la Intendencia. Y eso después se recordaba en el momento de la elección departamental. Eso explica por qué en los procesos electorales a nivel nacional pasa una cosa y en lo departamental, otra.
Creo que la constitución de un buen equipo es fundamental, y estamos trabajando para revertir eso. Hay que descentralizar la gestión en todo el departamento, porque lo que se ve en la Intendencia se agrava en los municipios. Uno no puede absorber todas esas tareas; hay que formar equipo con gente que sienta la responsabilidad, que se encargue de revalorar los procesos, de hacerlos más ágiles, modernos y transparentes.
Estamos trabajando también para hacer un digesto municipal, que en Lavalleja no existe. Lo que hay es una recopilación de decretos que no están actualizados. Se va a realizar a través del programa de fortalecimiento institucional de la OPP, que ofrece herramientas a las intendencias. Será hecho por funcionarios de la Intendencia junto con técnicos específicos. Será abierto y de actualización permanente, porque los ciudadanos de Lavalleja deben conocer la normativa vigente, y quienes viven fuera o quieren invertir en el departamento también necesitan un lugar donde consultar cómo funciona la normativa departamental.
Es la primera vez que gana el Frente Amplio en el departamento. ¿A qué atribuye la victoria?
Creo que tuvo mucho que ver el desgaste de 35 años, y también el enojo que generó la pelea interna que hubo dentro del Partido Nacional. El acuerdo entre dos figuras fundamentales —Mario García y Adriana Peña—, ese pacto de “vos vas a la diputación y yo voy a la reelección”, dejó afuera a otros dirigentes. Dirigentes que, al inicio de la gestión de Mario García, habían tenido enfrentamientos muy fuertes.
Hay ejemplos claros: uno es el fideicomiso que se votó en Lavalleja y se aprobó con los votos del Frente Amplio y de Adriana Peña. Eso, sumado a los roces y los desencuentros, hizo que ese reencuentro político posterior —que implicó también la participación de familiares de primera línea, tanto del exintendente como de la diputada Peña— generara un gran malestar entre los votantes del Partido Nacional.
Entonces, muchos vieron en la candidatura del Frente Amplio una alternativa diferente. Fueron pocos votos de diferencia, pero creo que eso tuvo mucho que ver con haber podido lograr un gobierno frenteamplista en Lavalleja.
¿Cree que el hecho de la sutil diferencia de votos puede complicar la gobernanza?
No creo. Yo planteo una forma diferente de gobernar. Esto impactó a los alcaldes, porque se da una situación muy particular: el intendente es del Frente Amplio, el alcalde de la capital es colorado y los demás alcaldes y alcaldesas son todos del Partido Nacional.
En lo personal, no quiero seguir la dinámica que tenía el Partido Nacional. Siendo del mismo partido, como eran de fracciones diferentes, siempre hubo disputas, siempre hubo conflictos; no se trabajaba en conjunto, y eso frenó el desarrollo de Lavalleja.
Antes el intendente utilizaba una figura que todavía existe, que es la del coordinador de Junta. ¿Qué pasaba? El alcalde lo elegía el pueblo, pero el intendente le ponía un puntero que respondía directamente a él como coordinador de la Junta. Entonces se generaba una disputa permanente sobre quién gobernaba y quién decidía. Eso no conduce a nada; frena el desarrollo de cada localidad.
Nosotros planteamos algo diferente: a los municipios más grandes les vamos a dar dos cargos de confianza —que cesen cuando cese el alcalde— y uno a los municipios más chicos, para que puedan armar sus equipos de gestión y administración. Eso fue muy bien visto por los alcaldes y las alcaldesas de Lavalleja.
Yo creo que la forma de trabajar es clave. No podemos seguir peleando cinco años, porque si lo hacemos, al finalizar el periodo vamos a tener la misma foto del departamento.
Con la Semana de Lavalleja se vio lo mismo. Hicimos una descentralización real de la fiesta: les aportamos recursos, dinero, y los hicimos parte de esa celebración que es de todo el departamento, no solo de Minas. Quedaron muy contentos y entusiasmados; participaron y eligieron, por ejemplo, qué espectáculos o qué actividades quieren tener en su localidad. Creo que son señales importantes para cambiar la realidad del departamento.
¿En qué quedó el tema de la denuncia por fraude en las elecciones?
Eso se archivó, porque el estudio se hizo a nivel de la Corte Electoral Departamental y, en realidad, en la Junta Electoral de Lavalleja no hubo ningún incidente. Todas las acciones o posibles irregularidades se dieron fuera de la Junta. Entonces, a menos que hubiera una denuncia penal o una actuación de oficio de la Fiscalía, nadie iba a investigar.
Me parece que forma parte de la historia de esa elección, pero generó la duda de qué hubiera pasado si no existía la llamada guardia blanca. No sé cuál hubiera sido el resultado. Fue algo muy serio, y creo que no se le dio la trascendencia que tiene un hecho así para cuidar nuestro sistema democrático.
A mí lo que más me duele es que participaron figuras jóvenes del Partido Nacional en esas instancias, que hubo reuniones y movimientos que dejan una mala señal para el sistema político. Quienes tenemos algunos años más y ocupamos lugares de responsabilidad dentro de los partidos tenemos que transmitir otras cosas a las nuevas generaciones.
Esa idea de que “vale todo” en política es peligrosa. Hay que enseñar que en la vida se gana y se pierde, y que eso es natural. Eso debemos transmitirles a nuestros hijos, a las nuevas generaciones y a nuestros vecinos, y no usar cualquier artilugio para revertir una situación que el pueblo ya definió.
¿Y se conocen los nombres de las personas que estuvieron involucradas?
Sí, se conocen. Es un pueblo chico, todos nos conocemos y todos sabemos. Pero bueno, tenemos que mirar para adelante. Al principio eso generó mucho enojo, porque realmente fue algo que no había pasado nunca, o al menos yo no lo había escuchado en todos los años de vida que tengo. Que ocurriera algo así en una elección en Uruguay, un país donde sacamos pecho diciendo que tenemos un sistema democrático fortalecido y donde, en general, hay respeto entre todos los partidos políticos. Fue algo muy grave.
¿Cuál es la foto actual del departamento? ¿Cuáles son los principales problemas hoy?
El resumen es el estancamiento. Si uno recorre determinados puntos o compara con nuestros departamentos vecinos —sobre todo Canelones, Montevideo o Maldonado—, parece que estuviéramos viviendo en otro país. El principal problema es la falta de trabajo, la escasez de puestos laborales genuinos, bien remunerados y estables, donde los ciudadanos puedan proyectarse y mantener su radicación en el departamento. Poder, a través del trabajo, acceder a las cosas básicas para vivir. Eso es lo que más nos reclamó y nos sigue reclamando la gente: trabajo.
Tenemos que aprovechar estos cinco años para generar nuevas fuentes laborales en Lavalleja, cuidar las industrias que ya existen, potenciarlas y, al mismo tiempo, abrir las puertas a más desarrollo y más empleo.
Después hay problemas que se repiten en todo el país, como la inseguridad o el acceso a la salud. Tenemos dificultades en salud mental: somos uno de los departamentos donde el tema es más complejo.
La tasa de desocupación ronda el 11,4 %, y eso repercute directamente en la aparición de situaciones nuevas para el departamento: personas en situación de calle —pocas, pero las hay—, gente comiendo de los contenedores. Esa imagen, la gente de Lavalleja, y especialmente de Minas, no estaba acostumbrada a verla.
Hay también situaciones de gran vulnerabilidad, no solo en la capital sino en las pequeñas localidades. En lugares como Aramendía, Zapicán o incluso Villa Pirarajá, la falta de trabajo hace muy difícil acceder a lo básico para vivir.
¿Qué lectura hace sobre la incidencia del narcotráfico en el departamento? Leí que aumentaron los homicidios vinculados a ese fenómeno.
Yo creo que es parte de la realidad que vive el país. Sí, en los últimos días hemos tenido varias muertes, de personas muy jóvenes, vinculadas al narcotráfico, al microtráfico.
Lavalleja es un departamento con poca población, pero con problemas de consumo. Más que nada, es un departamento de tránsito de droga, porque tenemos el eje de la Ruta 8, que es uno de los principales vínculos con la frontera con Brasil, y la proximidad con Maldonado —sobre todo con San Carlos—, que son zonas donde el problema de la droga está muy presente.
Ante el contexto que menciona, ¿qué prioridades establece el Plan Quinquenal para Lavalleja?
Nosotros planteamos, en las propuestas de campaña, el fortalecimiento del ABC municipal y algunas ideas macro. Una de ellas es el desarrollo de un parque industrial que genere la llegada de nuevas industrias. Estamos iniciando el proceso para concretar ese proyecto, que en principio se iba a instalar en la planta de ANCAP. La idea es asociar ese parque industrial a una fuente energética y transmitir parte de esa energía a la cementera de Portland de ANCAP, que hace muchos años enfrenta dificultades. Queremos volver a la construcción de rutas y calles, y darle valor agregado al hormigón, especialmente al cemento nacional.
Ahora se va a invertir dinero que ya estaba destinado a Lavalleja, con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre. A través del Congreso de Intendentes se logró aumentar hasta un 50 % la posibilidad de usar esos fondos en la compra de maquinaria. Adquirimos maquinaria vial por 1.200.000 dólares y estamos planificando comprar una planta de hormigón portátil para poder trabajar en esa línea. En particular, queremos cambiar la forma de construir la caminería rural, combinando la tosca con cemento. Eso mejora la calidad del piso y aumenta la vida útil de la caminería, que en Lavalleja es muy extensa y está muy deteriorada, como en muchos departamentos del interior.
Otro de los proyectos que planteamos en campaña, y que está contemplado en el presupuesto nacional —si se aprueba—, es la reconversión de la vía férrea. Queremos que vuelva el ferrocarril de carga. Está previsto en el presupuesto nacional reconvertir la vía que va de Montevideo a Río Branco, con una primera etapa entre Montevideo y José Pedro Varela.
Ese proyecto fue impulsado inicialmente por los arroceros y creo que será muy beneficioso para varios departamentos: Montevideo, Canelones, Florida, Lavalleja, Treinta y Tres, e incluso Rocha. Seguramente los arroceros de Rocha también se acerquen a Varela o a las zonas donde puedan instalarse puestos logísticos de carga, para transportar la producción al puerto mediante el ferrocarril.
Esto va a reducir sustancialmente los costos y permitirá que el combustible y la madera vuelvan a ser transportados por tren. Además, abrirá las puertas a otros tipos de carga y ayudará a mejorar la caminería rural, porque al sacar los camiones de las rutas secundarias, se reduce el deterioro. Eso tendrá un impacto a corto, mediano y largo plazo en el interior de los departamentos.
También le planteamos al Gobierno nacional —ya lo habíamos hecho en campaña— la necesidad de extender la doble vía de la ruta 8 hasta la entrada de Minas. Algunos dicen que no es necesario, pero Lavalleja es el único departamento, dentro del radio de 100 kilómetros de Montevideo, que no tiene doble vía.
Una obra así tendría un impacto enorme para el desarrollo del departamento, porque Lavalleja forma parte del eje del Mercosur, a través de la Ruta 8. Sería clave para el turismo, por el acceso más rápido y seguro, y también para mejorar la circulación en los meses pico de verano, cuando la Ruta 9 y la interbalnearia quedan saturadas. Un bypass por Minas le daría vida a la ciudad y al departamento, además de mejorar la seguridad vial en el retorno a la capital. Tenemos que incorporar ese proyecto a la agenda política. Aún no está incluido, pero espero contar con los argumentos necesarios para que nos acompañen, porque creo que sería una obra de gran impacto, sobre todo para el desarrollo turístico de Lavalleja.
Durante un año vamos a contar con técnicos del BID que trabajarán en un programa financiado por ese organismo, llamado Turismo Digital 4.0. De ahí surgirá mucha información, y ojalá parte de ella sirva para mejorar la conectividad, lo que nos daría una herramienta más potente para convencer al Gobierno nacional de la importancia de una doble vía Montevideo–Minas.
¿Cómo evalúa la situación financiera de la Intendencia como para poder concretar todos estos objetivos?
Si nos comparamos con otras intendencias, la situación no es mala; es manejable. Puede haber alguna dificultad hacia fin de año que nos obligue a tomar un crédito, pero por ahora la proyección es controlable.
Las deudas principales corresponden a un fideicomiso: la primera cuota se pagó en septiembre, apenas asumimos, y quedan ocho años por delante para cancelar los 8 millones de dólares comprometidos, con el 20 % del subsidio destinado a ese fin.
Lo que estamos haciendo es reperfilar y reencauzar las inversiones, optimizando los gastos hasta fin de año, especialmente en diciembre, que históricamente es cuando más se gasta. Queremos evitar pedir un préstamo y comenzar el próximo año con el presupuesto disponible, administrando mejor los recursos.
También estamos mejorando los procesos: haciendo más llamados a precios, más licitaciones, y transparentando la gestión para optimizar el uso de los fondos. Se cortaron contrataciones que consideramos onerosas, pero somos conscientes de que hay áreas históricamente postergadas a las que habrá que destinar recursos, como cultura, ambiente y deporte.
Además, creo que deberíamos crear una Secretaría de Educación, aunque la Intendencia no tenga competencia directa en el área, para acompañar el proceso educativo de los ciudadanos desde la escuela hasta la tercera edad. Esa mirada más integral y transversal en el territorio requiere mayor involucramiento de la Intendencia.
Mencionaba recién que se hicieron algunos recortes. ¿Cuáles fueron, por ejemplo?
Por ejemplo, en la contratación de equipos. Teníamos alquilado un topador por casi 20 mil dólares mensuales, sin control de las horas de trabajo ni del consumo de combustible. Son gastos importantes que se detectaron fuera de los egresos habituales.
También estamos mejorando la logística para la reparación de la maquinaria vial. Hay máquinas que han estado paradas seis, siete u ocho meses; y cuando se detiene la máquina, también se detiene el funcionario asignado a ella. Eso no puede pasar, no sucede en ninguna empresa privada. Son cosas que debemos cambiar, revertir en el día a día, en la microgestión de cada una de las áreas de la Intendencia.
¿Y qué opinión te merece el mensaje presupuestal del Ejecutivo?
Yo me quedo con las palabras de economistas que no pertenecen al Frente Amplio y que hicieron una evaluación muy objetiva de la situación fiscal y financiera del país. Coincido en que el gobierno fue prudente, tanto en el mensaje hacia adentro como hacia afuera, al no salir a quejarse ni a llorar por la situación que recibió.
El presupuesto es una foto del país, de cómo está y de los compromisos que arrastra. Ahora lo que hay que hacer es revertir esa situación, aumentando la producción en distintas áreas y atrayendo nuevos inversores.
Desde el interior también tenemos que asumir esa mirada, porque somos parte del país y no debemos esperar que desde Montevideo se resuelvan todos nuestros problemas. Tenemos mucho para aportar al Gobierno nacional y también mucho por crecer desde la industria, la producción agropecuaria y el turismo.
Además, es fundamental mejorar la gestión de las empresas públicas. ANCAP, por ejemplo, arrastra desde hace años dificultades, como se ve en nuestra ciudad con la producción de cemento. Son problemas históricos, y si seguimos haciendo lo mismo, los resultados no van a cambiar. Tenemos que animarnos a hacer las cosas de otra manera.
¿Qué obras dejó pendientes la Intendencia anterior que impliquen un compromiso ineludible, como por ejemplo lo del cartel de Minas?
Bueno, el cartel de Minas hay que terminarlo. Es necesario reforzar la estructura que lo sostiene, especialmente en algunas letras, y construir una caminería de mantenimiento alrededor, así como un acceso para los ciudadanos que se acercan a sacarse fotos. También hay que iluminarlo, por lo que el costo va a aumentar. De todos modos, eso hay que hacerlo. Nosotros vamos a mantener la continuidad institucional del departamento, y todos los contratos que ya estaban en curso se van a cumplir.
Las obras que se planifiquen en el próximo presupuesto estarán centradas en la infraestructura necesaria, pero con una mirada fuerte en la generación de trabajo y en materia de turismo.
¿Qué proyectos están manejando para potenciar el turismo?
Por ejemplo, queremos mejorar la conectividad entre los múltiples puntos turísticos que tiene Lavalleja. La Intendencia tiene que asumir un rol fundamental en eso. Hoy, si alguien llega a Minas y pregunta cómo ir a Villa Serrana, no tiene cómo hacerlo si no paga un remis o un taxi. Ninguna empresa privada va a hacerse cargo de esa línea porque no es rentable por el volumen de usuarios. Entonces, esa inversión hay que asumirla desde lo público si queremos dar un salto de calidad y de cantidad en el turismo del departamento.
Además, queremos promover el desarrollo local con proyectos concretos, como la creación de una cocina comunitaria en Villa del Rosario o en Pirarajá. Son iniciativas que generan empleo genuino y fortalecen el crecimiento de las localidades del interior.
También hay obras de infraestructura deportiva y urbana previstas para la ciudad de Minas. Estamos diseñando una mejor conectividad entre el centro y la rambla, con una obra que ya estaba proyectada, pero que decidimos ampliar. La idea es potenciar ese espacio y conectarlo con un parque precioso, desconocido para muchos minuanos: el parque de la represa.
La semana próxima llegarán las autoridades de OSE para avanzar en ese proyecto. Se trata de un parque ideal para el senderismo, con varios kilómetros de monte nativo y el espejo de agua de la represa de Maggiolo, un lugar divino que muy pocos conocen y que tiene un enorme potencial turístico.
En su discurso de asunción dijo que uno de los problemas principales eran los contratos precarios. ¿Se avanzó en ese sentido?
Hay muchos, y por mucho tiempo, contratos precarios que generan inestabilidad laboral para los funcionarios. Por ejemplo, no tienen en su horizonte hacer una carrera administrativa y poder mejorar su condición como trabajadores. Eso hay que regularlo teniendo en cuenta que aproximadamente 60 funcionarios se jubilan por año. La idea es utilizar esos recursos para pasar de zafrales a contratos o a cargos presupuestados. Tenemos un gran desafío por delante que es la construcción del presupuesto departamental para los próximos cinco años y hay que incluir recursos y adecuar el número de funcionarios que tiene la Intendencia que está por encima de la media.
La Junta Departamental acaba de aprobar una comisión investigadora por presuntas irregularidades durante la pasada gestión, entre ellas la devolución de más de 8,4 millones de pesos al exintendente Mario García. ¿Qué lectura hace usted de esta decisión y qué elementos considera que llevaron a impulsarla?
Yo lo que no quiero es interferir con la independencia de poderes que tiene que haber entre lo ejecutivo y lo legislativo. Sé porque me lo transmitió el presidente de la Junta. Una vez que se iniciaron las dos preinvestigadoras, una no prosperó, que se votó para estudiar los procesos desde el inicio de nuestra gestión por un faltante de dinero que ocurrió durante este periodo de nuestra administración. Eso se aclaró y no se llegó a la investigadora por ese tema.
Lo que sí se votó, con la unanimidad de todos los ediles, que es un detalle no menor, es el estudio de la devolución de esos 8 millones de pesos que estaban destinados a la obra de la Junta Departamental. Ese dinero había sido reservado por la Junta Departamental, de su presupuesto, para la ejecución de la primera etapa de la obra que se realizó y por alguna razón que se desconoce, el dinero volvió a las arcas departamentales. No hay una explicación lógica para eso. Y después, lo otro que se va a hacer es un estudio del manejo de viáticos, por irregularidades no sé en qué periodo.
¿Qué medidas ha tomado su administración para asegurar que episodios de este tipo no se repitan?
Tenemos un pedido en curso, a través del Ministerio de Economía, a la Auditoría General de la Nación, para realizar una auditoría general. Eso lo hemos planteado en la campaña, no es con un fin de ir a buscar irregularidades, sino de estudiar los procesos que hay que modificar para modernizar la Intendencia y para tener una administración más transparente. En eso estamos.
¿Cómo le gustaría que se recuerde su gestión?
Lo que espero es entregar un departamento mejor que el que recibimos, y con gente motivada a seguir trabajando dentro de la Intendencia. Tengo que tener la capacidad de transmitir esa necesidad y lograr que los funcionarios de la intendencia y la gente vea los cambios. A veces uno trabaja en cosas que son invisibles y la política tiene que realizar cambios que sean visibles para que la gente siga creyendo en la política. Es necesario revertir ese discurso, que además prende fácil en la población, de que la política es mala, de que todos los políticos son corruptos, y eso no es así. Hay gente honesta que deja mucho para involucrarse, para construir una sociedad mejor y que quiere dejar algo para su pueblo, que le ha dado mucho.
