Más vale tarde que nunca
Azucena Arbeleche declaró, vía exhorto en el juicio contra Raúl Sendic, que la operación para cancelar la deuda de Ancap con la venezolana Pdvsa le permitió al Uruguay ahorrar 200 millones de dólares. Esta operación, por la que fue procesado el exvicepresidente por peculado y abuso de funciones, fue aconsejada y avalada por la entonces directora de la Unidad de Deuda del MEF y actual ministra de Economía.
El vicepresidente de UTE, Julio Luis Sanguinetti, ha reconocido que en el anterior gobierno del Frente Amplio no se aumentaron las tarifas de energía eléctrica para la población en general; se adecuaban sí a la inflación, pero sin aumentos reales.
Otro reconocimiento importante en estos meses fue realizado por el gobierno; pero no ante el pueblo uruguayo, sino ante inversores extranjeros. Mientras a los orientales les decían que heredaron un desastre, en ese informe resaltaron las condiciones envidiables en que recibieron el país, destacando, entre muchas otras cosas, las reservas. El Frente Amplio recibió un Uruguay con poco más de 2.500 millones de dólares en reservas del Banco Central. Lo devolvió con 14. 537 millones. El Frente Amplio recibió un Uruguay con casi un 40% de pobreza y 5% de indigencia. Lo devolvió con 8,1% de pobreza, 0,1% de indigencia y el ingreso per cápita más alto de América Latina y el Caribe. El Frente Amplio recibió un Uruguay con 22% de desempleo. Lo devolvió con 8,5% de desempleo pese a la crisis argentina, que nos golpeaba directamente. Veremos qué país devuelven los herreristas al Frente Amplio en el próximo período.
Caídas
Es un récord. No recuerdo a ningún gobierno que en tan pocos meses haya cambiado tanto de jerarcas como este. Algunas bajas se produjeron, incluso, antes de que se asumiera el cargo.
En estos días rodó la cabeza de Herode Ruiz, jefe de Policía de Montevideo. Larrañaga no le perdonó que hubiera pedido información al exdirector de Convivencia y Participación Ciudadana, Gustavo Leal, mientras que Flores ya va por el tercer jefe de Policía durante esta administración.
La expulsión más sonada del año fue la de Ernesto Talvi, quien aparte de negarse a meter gente a dedo en la cancillería y designar al hijo del expresidente Sanguinetti, a fines de junio pidió a las comisiones binacionales (CARU, Salto Grande y CARP) “un informe exhaustivo de ingresos, uso de recursos y situación patrimonial, número de funcionarios, forma de ingreso, remuneraciones y beneficios, contratos con empresas de servicios tercerizados y licitaciones”, luego de lo cual duró menos que un pestañeo.
Tras la renuncia de Daniel Borrelli, en enero, y de Matilde Rodríguez en marzo, Gil Iribarne quedó solo en el directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública, por lo que el 30 de ese mes también presentó su renuncia. Iribarne manifestó su desacuerdo con que los cargos de la nueva administración quedaran en manos de los partidos políticos y bajo el criterio de cuotas.
Otra renuncia fue la de la prosecretaria del Consejo de Educación Secundaria, Lidia Neira, a poco más de un mes de haber asumido el cargo, por diferencias con la directora general Jenifer Cherro.
En abril, Daniel Salinas destituyó a 42 funcionarios de particular confianza de las anteriores administraciones de ASSE, incluyendo a la directora del Laboratorio del MSP, Verónica Seijas, y a Lucía Delgado, directora del Programa Nacional del Control del Cáncer. Nada de investigaciones administrativas ni sumarios; pura política partidaria y sin considerar la pandemia.
En mayo, Lacalle Pou destituyó al presidente de Antel, Guillermo Iglesias, por haber aprobado presupuestar a 857 funcionarios con más de tres años de contratados.
También hizo su aporte a esta lista el doctor militarista Fernando Silva (de Cabildo Abierto) quien fuera designado para la zona oeste por el directorio de ASSE y, apenas abrió la boca, provocó la renuncia de más de 50 médicos en plena crisis sanitaria. Otro cabildante sacado antes de largar fue el capitán de navío Gastón Bianchi, designado vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), tras conocerse comentarios suyos en los cuales tiraba excremento a diestra y siniestra.
En junio, el ministro de Defensa Javier García destituyó al comandante de Infantería de la Armada Nacional, Marcos Saralegui, tras constatarse fallas en el protocolo de seguridad luego del homicidio de tres infantes. Ese mes, los blancos perdieron a Óscar Daniel Fracuelli Fernández (que llegara a dirigir la Junta Departamental de Soriano) tras ser formalizado por haber abusado de su hijastra desde que tenía 8 años o menos. También renunció la directora del Hospital de Young a pocas horas de haber asumido, debido a que no había quién la suplantara en el cargo anterior y tendría que dejar pacientes sin atender.
Los que estaban preparados y con un equipo espectacular para hacerse cargo del país…
En julio renunció Lilián Alfaro, cónsul general de Uruguay en Argentina, nombrada en 2010 y a la cual Talvi le había pedido que permaneciera en el cargo. En octubre renunció la abogada Claudya Milena Más, subdirectora del INR, que había asumido el cargo el 1° de abril. Unos meses antes, la coalición perdió al diputado suplente GZ (de Ciudadanos) tras ser imputado por explotación sexual de menores en la Operación Océano. En abril, el Partido Colorado también perdió a uno de los alcaldes de Salto tras su captura por integrar una banda de abigeos.
En Cabildo Abierto, los militantes civiles están en desbandada, pues, al parecer, nadie les avisó que dentro del partido serían dirigidos por viejos militares como si fueran reclutas. Antes de irse junto con otros dirigentes, la excandidata a diputada de Colonia Alba Berreta expresó al Semanario Búsqueda: “En Cabildo manda un grupo militar, y no son milicos rasos, son oficiales con galones que se reúnen como en un casino a resolver y ordenar a la tropa”.
La renuncia/expulsión más esandalosa del año pasado fue la del reelecto intendente de Colonia, Carlos Moreira. Lo echaron; pero no lo echaron, hasta que dos fiscales con innegables vínculos políticos con el bienamado señor intendente, le sacaron las castañas del fuego. Aun cuando simulaba estar expulsado, lo invitaban a la planificación de las campañas de los intendentes blancos. Algo parecido fue lo sucedido con el diputado Sebastián Andújar, expulsado por Lacalle del sector Todos, por falsificar firmas de correligionarios y librar cheques sin fondo, y que ahora está al frente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
El presidente de la CND, Miguel Ángel Loinaz, fue destituido por el mismo Lacalle a poco de asumir. Primero había contratado irregularmente a su pareja; pero la despidió cuando el hecho fue denunciado. Luego se supo que utilizaba las instalaciones de la corporación para el funcionamiento de su empresa particular.
No fueron ni serán los únicos casos; pero son suficientes para etiquetar a esta gestión con una palabra: caos.
Contramarchas
No está mal rectificar una medida cuando uno se da cuenta de que se trata de un error; pero las marchas atrás que ha dado este gobierno se han realizado por la indignación que producían en la opinión pública o por descoordinación entre los distintos equipos de gobierno.
En marzo, el MEF comunicó que en el decreto 90/2020, referido al plan de ahorro del gobierno, una serie de instituciones vinculadas a Ciencia, Tecnología e Innovación, quedaban afectadas por la medida, limitándoseles los recursos. Durante meses, las instituciones perjudicadas reclamaron, hasta que en agosto lograron que el gobierno desistiera de su propósito.
En mayo, el Mides tuvo que echar para atrás la compra de una encuesta a la Consultora Equipos por la que le pagaría $ 475.000 en medio de la crisis solo para que la gente dijera que estaban haciendo las cosas mejor que el gobierno anterior.
En junio estalló el tema de la placa que se intentó colocar en honor al represor, torturador y cómplice de una gavilla de asesinos y violadores, Víctor Castiglioni, en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. El escándalo llevó a Larrañaga a ordenar el retiro de la placa.
En sepiembre, tanto el titular del MGAP como del MTOP reconocieron que en la Ley de Presupuesto había artículos que no fueron informados al presidente, como los que habilitan el cambio de gobernanza de la UAM y la creación de cinco peajes en Montevideo. Ese mes se decretó que los automóviles solo pueden ser conducidos por sus dueños o una persona autorizada por su propietario. Luego que fuera firmado por el propio presidente de la República, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, reconoció que fue un error y el decreto fue sustituido.
En octubre se anunció que se aumentaría el criterio económico para otorgar residencias permanentes a los inmigrantes que no son ciudadanos del Mercosur, pasando de $ 16.300 a $ 26.800; pero el Ministerio del Interior tuvo que desistir de ese intento ante la catarata de críticas provocada en las redes sociales.
Por su parte, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas comunicó que crearía una comisión para restringir las adjudicaciones y controlar el uso del boleto estudiantil… el mismo mes que los legisladores de la coalición buscaban eliminar la obligatoriedad de rendir cuentas de los viáticos en misiones oficiales. Luis Alberto Heber tuvo que recular.
En setiembre se supo que el proyecto de ley de Presupuesto establecía un aumento del sueldo de los presidentes de las empresas públicas de $ 180.000 a $ 235.000 nominales. El intento provocó indignación, ya que, por otra parte, se planea una reducción del salario real de los funcionarios públicos. La presión popular fue tanta, que en octubre los diputados de la coalición decidieron que no era el momento adecuado para aprobarlo. El laborioso Ministro de Transporte Luis A. Heber no da pie con bola. Buscando recursos para hacer alguna obra pública, ha propuesto una y otra vez instalar peajes en distintas carreteras y una y otra vez el presidente Lacalle le dijo ‘no’.
El Frente Amplio analiza qué partes de la LUC va a intentar tumbar; pero para decidirlo, queda la ardua tarea de leer todo de nuevo, porque 26 artículos fueron retirados y ni los multicolores saben lo que queda en pie.
En fin, tanta mediocridad es apabullante; pero, aunque sea, tenemos el consuelo de saber que ya restan ocho meses menos de este cambalache que algunos con cierto dramatismo califican de infierno.
