El nuevo proyecto de presupuesto propone varios cambios significativos. En primer lugar, la creación del Consejo Estratégico Ministerial (CEM), un gabinete interministerial que tiene la responsabilidad de definir las prioridades nacionales en ciencia y asignar fondos a través del nuevo Fondo Uruguay Innova, introduce un enfoque centralizado que fomenta una mayor dependencia del Poder Ejecutivo en aspectos que tradicionalmente han estado más diversificados y distribuidos entre diferentes entidades. La decisión de que el Secretario de Presidencia presida este gabinete despierta inquietudes sobre la posible falta de pluralidad y diversidad en la formulación de políticas.
Además, la implementación de la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización de Conocimiento (SCVC) en Presidencia, que sustituye a la Dirección de Ciencia y Tecnología (DICYT) del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), plantea preguntas sobre el papel que jugará esta nueva entidad en la coordinación de la política científica. Con un Secretario Nacional que asistirá al CEM sin derecho a voto y que coordinará el nuevo Plan Nacional de Ciencia y Tecnología (PENCTI), la capacidad para articular un ecosistema diverso y sostenible de innovación podría verse comprometida.
Otro aspecto clave del proyecto es la reconfiguración de la ANII y CONICYT. La ANII, que hasta ahora ha sido fundamental en la ejecución de programas de investigación, pasará a reportar directamente al MEF, eliminando su conexión con el MEC. Por su parte, CONICYT se convertirá en un órgano consultivo con miembros designados exclusivamente por el Ejecutivo, lo que redunda en la disminución de la representación de la academia, el sector empresarial y las comunidades territoriales que anteriormente garantizaban un enfoque más inclusivo y diverso en la toma de decisiones.
Este cambio hacia una mayor centralización ha suscitado críticas sobre el futuro de la gobernanza en ciencia y tecnología. La creación de este nuevo espacio interministerial de conducción estratégica bajo la auspicia de la Presidencia redefine el alcance y el poder de las instituciones encargadas de supervisar la investigación y el desarrollo en Uruguay. La concentración del poder en la SCVC podría debilitar el papel de contralor que anteriormente desempeñaba CONICYT, lo que plantearía serios desafíos a la autonomía y pluralismo necesarios para un desarrollo científico saludable.
La realidad es que la coordinación futura del ecosistema de ciencia y tecnología dependerá en gran medida del peso político del CEM y de la capacidad de la SCVC para articular esfuerzos de diversos actores, desde universidades hasta la industria. Esta dependencia puesta en un solo actor o grupo puede llevar a una desestabilización del ambiente de innovación, donde las decisiones políticas se prioricen sobre las necesidades y realidades del campo científico.
El Proyecto de Ley de Presupuesto 2025-2029 propone cambios significativos que podrían reconfigurar la institucionalidad de la ciencia, la tecnología y la innovación en Uruguay, planteando tanto oportunidades como riesgos. Si bien la necesidad de actualización y adecuación a nuevas realidades es innegable, es fundamental que estos cambios se aborden con una perspectiva que asegure la participación plural y el impulso a un ecosistema de innovación robusto. La protección y el estímulo para un ambiente orientado hacia la investigación, el desarrollo y la innovación son esenciales para el futuro competitivo y sostenible de Uruguay. Las decisiones adoptadas en este contexto tendrán repercusiones profundas en la capacidad del país para avanzar en conocimiento y bienestar social.
