Cientos de miles de ciudadanos bolivianos debieron resguardarse en otros países ante la ola de violencia, persecución y amenazas que se desató desde el 10 de noviembre de 2019, cuando militares y policías forzaron la renuncia y la salida del primer presidente indígena del país altiplánico.
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Entre ellos están Nardi Suxo, exembajadora de Bolivia en Austria, y el exviceministro Martín Bazurco, que tras las amenazas recibidas por parte de la Policía se vio obligado a abandonar su país. Ambos confiesan a Sputnik que se preparan para garantizar que se respete la voluntad del pueblo en unas elecciones que podrían definir el futuro político de esa nación.
«Todos los bolivianos que estamos en el exterior estamos con mucha esperanza porque sabemos que nuestro pueblo es sabio y ha sido testigo de lo que ha sucedido en estos 10 meses en los que han empezado a derrumbar todo lo que se había construido con el Gobierno de Evo, que es un Gobierno del pueblo. Así que estamos con mucha esperanza, mucho ánimo y optimismo para que el domingo 18 de octubre vuelva la democracia, la libertad y la dignidad de los bolivianos», expresa Suxo.
Al igual que en Argentina, los bolivianos en España denuncian las trabas impuestas por el Gobierno de facto liderado por Jeanine Añez que dificultaría el voto en el exterior, específicamente en lugares donde el apoyo al partido de Morales es mayoritario.
«Hay muchos obstáculos que están poniendo a los bolivianos en el exterior. Hay cambios de recintos electorales que no son comunicados oportunamente y hay una incertidumbre entre los bolivianos y bolivianas que quieren ejercer su derecho al voto», denuncia Suxo.
«Lamentablemente el Gobierno de facto de Jeanine Añez a través del Tribunal Supremo Electoral, que cuenta por personas nombradas por ellos, ha inhabilitado a un gran número de personas en el exterior y hemos hecho reclamos ante el TSE [Tribunal Superior Electoral] para que se garantice que todos los bolivianos y bolivianas podamos ejercer nuestro derecho al voto en el exterior», precisa Bazurco.
Además de estas dificultades, denuncian la desconfianza que les produce que la presidenta Añez haya ordenado a la Policía y a las Fuerzas Armadas custodiar el material electoral.
«Eso no tiene precedentes en la era democrática boliviana y más que transmitir una sensación de seguridad, lo que genera son muchísimas dudas, muchísima preocupación porque conocemos el rol que ha jugado la policía y las Fuerzas Armadas en el golpe de estado y en este proceso. Por lo tanto, no nos transmite ningún tipo de confianza que, en las elecciones, donde ni la policía ni las FFAA deberían intervenir, asuman un rol que pueda ser determinante. Estaremos atentos tanto en el exterior como en el país para garantizar que a, diferencia del 2019, la voluntad de nuestro pueblo sea respetada», indicó Bazurco.
¿Qué está en juego?
En estas elecciones generales los bolivianos deberán elegir a su presidente, vicepresidente y parlamentarios. Según el Tribunal Supremo Electoral, unos 7.332.925 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto.
En esta contienda participarán ocho candidatos. Los tres principales bloques están liderados de la siguiente manera. Por un lado, el Movimiento al Socialismo, partido al que pertenece el expresidente Morales, y cuyo candidato es Luis Arce, exministro de economía y a quien se le atribuye el crecimiento económico del país durante la última década. En el otro bando está Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, y en el otro extremo, Luis Fernando Camacho, empresario boliviano que jugó un papel clave en el derrocamiento de Morales.
«El Movimiento al Socialismo es un partido del pueblo, es un partido de las organizaciones sociales, de los movimientos indígenas, de mujeres, que aglutina diferentes fuerzas y, por supuesto, que tiene todo ese apoyo. El apoyo de los otros candidatos es, fundamentalmente, empresarial, de las oligarquías bolivianas, y eso lo sabemos de siempre», explica Suxo.
«El señor Luis Fernando Camacho es un representante de la oligarquía cruceña que jugó un papel importante en el golpe porque estableció alianzas con los militares y policías para el golpe. Carlos Mesa representa el pasado. Es el dejavú. Carlos Mesa fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, el arquitecto del modelo neoliberal en Bolivia que nos costó miseria, desempleo, pobreza para los bolivianos», asegura Bazurco.
«Fue Carlos Mesa el que dictó una norma que le permitía disponer de los gastos reservados y después quemar las pruebas, es decir, robarle de manera legal al pueblo boliviano. Carlos Mesa lo único que hizo fue extender la mano para entregarle nuestros recursos a los extranjeros y recibir limosnas a cambio. Fue parte del Ejecutivo de Gonzalo Sánchez de Lozada cuando masacraron al pueblo boliviano en la llamada Guerra del Gas. Él estuvo al lado del genocida Sánchez de Lozada durante las masacres en El Alto que costaron más de 80 vidas de bolivianos y bolivianas», recuerda Bazurco.
Para poder ganar la presidencia, cualquiera de los candidatos deberá obtener más del 50% de los votos válidos o haber superado el 40% con una diferencia de 10% con el segundo contrincante. De no lograrse, irían a una segunda ronda en la que ganará el que tenga mayor número de votos, un escenario más complicado para el MAS ante una posible alianza de las fuerzas conservadoras.
La sombra de la OEA
Al menos cuatro misiones internacionales de observación estarán presentes en las elecciones generales bolivianas.
Entre ellos está la misión de la Unión Europea, el Centro Carter, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y la OEA, organismo que en octubre de 2019 denunció «irregularidades, manipulación y parcialidad» en los pasados comicios y que no solo provocó su anulación, sino protestas violentas de sectores opositores que desembocaron en un alzamiento policial y militar que forzó la renuncia del presidente Morales.
Por esa razón, son muchos los bolivianos que cuestionan que nuevamente la OEA participe en estos comicios y con el mismo equipo de observadores y a pesar de que investigaciones posteriores revelaran que el informe de la OEA no presentaba «evidencias estadísticas de fraude».
«Evidentemente, en 2019, la OEA jugó un papel fundamental en el golpe de estado en Bolivia al haber emitido un informe que ya más de cuatro o cinco instituciones a nivel internacional, incluyendo medios de comunicación como The Washington Post, el New York Times y otras instituciones de prestigio internacional, han demostrado que se trató de un informe mal hecho, que no tiene ningún tipo de sustento técnico o científico. Fraguaron un informe para darle respaldo al golpe. Hoy, lamentablemente van a participar en las elecciones y sospechamos que su rol será el mismo: tratar de complotar contra el pueblo boliviano y tratar de seguir ese guión que han recibido desde EEUU para garantizar que el pueblo no vuelva al poder», denuncia Bazurco.
Desde Bolivia, el politólogo boliviano, Juan Carlos Pinto, alerta el plan que podría estar orquestando la derecha boliviana en complicidad con la OEA, organización cuyo secretario general ha hecho pública en más de una ocasión su oposición férrea a Morales.
«Lo que podría ocurrir es que ellos podrían lanzar un ganador o decir que hay un empate o que hay una diferencia mínima entre el primero y el segundo, y forzar la segunda vuelta, cuando los números de las encuestas apuntan a que en la primera vuelta existe una casi absoluta posibilidad de que pueda ganarla el MAS. Por eso estamos hablando que el Plan A de ellos es forzar la segunda vuelta. En caso de convulsión social, de reclamos, ellos podrían estar evaluando el Plan B que es forzar el golpismo continuado en esa perspectiva de ahora sí echarle la culpa de los desmanes y violencia poselectoral en las calles a la movilización del MAS y así sacar al Ejército y las Fuerzas Armadas bajo el argumento de que no son adecuadas las condiciones para la transición democrática en el país. Ellos no quieren que vuelva el MAS, quieren guardar la espalda del golpe que han propiciado el año pasado porque si los números le dan la victoria al MAS se estaría ratificando que el año pasado no hubo «un fraude» como ellos acusaron, sino un golpe de estado propiciado por la OEA».
EEUU y el litio
El expresidente y líder cocalero, Evo Morales, ha denunciado la injerencia de Estados Unidos en estos comicios. Algunos se preguntarán ¿qué interés tendría Estados Unidos en esta nación? Los bolivianos lo tienen claro.
«Todos los bolivianos sabemos que ha habido una participación de EEUU y qué más podemos pensar cuando el ministro de Gobierno unos días antes de las elecciones tiene una reunión en el Departamento de Estado, por supuesto que eso nos llama muchísimo la atención. Sabemos muy bien que los intereses son fundamentalmente por el tema del litio», indica Suxo.
Entre el océano Pacífico y el Atlántico en Suramérica y articular la integración regional. Quieren romper con la integración regional, quieren romper con los espacios de influencia que ha venido ganando China y Rusia en los últimos años. Esto es una reacción, un intento de reconstrucción de la hegemonía estadounidense en nuestros países», insiste Bazurco.
«Cuando se instaló este Gobierno transitorio una de las primeras cosas que hizo fue desaparecer la empresa nacional que tenía un acuerdo con una empresa alemana para empezar a producir e industrializar el litio en este país. Se deshizo ese compromiso y hasta el último momento han estado intentado de generar un contrato y un amarre con empresas transnacionales norteamericanas en Bolivia», agrega Juan Carlos Pinto.
Y en medio de estas acusaciones, el propio magnate estadounidense, Elon Musk, abiertamente confesó en un tuit que en la guerra por el litio «derrocaremos a quien querramos. Supéralo».
Por eso, dentro y fuera de Bolivia, los bolivianos que han rechazado el golpe de estado contra Evo, aseguran que se mantendrán vigilantes en estas elecciones para garantizar que se respete la voluntad del pueblo.
«Ellos saben que si intentan torcer la voluntad del pueblo, que, si intentan robarle una vez más el voto al pueblo, usurpar nuestra democracia, tendrán que enfrentarse a la movilización del pueblo. Nosotros, por ahora, tenemos que acompañar el proceso electoral con participación ciudadana, pero estar atentos y garantizar a través de nuestras organizaciones, que no se repita el golpe», insiste Bazurco.