Legisladores oficialistas acordaron con el Ministerio de Economía y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) reasignar recursos para poner en práctica la Ley Integral contra de la Violencia de Género en el interior.
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Se pretende poner en funcionamiento tres juzgados letrados especializados en 2021.
El diputado colorado Conrado Rodríguez dijo a la prensa que se acordó con la SCJ tomar recursos de los $ 800 millones asignados para el pago de sentencias por la readecuación salarial.
Poner en funcionamiento estos juzgados en el interior costaría unos $ 57 millones por año.
Aún no está definido donde serán instaladas las sedes pero se estima que puedan estar en Rivera, Salto y Paysandú.
En el proyecto de Presupuesto la implementación de la ley no iba a comenzar hasta, por lo menos, 2024.
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