La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual dio a conocer su rechazo a las modificaciones que el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2020-2024 pretende realizar a la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género (N° 19.580), y alerta la sociedad uruguaya de su impacto negativo. Realiza, además, un llamamiento a las autoridades de gobierno para que se tome conciencia de la real dimensión e impacto negativo que se provocará.
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Señala la red que el proyecto «desnaturaliza al Observatorio sobre Violencia Basada en Genero hacia las Mujeres, eliminando el requisito de ser profesional para integrarlo». De esa forma se le quita jerarquía institucional y se lo convierte en una comisión honoraria integrada por representantes del Estado sin participación de la sociedad civil organizada».
«De prosperar las pretendidas modificaciones el Estado tendrá a su exclusivo cargo no solo diseñar y ejecutar las políticas públicas en materia de violencia hacia las mujeres basada en género, también auto monitorearse, auto evaluarse y autorrecomendarse como mejorar esa política», sostiene la red.
De concretarse atentaría «contra los estándares de mínima transparencia y participación que rigen en un estado democrático de derecho».
De prosperar las pretendidas modificaciones el Estado tendrá a su exclusivo cargo no solo diseñar y ejecutar las políticas públicas en materia de violencia hacia las mujeres basada en género, también auto monitorearse, auto evaluarse y autorrecomendarse como mejorar esa política»
Precisa que el proyecto, además de reafirmar la «omisión contumaz del Estado Uruguayo en su obligación de brindar el servicio de justicia especializado poniendo operativos los Juzgados Letrados Especializados en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual, también pretende modificar su competencia».
Es así que «de prosperar la pretendida modificación las mujeres víctimas de violencia basada en género continuarán obligadas a realizar un periplo por el sistema de justicia, compareciendo antes distintas sedes judiciales, en ocasiones durante años y logrando sentencias muchas veces dispares y parcializadas».
«Nos conmociona nuestra realidad nacional y por eso hacemos un llamamiento a las autoridades de gobierno para que se tome conciencia de la real dimensión e impacto negativo que provocará la aprobación de los Artículos 483 y 509 del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2020-2024», subraya.
Además de reafirmar la «omisión contumaz del Estado Uruguayo en su obligación de brindar el servicio de justicia especializado poniendo operativos los Juzgados Letrados Especializados en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual, también pretende modificar su competencia»
Recuerda la red el Estado Uruguayo «tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia hacia las mujeres basada en género, conforme corresponde con el principio y deber de debida diligencia, obligación asumida en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos que ha ratificado».
«Llegamos hasta acá, no como la simple sumatoria de voluntades aisladas», sentencia. Y agrega: «Nos distingue la pertenencia a organizaciones que históricamente vienen trabajando a diario, para que los derechos humanos sean una realidad de vida en éste país, y no letra fría de la ley o un mero discurso institucional para la galería internacional».
«Reiteramos nuestro compromiso de agotar todas las instancias nacionales y activar las internacionales, para que el Estado Uruguayo cumpla cabalmente la debida diligencia en materia de derechos humanos de las humanas. Y en caso de incumplimiento a esas obligaciones, que el Estado asuma su responsabilidad ante las víctimas, la sociedad uruguaya y la comunidad internacional», concluye.
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