En declaraciones a La Diaria, Díaz recordó que no es la primera vez que operadores del sistema judicial o político son blanco de ataques violentos. “Luego de la reconstrucción democrática hubo un atentado contra la casa del presidente Sanguinetti, una bomba en el auto de Hugo Cores y una balacera en la casa de un fiscal que investigaba el caso Berríos”, enumeró. A su juicio, este nuevo atentado no inaugura nada: forma parte de una evolución lógica del narcotráfico y del sicariato, que en los últimos años comenzó a proyectar su violencia hacia las instituciones del Estado.
“Claramente eso va evolucionando cada vez más —afirmó—. Empezamos con esta metodología de atentados con granadas y armas de fuego. Tuvimos uno en la Brigada Antidrogas, otro contra el exdirector del INR Luis Mendoza, y este es un tercero, con una diferencia: fue en el domicilio de una fiscal. Pero eso no quiere decir que no haya existido antes.”
Díaz insistió en que, por los indicios conocidos, el hecho no apunta a una manipulación política, sino a la reacción de organizaciones delictivas descontentas con el trabajo de la Fiscalía de Estupefacientes. “Parece razonable concluir que esto proviene de la disconformidad de determinadas organizaciones respecto de la actuación de la fiscalía antinarcóticos, no de la Fiscalía General de la Nación”, explicó al citado medio.
“La última vez que leí la Constitución decía que al fiscal de Corte lo nombra el Poder Ejecutivo con venia del Senado. No sé, salvo que haya cambiado la Constitución en los últimos días, pero me parece que cambiar el mecanismo constitucional y pasar a definir que el fiscal de Corte se elige con una granada tampoco está bueno.”
Costa Bonino: “Debe considerarse como un muy probable autoatentado”
El politólogo Luis Costa Bonino sostiene una de las posturas más controvertidas. En sus declaraciones a Caras y Caretas, afirmó que el episodio “debe ser considerado como un muy probable autoatentado con fines políticos”. Basado en su experiencia de más de dos décadas como consultor en América Latina, asegura que existen patrones de comunicación política en los que los autoatentados son usados como herramienta de manipulación pública y de construcción de relatos heroicos. “Hace exactamente 24 años que conozco en profundidad a los consultores políticos que trabajan en México, sé quiénes son y qué hacen”, señaló.
El experto sostuvo que en el país se ha instalado un estilo de campaña importado: “Este estilo de campañas se instaló en el Uruguay, de la mano de los mismos consultores que conozco y que operan en México. De uno de ellos ya me había ocupado extensamente en 2019”. Y agregó: “Cuando se traen consultores desde México, pasan cosas comunes en México, pero que no habían pasado nunca antes en el Uruguay”.
Para fundamentar su hipótesis, mencionó casos internacionales como el del exgobernador de Oaxaca José Murat o el expresidente Donald Trump. Sobre este último, consideró que fue “un autoatentado del hiperdesarrollo”, donde “el efecto de sangre en la oreja, la composición de una foto heroica con la bandera, réplica de la foto mítica de Iwo Jima”, y hasta “la disparatada foto de la bala de un fusil AR15 que justo pasaba por el lugar” configuran “un modelo perfecto” de operación comunicacional.
Para Costa Bonino, el atentado contra Ferrero encaja en esa lógica: “En los autoatentados nunca le pasa nada al objetivo. Lo esencial es el rédito político inmediato. Ganar una elección como Trump, o completar una operación política para hacer dimitir al ministro del Interior u otra operación política para instalar una fiscal general”.
“Los narcos no hacen atentados tirando dos tiros contra una pared y se van. Hacen masacres. Matan. Pero además, si tiran dos tiros y se van, y justamente, misteriosamente, la guardia policial que debía estar en el lugar no estaba”, añadió.
Criticó además la “rápida capitalización política” del episodio: “Luis Lacalle Pou le escribe un tuit a Yamandú Orsi llamando a la unidad, y cinco minutos después proponen por aclamación a la supuesta víctima como fiscal general”. Según Costa Bonino, estos gestos revelan un uso estratégico del hecho, y por eso reclama que se investigue también la posibilidad de una “simulación delictiva”.
En su análisis, el atentado responde a una “franquicia internacional” de operaciones políticas ligadas a la extrema derecha, donde la puesta en escena de la violencia —sin víctimas fatales— busca instalar liderazgos o reconfigurar el poder institucional.
“Asumir lo ocurrido en la casa de Ferrero, de manera inmediata y unánime, como un ataque a las instituciones es una temeraria ingenuidad. También es una pésima defensa de nuestra democracia. Estar alerta a los autoatentados, investigarlos y perseguirlos es un deber de las autoridades y una acción básica de defensa de nuestra democracia”.
Carlos Peláez: “El atentado exhibe el fracaso del Estado”
El periodista Carlos Peláez, escibío para Caras y Caretas y se centró en otro ángulo: la ineficiencia estatal y el cinismo político que el caso puso de manifiesto. Según Peláez, el ataque contra Ferrero expone la precariedad del sistema de seguridad y la falta de previsión de las autoridades, pese a las advertencias formuladas desde hace más de dos décadas por referentes policiales como Roberto Rivero y Julio Guarteche.
“El Estado no supo proteger a la máxima autoridad de los fiscales”, lamenta. A su juicio, lo ocurrido demuestra que el país llegó al punto que esos exjerarcas anticiparon: la violencia narco dirigida contra operadores judiciales. Peláez enfatizó que la fiscal había sido amenazada públicamente en varias ocasiones, incluso lo expuso en el Parlamento, sin que se tomaran medidas eficaces de protección.
En su interpretación, los atacantes “enviaron un mensaje” no sólo a los fiscales, sino también a los jueces y periodistas. Sin embargo, adviertió que la respuesta política fue oportunista y superficial: “Desde los altos círculos de gobierno se habló de crisis institucional, pero ¿alguien cree que un narco de poca monta puso en riesgo la institucionalidad del país? Eso es exagerado”, concluyó.
