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Política DEA | Uruguay | Gobierno

"Es la política, estúpido"

Uruguay, la DEA y la comedia nacional

Un informe de la agencia de noticias inglesa Reuters, publicado por El Observador, generó múltiples notas, entrevistas y comentarios sobre por qué la DEA decidió cerrar su oficina en Uruguay en el año 2019.

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Caras y Caretas Diario

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La conclusión mayoritaria, incluída la del ministro del Interior, Nicolás Martinelli, es que “se fueron porque el Gobierno anterior no quería compartir información”.

Entre tantos temas que periódicamente el Ministerio del Interior lanza públicamente para intentar mitigar los graves problemas con el narcotráfico, se insistió con la necesidad de que la DEA abra una oficina por acá.

La relación entre Uruguay y la DEA no ha sido lineal. Esa agencia gubernamental no es la única con la que nuestra Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) se vincula. Delegados de organismos antidrogas de Países Bajos, Francia, Inglaterra, Sudáfrica y Rusia visitan, o visitaban, periódicamente nuestro país hasta no hace muchos años.

El nexo en Uruguay siempre fueron las autoridades del Ministerio del Interior y en particular las de la DGRTID.

En el año 2019 la Agencia se fue de Uruguay. Según consignó Reuters en su informe, Carlos Mitchem, alto funcionario de la DEA para el Cono Sur, dijo que “la Policía no quería compartir información”. El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, subió la apuesta y dijo que “el Gobierno anterior no quería colaborar y por eso se fueron”.

Pero dos exdirectores nacionales de Policía y de la DGRTID, Roberto Rivero y Mario Layera, desmintieron esa información y coincidieron con que “tal vez sea una opinión personal de algún agente, pero no nos consta que la Agencia piense eso”.

A fines de los 90 y principios del 2000, Rivero, como director de la DGRTID primero y director nacional de Policía después, mantenía contactos habituales con la DEA. Tanto que en un encuentro casual en el hotel Conrad le presentó a este cronista a Chris Verdugo, un agente que investigaba al Cártel de Juárez, quien nos entregó su tarjeta personal.

Por su parte, en entrevista del informativo Sarandí, Mario Layera, quien ocupó los mismos cargos que Rivero, desestimó que la agencia de Estados Unidos se haya retirado de Uruguay por no poder coordinar trabajos con la Policía. “Yo estuve 18 años en la dirección de drogas que es la encargada de mantener las relaciones internacionales en cuanto al intercambio específico del narcotráfico, nunca tuvimos una restricción con la DEA, siempre tuvimos capacidad e independencia técnica para intercambiar información”.

Consultado sobre si a las administraciones del Frente Amplio le costaba más que a otras trabajar en coordinación con agencias de Estados Unidos, el exdirector de Policía señaló: “La DEA es una agencia del Gobierno de Estados Unidos y es la que tiene mayor presión de la estrategia. Nosotros no tuvimos problemas con la DEA por la ideología. En 2006 con el Frente Amplio se hicieron los trámites para abrir una dependencia de la DEA acá en Uruguay. El trámite para que llegara a Uruguay demoró 8 años porque precisaba la aprobación del Congreso de Estados Unidos, y en ese tiempo la situación cambió”.

Esta misma semana, Caras y Caretas informó que la embajadora de EEUU, Heide Fulton, entrevistada por esta revista en noviembre de 2023, aseveró que la DEA no tuvo una "base de operaciones en Uruguay, sino que se trataba de una oficina muy chica, con un par de funcionarios que actuaban como enlace con las autoridades de Seguridad de Uruguay; enlace que continúa vivo y operativo, solo que en lugar de hacerlo desde Uruguay, se trabaja desde Buenos Aires”.

Agregó que “su Gobierno no está en conversaciones formales para reabrir una oficina de la DEA en Uruguay, y que el motivo por el cual cerró fue un tema de redistribución de recursos en la región”.

En julio de 2021, entrevistado por Gabriel Pereyra en el programa ADN de VTV, el encargado de negocios de Estados Unidos en Uruguay, Eric Geelan, afirmó que "el cierre de la oficina de la DEA en Montevideo se debía a un tema presupuestal".

Otras fuentes policiales dijeron saber que desde los 90 la DEA no confiaba ni en la Aduana ni en Prefectura Naval uruguayas “porque había amplios nichos de corrupción”.

Lo cierto es que las prioridades de la Agencia cambiaron, ahora su mayor problema no es la cocaína sino el fentanilo que está haciendo estragos en el Norte. Y por ahora Uruguay no está en ese mercado ni se envía cocaína a EEUU.

También es cierto que en algunos países la agencia estadounidense actúa de una forma que la legislación uruguaya no permite.

Pero en los hechos, a fines del año pasado una delegación de la DEA ofreció charlas, más enfocadas en temas de salud que en represivos, a integrantes del Poder Judicial, Fiscalía, ministerios del Interior y Salud Pública, entre otros.

El perro que fuma

La nota publicada por El Observador menciona la molestia de la DEA con la Policía uruguaya por el caso de Amir Alial González, expropietario del bar “El perro que fuma” frente al puerto. Pero no cuenta toda la historia.

“El exjefe de la DEA en Montevideo dijo que era un secreto a voces que ese lugar era frecuentado por narcotraficantes y su entonces propietario era sospechoso de enviar cocaína a Europa”.

Entonces, en el 2018 trajeron a un informante colombiano para que intentara vincularse a González y comprar una carga. Pero cuando compartieron la información con la Policía uruguaya “no les gustó lo del informante y le pidieron que abandonara Uruguay. Dijeron que era una trampa”.

Una semana después, la Policía detuvo a González por traficar 417 kilos de cocaína oculta en lana sucia. Fue condenado a 7 años de prisión.

Un ex alto jerarca de DGRTID dijo a Caras y Caretas que “es difícil encontrar en el actuar policial y de Fiscalía la utilización del agente encubierto, dado que, acorde a las formalidades del artículo 64 de la ley 19.574, hay que cumplir con determinados requisitos y una cuidadosa selección de quien cumplirá la labor”.

Agregó que “en 1983 en el departamento de Salto se realizó un procedimiento que involucró a un ciudadano paraguayo, bajo un proceder encubierto. Quien lo ejecutó fue el oficial principal Sojer, que integraba el organismo antidrogas e inclusive le llegaron a dar el premio al mejor policía del año. Ese jerarca, por otras causas, estuvo procesado, fue dado de baja y terminó trabajando de camionero. El procedimiento fue fabricado y provocó la comparecencia de las jerarquías antidrogas en el Juzgado Letrado de Salto, donde supongo estarán archivadas las actuaciones. El juez de la causa en primera instancia fue Daniel Borrelli, quien protegió a los policías involucrados aunque su actuación fue sin amparo legal”.

Pero la Policía no estaba quemada solo por este caso, sino por uno más grave que ocurrió en Maldonado y también tuvo a Amir González como uno de los protagonistas.

A comienzos de abril de 2011, el comisario inspector César Alvez, director de Investigaciones de la jefatura de Policía de Maldonado, estaba en medio de un caso que involucraba a un veterano narcotraficante que le ofreció un millón de dólares para “liberar las rutas del departamento” a los efectos del pasaje de un cargamento de cocaína con destino a Europa.

El caso llegó a la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) y al juzgado del Crimen Organizado, encabezado entonces por el juez Jorge Díaz. Pero el operativo que permitiría la captura del narco afincado supuestamente en la zona de Laguna Garzón, a último momento fue abortado.

El periódico Maldonado Noticias recuerda que, según documentos oficiales de abril del año 2011, el juez penal de 4º turno de Maldonado en aquel entonces, Gabriel Ohanián, y el fiscal Luis Pacheco, estaban informados de los contactos que el narcotraficante pretendía sostener con el jerarca policial.

El 5 de abril de 2011, en conocimiento del juez, Alvez concurrió a la zona de Laguna Garzón a reunirse con Amir González, que pretendía “arreglar” por 1 millón de dólares la liberación de toda presencia policial de las rutas de Maldonado en fecha y horario a confirmar.

El objetivo era lograr el salvoconducto más seguro para el pasaje de un millonario cargamento de cocaína con destino al puerto de Montevideo, desde donde se despacharía a Europa. La operación podría reiterarse en forma mensual, habría alertado el narco.

Frente a la magnitud de los hechos, ese mismo día se decidió elevar el caso a la órbita del Juzgado de Crimen Organizado a cuyo frente estaba el doctor Jorge Díaz, para que elaborara el plan tendiente a desbaratar lo que sin dudas era una muy poderosa organización.

Así se dio forma a un complejo procedimiento con personal de la DGRTID, y la participación del comisario inspector César Alvez y otros dos efectivos de la Brigada de Narcóticos de la Policía de Maldonado que actuarían como agentes encubiertos.

Sin embargo, pocos días antes, cuando desde el punto de vista técnico y logístico todo estaba pronto, el megaoperativo fue abortado sin que se conocieran a fondo las causas, aunque las razones estarían fundadas en los riesgos que correrían los efectivos participantes.

Para protegerlos, los policías que intervendrían, entre otras cosas, debían cambiar de domicilio y lugar de estudio de sus hijos, y se les entregaría dinero en efectivo para reencauzar su vida familiar lejos del alcance de otros “brazos” de la organización, si todo terminaba en forma exitosa.

Pero 20 días después César Alvez y los dos policías de Maldonado que participarían en el gigantesco procedimiento fueron procesados por delitos vinculados al contrabando. El procedimiento se originó en torno a una camioneta que, robada en Brasil, ingresó ilegalmente a Uruguay, fue utilizada por el alto jerarca policial varios meses, y luego vendida, aparentemente en el departamento de Rocha.

Aunque la camioneta nunca apareció, la jueza penal de 2º turno de entonces, Adriana Graziuso, envió a prisión al comisario inspector Alvez por un delito de contrabando, y los otros dos policías fueron procesados con prisión domiciliaria por igual delito.

Un año antes, la jueza Graziuso había procesado con prisión a un vendedor informal de automóviles de Maldonado y a un abogado penalista. El primero fue imputado por 5 delitos de receptación, y el abogado por 3 delitos similares.

Ocurre que en el año 2018 la Justicia absolvió a Alvez y a los dos funcionarios policiales de narcóticos, por lo que el Ministerio del Interior debe resarcirlos por los daños sufridos con la afectación de su carrera.

La jueza Graziuso no pudo ser sancionada porque entonces ya había renunciado al Poder Judicial para ocupar un cargo en el Gobierno del intendente Enrique Antía.

Los operativos internacionales en Uruguay

Uno de los operativos más importantes realizados por la DEA, con participación de la Policía uruguaya, fue la detención del argentino Raúl Vivas, que operaba el Cambio Italia en Punta del Este. Un tribunal federal de San Francisco investigaba una organización delictiva llamada “La Mina”, que a través de Vivas había logrado “lavar” unos mil millones de dólares del Cártel de Medellín.

En octubre de 1979, Aparicio Méndez, presidente de facto, había firmado un decreto consagrando a Uruguay como plaza financiera internacional. El decreto reglamentaba el tránsito y comercialización de metales preciosos, oro, plata y platino, completamente exentos de todo impuesto y tributos, e incluso de cualquier registro.

Ese documento oficial convirtió el delito en acto legal: oro contrabandeado de Brasil, de Venezuela e incluso de Sudáfrica se legalizaba ni bien entraba al país. Durante cuatro años, entre 1982 y 1986, Uruguay fue el primer exportador de oro a Estados Unidos, a un promedio de 100 toneladas por año.

Allí surgió el primer vínculo político importante, porque el dinero se lavó con la participación del Cambio Dayna, propiedad de Ariadna S.A., cuyo presidente era Ángel María Gianola, dirigente herrerista y, entre 1994-1995, ministro del Interior del Gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera. El Cambio Dayna fue cerrado por el BCU, pero no hubo otras consecuencias.

Vivas estuvo detenido en la cárcel de Las Rosas y poco después el juez de Maldonado, Gabriel Adriasola, lo extraditó a Estados Unidos, donde la Justicia de ese país lo condenó a 515 años de penitenciaría.

En febrero de 1991, y a partir de un exhorto emitido por el juez español Baltazar Garzón, policías de ese país y de Uruguay detuvieron en el hotel Playa de Punta del Este, donde se alojaba, al cubano-panameño Ramón Puente Patiño, contador del Cártel de Cali. Allí surgían fortalezas y debilidades de nuestra Policía. Mientras el oficial Ruben Ferrizo rechazó y denunció una coima de 50.000 dólares que le ofreció Puente, el entonces jefe de Investigaciones de Maldonado, “el Feto” Barrios, fue descubierto por los españoles mientras intentaba robar la agenda del narco donde estaban los nombres de Amira Yoma, cuñada de Menem, y su marido, Ibrahim al Ibrahim, entonces director de la Aduana de Ezeiza. Ferrizo murió cinco años después en un extraño accidente de tránsito, en cambio Barrios continuó al frente de la dependencia policial.

En la agenda, en realidad un cuaderno escolar de tapas duras, se consignaba la cantidad de dinero que cada uno había trasladado desde EEUU para depositar en las sucursales de los bancos Pan de Azúcar y Discount ubicadas sobre Gorlero.

Acusado de haber ingresado 15 toneladas de cocaína a EEUU, Puente Patiño fue extraditado a ese país para cumplir una condena de 30 años.

El 31 de mayo de 1999 la revista argentina Noticias entrevistó a Abel Reynoso, jefe regional de la DEA, quien dijo que “investigaba una red que lavó unos 1.300 millones de dólares provenientes de coimas por privatizaciones, venta ilegal de armas y narcotráfico”. Sostuvo que en su agenda figuraban 3 bancos, 14 sociedades fantasmas y los nombres de importantes políticos: Ignacio de Posadas, Alcides Diniz, Emir Yoma, Juan Salinas de Gortari, Fernando Collor de Mello, Carlos Menem y Luis Alberto Lacalle”.

El agente explicó que “en esa investigación participaron el FBI y la US Securities and Exchanges Commission (SEC) y desemboca en un estudio jurídico uruguayo con fuertes lazos con el expresidente Lacalle”, en obvia referencia al estudio del senador y ministro de Economía del Gobierno blanco, Ignacio de Posadas.

Noticias entrevistó a Lacalle, quien después de recordar que “de Posadas fue su ministro estrella”, aseguró que no sabía “de ninguna investigación y que el país tiene leyes especiales. Es una acusación infundada… El Estudio Posadas se dedica a la confección de holdings. Pero él vende una sociedad anónima como un herrero le vende un cuchillo. Después, lo que usted haga con el cuchillo es problema suyo”. A su vez, Ignacio de Posadas calificó como “macanas” las acusaciones formuladas por el Senado de Brasil sobre su participación en el Caso Collor. Aunque años después se confirmó que el expresidente brasileño había ocultado dinero en sociedades armadas por de Posadas.

“Estoy esperando un balazo”, dijo Reynoso a Noticias. La publicación agrega: “No lo mataron, es cierto. Pero alguien le tenía preparadas las maletas”. El jefe de la DEA fue destituido, según consigna la revista, “por las presiones realizadas por integrantes del gobierno encabezado por Carlos Menem ante la Embajada de los Estados Unidos”.

Algo parecido le ocurrió al inspector Roberto Rivero, nombrado por el presidente Jorge Batlle como director nacional de Policía y calificado como “el mejor policía”.

Rivero había recibido información confidencial de cuatro agencias norteamericanas antidrogas detectando actividades de lavado en el Uruguay por parte de integrantes del Cártel de Juárez, liderado por Amado Carrillo Fuentes. Se constató el lavado de 63 millones de dólares, de los cuales se detectaron USD 11.752.229 en Argentina y casi dos millones más en Uruguay. Las agencias informan a Rivero a través de los informes top secret n.º 2, 8, 9, 10, 11 y 12, "clasificados", con advertencia de ubicarlos en "registros no rastreables".

De la información surge que el dinero que ingresó a Uruguay en setiembre de 1998 se utilizó en cinco transacciones inmobiliarias. La primera fue la compra de la casa puntaesteña del periodista Danilo Arbilla, días después de que el narcotraficante Di Tulio y su íntima Beatriz Llera adquirieron la sociedad anónima Sasur para utilizarla en la emergencia, que tenían sede en la oficina del escribano Javier Morassi, amigo y notario de Arbilla. La residencia se compró en un momento económicamente complejo para Argentina y Uruguay y a un precio que a los investigadores llamó la atención.

El 16 de marzo del 2000 la Brigada Antidrogas de Punta del Este presentó a la Justicia una denuncia penal para investigar los bienes del Cártel de Juárez en Uruguay, en la que se menciona a Arbilla y a su escribano como presuntos cómplices.

El 1° de junio el inspector Rivero fue destituido de la Dirección Nacional de Policía. El ministro del Interior Guillermo Stirling dio como motivos "discrepancias en la conducción de la lucha antidrogas", pero durante toda una semana calificó a Rivero como "un policía honesto, de gran capacidad, un hombre de carrera brillante".

El 9 de junio el semanario Brecha publicó una nota afirmando que la destitución del inspector Rivero se debió a su negativa a dejar de investigar a Arbilla. Consultado por la prensa, el ministro Stirling explicó que a Rivero se le destituyó por haber amenazado y acusado sin pruebas a Arbilla, y lo calificó de "terrorista de Estado".

Danilo Arbilla comenzó a recorrer medios de comunicación sosteniendo estar siendo víctima de un complot del inspector Rivero, de la izquierda radical, de la Policía argentina, del servicio de aduanas de EEUU, del diario "La República", de la revista "Posdata" y de los semanarios "Brecha" y "Mate Amargo", medios de prensa interesados en desprestigiarlo a él y al semanario Búsqueda.

Rivero había metido el dedo en una llaga enorme de este Uruguay que vinculaba a poderosos empresarios, figuras conocidas, políticos y, en los hechos, al sistema financiero, sospechado de ser un enorme lavador de dinero proveniente del narcotráfico y coimas.

La respuesta del sistema no se hizo esperar. Había que salvar a los investigados; había que salvar al sistema financiero que estaba en la mira del GAFI a punto de incluir a Uruguay en la nómina de paraísos fiscales; y también había que salvar a algunos políticos que participaron, aunque más no sea como profesionales, en las maniobras que provocaron este desastre.

En términos populares, Rivero fue “la cabeza de turco” y pagó cara su osadía de intentar una investigación “pesada” hasta para la jerga policial. Era también un mensaje por elevación. ¿Qué policía se animaría a futuro a investigar a uno de estos poderosos personajes?

En abril del 2016 fue detenido, casualmente en Punta del Este, Gerardo González Valencia, hermano del capo de Los Cuinis. El Gobierno de Estados Unidos considera que "Los Cuinis" son la organización mexicana de tráfico de drogas más rica del mundo, con más poder que el reconocido "Cártel de Sinaloa" fundado por Joaquín "el Chapo" Guzmán, según un informe de la DEA.

La investigación determinó que el dinero blanqueado por el hermano del líder provenía de ese cártel mexicano. El hombre estaba al frente de varias inversiones inmobiliarias en Punta del Este, que eran canalizadas a través de tres sociedades anónimas offshore panameñas, según los datos de los denominados Panamá Papers.

La Agencia compartió esa información con la Policía uruguaya, que lo detuvo en su residencia esteña.

Si el puerto no tiene scanners no es responsabilidad ni de la DEA ni de la Policía uruguaya. Si el Estado no combate eficazmente el lavado de dinero, tampoco es responsabilidad de esas fuerzas.

Y si la droga entra y sale como “perico por su casa”, tal vez ocurra por los amplios nichos de corrupción existentes.

¿Qué hace la DEA?

La DEA (Drug Enforcement Administration) fue creada en 1973 por el entonces presidente de EEUU Richard Nixon, con una misión única: controlar, reprimir y disminuir el suministro, distribución y consumo de narcóticos en ese país mediante la aplicación de estrictas leyes y ahora con la ejecución de complejos y multimillonarios programas conjuntos en los países donde se produce y por donde transita la droga, muchos de estos en el continente americano.

De acuerdo a un informe de la BBC de Londres, “desde el punto de vista de la agencia y de muchos encargados de la políticas de estupefacientes, la DEA considera que ha logrado muchas de sus metas; reduciendo la producción de drogas en varias regiones, interceptando e incautando inmensos cargamentos ilícitos, desarticulando carteles del narcotráfico y llevando a la justicia o liquidando a los capos del crimen organizado.

Pero los críticos sostienen que la llamada guerra contra las drogas –de la cual la DEA forma parte como una de varias agencias– ha sido un fracaso. Mientras se reconocen algunos aciertos, tras miles de millones de dólares invertidos y decenas de miles de vidas perdidas, el balance es negativo sobre todo para los pueblos de América Latina”.

La agencia antidrogas es la mayor organización mundial en el combate contra los narcóticos y la única institución gubernamental de ese país que se concentra solo en esa tarea que la propia DEA describe como "una guerra total y global contra la amenaza de las drogas".

En 1973 empezó con un presupuesto de menos de 75 millones de dólares, pero ahora goza de una inversión del Gobierno federal de más de 3.000 millones de la misma moneda anuales, con cientos de oficinas en EEUU y el exterior y miles de agentes, investigadores y especialistas.

La DEA tiene algunas autoridades propias y otras que comparte con otras agencias federales como el FBI, el Departamento de Seguridad Interna y la Guarda Costera.

La Agencia se jacta de sus logros en Colombia contra los carteles de Medellín y Cali, cuyas estructuras fueron desmanteladas y sus líderes ultimados o encarcelados. Luego vino el Plan Colombia, un costoso y polémico programa de asistencia de la Administración de George W. Bush que tenía aspectos militares y de contrainsurgencia pero en el cual la DEA participaba en la persecución, detención y extradición de capos, guerrilleros, paramilitares y otros dedicados al narcotráfico.

En cambio, México debe mencionarse como uno de sus mayores fracasos. Aunque se logró la captura y extradición de capos importantes y la incautación de grandes cargamentos de droga, se desató una insoportable ola de violencia por organizaciones criminales envalentonadas y una crisis de gobernabilidad por la infiltración y corrupción de las instituciones del Estado.

En febrero de 1985, Enrique Camarena, un agente de la DEA que se había infiltrado en el cártel de Guadalajara, liderado por Rafael Caro Quintero, fue secuestrado, brutalmente torturado y asesinado. Le rompieron huesos, los dientes, lo quemaron y violaron analmente con un palo. En un momento de los interrogatorios, que fueron grabados en cinta de audio, se llamó a un médico para que reanimara a Camarena cuando éste se desmayaba, y poder seguir con las torturas y las preguntas. Cuando finalmente entró en coma se le dio muerte golpeándole con una barra de acero en la cabeza.

El narco Caro Quintero era el dueño del Rancho Búfalo, donde había una plantación de 1.000 hectáreas de marihuana que fueron destruídas por el Ejército méxicano después de recibir información del agente Camarena.

La producción anual se valoró en más de ocho mil millones de dólares, lo que fue la segunda operación antidrogas más grande hecha por la DEA después de que ese mismo año se desarrollara en la selva colombiana la operación que terminó con el desmantelamiento del complejo de laboratorios Tranquilandia, en la que se incautaron 14 toneladas de cocaína propiedad de Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar Gaviria, socios internacionales del cártel mexicano.

La versión oficial difundida por los Gobiernos de México y EEUU decía que, como represalia, Caro Quintero ordenó el secuestro y muerte del agente de la DEA.

Pero en el 2013 tres agentes federales de EEUU declararon que Camarena fue asesinado por Félix Ismael Rodríguez, alias ”el Gato”, un cubano miembro de la CIA que participó en la frustrada invasión de Bahía de Cochinos y en la muerte de Ernesto “Che” Guevara en Bolivia en 1967.

Phil Jordan, exdirector del Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC); Héctor Berrellez, exagente de la DEA; y Tosh Plumlee, expiloto que en ocasiones realizó trabajó para las agencias federales, dijeron a la cadena Fox News que policías mexicanos y particulares estadounidenses relacionados con la CIA participaron en las torturas a Camarena en 1985 y que incluso las grabaron en video. Un portavoz de la CIA lo negó rotundamente: “Es ridículo”.

“El Gato” Rodríguez introdujo en México al hondureño Juan Matta, quien servía de enlace entre los narcos colombianos y el cártel de Guadalajara en los años 80. En esa época Caro Quintero era “el jefe de jefes”. Matta contaba con la aprobación de las autoridades (o al menos se hacía la vista gorda) como operador de la CIA y traficaba asiduamente con cocaína y marihuana. Parte de las ganancias las recibía la CIA, que a su vez las destinaba a los contrarrevolucionarios de Nicaragua, que lo utilizaban para comprar armamento. Era una forma indirecta para EEUU de financiar la lucha contra el régimen sandinista. Camarena descubrió esa conspiración y firmó su sentencia de muerte.

Hay agentes de la DEA que afirman sin pruritos que “la CIA es el mayor traficante de drogas del mundo”. Y basan esa opinión en que la droga es la mercadería de intercambio para operaciones políticas.

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