La acusación fue presentada por la activista social Roxana Miranda y la abogada de derechos humanos Mónica Araya, con el patrocinio del abogado Rubén Jerez Atenas, quien informó a la prensa que el texto fue ingresado en el Séptimo Juzgado de Garantía.
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La querella se fundamenta en los delitos de lesa humanidad relacionados con el asesinato de cinco personas por agentes del Estado durante las manifestaciones que se iniciaron el 18 de octubre y que aun continúan.
El documento acusatorio puntualiza que el ataque generalizado de los acusados contra civiles se manifestó en la instauración del estado de excepción y la orden de Piñera y Chadwick a las fuerzas armadas a intervenir en las calles contra los manifestantes.
Asimismo el texto señala que los crímenes de lesa humanidad corresponden a los asesinatos de los ciudadanos Romario Veloz, Alex Núñez, Kevin Gómez, José Miguel Uribe y Manuel Rebolledo por efectivos de Carabineros y de las fuerzas Armadas.
A esto se añaden otros tres casos en los que se acusa de abuso policial, violencia y represión excesiva por carabineros.
Para ello, los denunciantes se apoyan en la tipificación de que hace la legislación vigente en Chile sobre los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.
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