El precandidato del Partido Nacional (PN) Luis Lacalle Pou hace unas semanas sorprendió a la izquierda cuando dijo que si fuera gobierno no eliminaría las políticas sociales. Incluso afirmó tajantemente que pretendía ahorrar 900 millones de dólares por año, «mejorando la calidad del gasto” y “aumentando la eficiencia”. Sin embargo, ¿esto es realmente posible? El economista, docente de la Universidad de la República y asesor del Instituto Cuesta Duarte, Pablo Da Rocha, dijo a Caras y Caretas que es irrealizable y podría suponer un “juego semántico”.
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“La propuesta de Luis Lacalle Pou no es realizable y para llevarla a cabo se tendría que ir contra las políticas sociales y por tanto contra los sectores más vulnerables. (…) Creo que hay un discurso que puede ser utilizado con fines electorales en torno a que no habrá recortes, pero después, cuando uno empieza a analizar las propuestas en concreto, parecería ser que todo es por la vía de la reducción del rol del Estado”, afirmó Da Rocha.
Según sus palabras, la pregunta sería si hay posibilidades dentro del Estado para reducciones de esa magnitud.
“En lo personal creo que no las hay ni por la vía de la mejora de las compras públicas ni por el no llenado de vacantes”, agregó.
Da Rocha afirmó que una de las soluciones para conseguir montos incluso mayores a la propuesta de Lacalle Pou es una reforma de la Caja Militar. “Un ejemplo es la Caja Militar, si se reformara, en un solo año se lograría más de lo que se conseguiría en 5 por el no llenado de vacantes de la propuesta de Lacalle Pou; entonces me parece que su postura tiene que ver con no querer gravar a los que espero que me voten a mí”, agregó.
¿Por qué no se pueden ahorrar 900 millones de dólares sin sacar políticas sociales?
Según Lacalle Pou, se pueden ahorrar 900 millones de dólares sin aumentar impuestos ni recortar políticas sociales. Para lograrlo, se necesitaría mejorar la calidad del gasto, reduciendo las compras, aumentando la eficiencia y no llenando las vacantes en los empleos públicos.
Sin embargo, Da Rocha afirmó que la propuesta de Lacalle Pou “maneja muchos supuestos”; por ejemplo, con respecto al no llenado de vacantes, porque presupone que el Estado se va a mantener estático en 5 años.
“No creo que el Estado se mantenga igual por 5 años, salvo que se esté pensando en asignarle un rol diferente”, explicó.
El especialista señaló que no se puede cuantificar cuánto dinero se podría obtener por medio del no llenado de vacantes; lo mismo sucede cuando se hace referencia a mejorar la eficiencia de las compras públicas.
“Lo que creo que tiene la propuesta de manera soslayada es que consideran que hay que achicar el Estado. Es en ese sentido que suena preocupante. Porque si no se quieren llenar vacantes, da la impresión de que esos puestos no son necesarios. Lo que ellos entienden es que el tamaño del Estado es demasiado grande y que hay margen para reducirlo, lo cual es curioso”, opinó.
Si uno analiza la evolución del personal público, a partir de los datos de la Oficina Nacional de Servicio Civil, se puede ver que, entre altas y bajas, el crecimiento durante el último año fue un poco inferior a 4.000, explicó el economista.
Según da Rocha, de esos 4.000 funcionarios, el 80% era destinado en primer lugar a la enseñanza, luego a los gobiernos departamentales, seguridad, defensa y, por último, a salud.
“Prácticamente no queda margen para reducir vacantes. Los incrementos han sido en las áreas que ellos señalan específicamente en su propuesta que no serían reducidas. Por tanto, por la vía del llenado de vacantes lo veo difícil. Después lo que habría que discutir es si es oportuno”, agregó.
Recordó que en las empresas públicas hay un instructivo que dice que sólo se pueden llenar dos tercios de las vacantes, por lo que ya se está registrando una reducción del personal.
“La pregunta es si en un país como el nuestro, donde se pretende que las empresas públicas puedan contribuir al desarrollo, atribuyéndole mayores funciones y actividades, es necesario el no llenado de vacantes. Uno tendería a pensar que, a medida que los servicios son mejores, se necesita mayor personal”, agregó.
Consideró que creer que la única vía para reducir el déficit fiscal es por la reducción de los egresos es cuando se “cometen errores”, ya que hay muchas restricciones vinculadas a los gastos.
“Salvo que haya un supuesto implícito, que no lo mencionan, en el que se diga que el Estado es un desastre, que gasta mal, que es ineficiente, y que sobran funcionarios, la propuesta no tiene cabida. En ese caso, hay que decir las cosas por su nombre”, agregó.
Lo que los políticos no quieren mencionar: los impuestos
Lo importante es que los políticos hablen sobre cómo mejorar los ingresos del Estado, explicó Da Rocha.
“Entiendo que la propuesta de Luis Lacalle Pou no se hace firme porque tiene implícitos algunos supuestos. Le cuesta muchísimo trabajo a cualquier precandidato decir que de cara a la próxima administración hay que llevar adelante un ajuste. La pregunta es quién va a cargar con ese ajuste. Una cosa es que lo cargue el Estado, los trabajadores o quien tenga la capacidad para enfrentarlo”, agregó.
Lo que está implícito en el discurso de Luis Lacalle Pou es que siempre el que parecería tener la culpa del exceso de gasto es el Estado, reflexionó Da Rosa.
“Ha prevalecido mucho el discurso de que la presión tributaria no se puede tocar. En cualquiera de los partidos saben que desde el punto de vista electoral anunciar siquiera alguna modificación, ni estoy diciendo crear impuestos, parece ser que va contra los intereses electorales de cada uno de ellos. Pero la principal vía de mejora de la situación fiscal va a provenir justamente de las modificaciones tributarias”, agregó.
Según el economista, lo que debería guiar el sistema tributario es la “equidad horizontal y vertical”, que significa que, a medida que la capacidad contributiva de las personas va mejorando, la carga pueda aumentar.
El juego semántico
Da Rocha advirtió que detrás del discurso de no reducción de políticas sociales, propuesto por el líder herrerista, puede haber un “juego semántico”. “Cuando uno dice que no va a cortar las políticas sociales, sin mencionar en definitiva de qué estamos hablando, es un juego semántico. A mí me gustaría que me aclararan cuando hablan de política social a qué se están refiriendo. Muchas veces caemos en la tentación de dar por sentado que estamos hablando el mismo idioma y eso no pasa. Yo puedo considerar que las acciones que otros llaman políticas sociales no lo son, por lo que si llego al gobierno puedo sacarlas. En el fondo puede ser perfectamente una discusión semántica”, agregó.
Lo mismo puede pasar con la normativa laboral cuando en el programa de Lacalle Pou se hace mención a la flexibilización, dijo el economista.
“¿De qué estamos hablando? Porque después me tengo que guiar por las declaraciones públicas que hicieron algunos de los legisladores y asesores de Lacalle Pou cuando hacen referencia a que lo que hay que hacer es promover la negociación colectiva a nivel de empresa o que hay que contemplar realidades geográficas como si tuviera que haber un laudo para Montevideo y otro para el interior. Entonces, es dudoso. Te dicen voy a mantener los Consejos de Salarios, pero… y en el pero se encierra todo y se esconde todo”, agregó.
“El Partido Nacional ha declarado también que hay muchas políticas que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social que cree que no contribuyen justamente a la mejora de bienestar y por lo tanto no la considera un gasto social. Es más, hasta pueden considerar que no está bien realizarlo y por lo tanto no considerarlo de esa manera gasto social”, advirtió Da Rocha.
Según sus palabras, en estos tiempos de elecciones hay que ser “claro”; sin embargo, ningún candidato lo va a ser hasta que se defina primero su candidatura.
“Hasta el 30 de junio vamos a tener estos discursos con cierto grado de abstracción que van a coquetear con las ideas, pero que nunca van a ir al hueso de lo que están diciendo. También le temo a que la semántica esté jugando su rol en los programas, discursos y en los debates a través de los medios”, reflexionó.
La solución a la educación: políticas para primera infancia
Da Rocha afirmó que la solución para aumentar la calidad educativa es que el Estado destine más dinero a políticas para la primera infancia.
El principal factor que explica los resultados educativos son las desigualdades de origen; si uno quiere generar un gran cambio, lo que tiene que hacer es otorgar la oportunidad que hoy muchos niños no tienen, explicó el economista.
Sostuvo que pensar que el problema pasa por crear escuelas de tiempo completo y por lograr que los docentes estén más formados es “seguir sin entrar al hueso de la cuestión”.
“Para generar el gran salto en la educación, tenemos que ver que las oportunidades tienen que darse desde la infancia, porque es el momento más valioso de nuestras vidas. No es lo mismo ir a la escuela cuando tu estómago está haciendo ruido. Esa es la verdadera mirada. Pero nadie se anima en gastar en primera infancia, porque los resultados se ven de 10 a 15 años después. El día que asumamos que tenemos que construir políticas de Estado que trasciendan los periodos electorales, ahí habrá esperanzas”, agregó.
La propuesta de Luis Lacalle Pou
Según lo que se afirma en el programa del líder herrerista, “Uruguay tiene el déficit fiscal más alto desde la salida de la crisis de 2002” y un crecimiento de este tipo de la deuda “no es sostenible”.
“El gasto público crece sin control y es de mala calidad. Quien haga propuestas sin explicar de dónde saldrán los recursos para financiarlas estará haciéndoles trampas a los ciudadanos. Al mismo tiempo, las soluciones que algunos proponen pueden llevarnos a una situación peor”, se agrega en el programa.
Si se limita a recortar y achicar el Estado, se puede generar desempleo y problemas sociales por los que el camino es la “austeridad para liberar recursos”, se sostiene en el documento.
Para eso hay que “fortalecer controles”, eliminar “gastos superfluos”, evaluar resultados y proponer una “nueva manera de gestionar”.
“Proponemos políticas públicas más inteligentes y mejor coordinadas, que eviten superposiciones y aseguren un mejor uso de los recursos (…) Proponemos una cultura de gobierno que deje de festejar el aumento del gasto como un fin en sí mismo, y festeje el logro de mejores resultados a menores costos. La alternativa no es entre el despilfarro y el ajuste”, se agrega.
Una de las soluciones en la que más hincapié se hace en el documento es el no llenado de vacantes.
“En 2017 hubo 26.166 bajas de funcionarios públicos por todo concepto. Si no se cubrieran anualmente el 21% de estas vacantes, se generaría un ahorro de 100 millones de dólares por año (lo que representa un acumulado de 500 millones en el quinquenio). Queda excluido de esta propuesta el personal afectado a tareas asistenciales, personal docente y personal ejecutivo del Ministerio del Interior y servicios no personales”, se agrega.