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Política autocrítica |

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La autocrítica, las "operaciones" y la falta de un rumbo que movilice

El FA necesita un proceso de autocrítica que permita superar los desafíos. El gobierno debe desplegar el programa del FA en toda su dimensión posible.

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Una vez más, la militancia frenteamplista asiste con estupor a declaraciones de algunos de sus dirigentes. No por increíbles dejan de ser sorprendentes e impactantes y rozan un disparate político llamativo en figuras formadas y con trayectoria en diversas organizaciones de nuestro país.

Hace semanas, al analizar el primer año del gobierno encabezado por Yamandú Orsi, prestábamos especial atención a la excusa siempre dispuesta y “salvadora”: los problemas de comunicación, tanto del Poder Ejecutivo como de la fuerza política. Analistas y asesores de las más altas esferas parecen concentrar sus baterías en estas dificultades —notorias e incuestionables—, pero no lo suficientemente centrales como para reducir problemas políticos profundos a meros fallos comunicativos.

En aquellas líneas, insistía en la necesidad de visualizar las dimensiones de la política que la gestión técnica no alcanza a cubrir; algo que se sabe, al menos, desde Maquiavelo. La política implica la disputa por el poder, el control y la configuración del Estado en función de objetivos que benefician a unos y perjudican a otros.

Sin embargo, las nuevas encuestas —que reflejan un descontento generalizado y una baja aprobación— han precipitado conclusiones reformuladas sobre el "problema de comunicación". Esta vez, el foco no está en el emisor, sino en los receptores: los frenteamplistas descontentos. Se los presenta como seres incapaces de interpretar correctamente los cambios iniciados por el Gobierno. Un profundo error, no solo por exponerlo públicamente, sino por responsabilizar “al otro” de las carencias propias.

En cualquier espacio de militancia, hasta en los más básicos, los veteranos curtidos en luchas populares nos enseñaron que, cuando un partido no es interpretado correctamente por la sociedad o, en términos clásicos, por las masas, el mayor esfuerzo explicativo debe ponerse en la autocrítica política. No para desgarrarse en sesudas interpretaciones, sino para diagnosticar adecuadamente incapacidades y errores, y superarlos con acción colectiva.

A la excusa comunicacional se le suma ahora el relato de las “operaciones políticas”, como en el caso de la conducción del Mides. Una cosa es la sana crítica de miles de ciudadanos que ven cómo problemas de enorme sensibilidad no se han resuelto y, por el contrario, se han agravado. Otra muy distinta es poner el foco en la “conspiración”, para evitar preguntarse qué está pasando con la vida de miles de gurises en los barrios, en las cárceles y en las calles, y así construir alternativas reales. El problema no es el ministro ni la línea política en el Mides, que por otra parte es muy clara y de izquierda, sino los efectos de un modelo de reparto que en lo sustancial continúa y nadie se propone modificar.

Es que el sistema como tal, más allá de los gobiernos y sus opciones ideológicas, no ha podido hasta el momento dar un golpe de timón. Ni los discursos punitivistas tuvieron éxito, ni los de la integración social pudieron demostrar su eficacia en temas tan dramáticos como la exclusión y la violencia. Hay un problema de fondo vinculado a la estructura económica del país y su dimensión política, cultural y social. Hace años atravesamos una crisis civilizatoria que impacta en Uruguay por formar parte de un sistema global; sin embargo, parece que el modelo que promueve y profundiza esa desigualdad nunca es señalado, y mucho menos interpelado.

El comodín de las “operaciones políticas” es una enunciación cómoda, hasta simpática, que busca ocultar la gravedad de los problemas que van mucho más allá de un ministro o un legislador. Basta ver el debate público e insólito respecto al “túnel en 18 de Julio” o el proyecto respecto a los despidos del MTSS y la postura del MEF. Lo que resulta evidente es que comienzan a verse fallas notorias en la conducción de la fuerza política. Y que se entienda bien: es un problema estructural del partido que, sistemáticamente, cuando ha estado en el gobierno, ha quedado sumido casi exclusivamente en un rol de vocero o defensor de las medidas del Ejecutivo. Ese rol es parte de sus cometidos, pero no debe perder de vista que su función esencial es articular y construir con la sociedad el camino de las transformaciones que, vaya si hay que remarcarlo, requiere desmantelar algún día las estructuras de poder que priorizan los intereses del capital. Menuda tarea que al menos precisa su enunciación para que no se olvide, incluso para una fuerza policlasista y con las características del Frente Amplio.

Está bien, pero no alcanza

Los cambios en materia salarial, los bonos educativos o los planes habitacionales son iniciativas importantes que muchas veces pasan desapercibidas. Pero no es menos cierto que esos avances no terminan de "mover la aguja" ni de colmar las necesidades del pueblo, mucho menos las expectativas de buena parte de los frenteamplistas. A esto se suma la ausencia de una épica; de un relato político que le dé sentido a la gestión y dialogue con un rumbo alternativo al modelo que ya conocemos de memoria.

Circunscribirse a una mera administración del sistema, apoyada en análisis macroestructurales sin transformar nada de fondo —o al menos dibujar horizontes alternativos—, habla más de un proyecto anémico que de uno robusto con mirada de futuro. A nivel popular, casi nadie festeja que se rebaje un punto del déficit o que se mantengan los estándares de inversión. Son datos importantes, sí, pero lo es mucho más que la gente mejore notoriamente sus condiciones materiales de vida, o incluso que sueñe con que es posible construir una forma de organización de la vida en comunidad distinta, con otros parámetros.

Los temas urgentes no tienen la presencia que deberían. La seguridad social, por ejemplo, un tema groseramente vapuleado pero respaldado en las urnas cuando casi la mitad de la población se inclinó por una opción que desandara los peores aspectos de la reforma de Lacalle Pou, no tiene la cardinalidad que debería, mucho menos la profundidad reclamada. Asimismo, la redistribución y la discusión de un nuevo orden tributario parecen estar fuera de agenda. ¿Es tan dramático convocar a un gran diálogo nacional con organizaciones sociales, sectores empresariales y partidos para explorar un cambio en la ecuación que permita frenar la desigualdad estructural y la pobreza infantil?

El que no cambia todo, no cambia nada

Pero lo más grave de todo es la ausencia de participación; el desplazamiento del pueblo como protagonista de los cambios. Este divorcio entre el Gobierno y la fuerza política —cada vez más acentuado e impulsado incluso por referentes que temían que lo partidario “entorpeciera” la gestión— ha calado hondo. Quienes argumentaron que “una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa” para justificar posiciones internacionales, no pueden sorprenderse si la gente no defiende algo de lo que no se siente parte. Peor aún: en los más altos niveles dirigenciales empieza a ganar terreno la idea de que la participación no mueve la aguja, transformando las convocatorias en meros actos de legitimación de hechos consumados, en lugar de espacios para definir política.

¿Nadie se cuestiona sobre qué colchón de renuncias reposa la actual desafección política? ¿Cómo se interpreta la creciente ajenidad hacia la causa común? ¿Cuánto de nosotros hay en cada silla vacía? ¿Cómo se convoca al pueblo en la gesta de su propio destino? Nadie pretende, claro, que la política internacional o la económica se definan en una asamblea de comité de base, sería ridículo. De lo que se trata es de que tu gente —la del casi "maracanazo" de noviembre de 2019, la que defendió a las empresas públicas y enfrentó las medidas antipopulares en plena pandemia— se sienta protagonista del gobierno. Y no solo eso, que el pueblo uruguayo sea parte de las transformaciones que cambien definitivamente la patria de Artigas. Por el camino que estamos recorriendo no estaría funcionando, habrá que apelar a otras cosas aunque eso sea reconocer que el poder puede pasar de manos y la sellada ya no se guarda en el bolsillo.

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