Réquiem por el Mides

Estamos ante la vieja historia de que la pobreza es un asunto personal, que le toca a uno como le puede tocar a otro y en cualquier caso depende de la voluntad individual salir de ella.

Toda esta transferencia de responsabilidades desde lo social como un todo a lo personal y particular, se presenta ante la sociedad como una atención personalizada, con la misma retórica con que una empresa de servicios nos vende una atención preferencial, cuando en su lugar se están entregando prestaciones, en general inferiores a las anteriores y transportando la responsabilidad sobre los resultados a los “beneficiarios” de las mismas.

Es decir, estamos ante la vieja historia de que la pobreza es un asunto personal, que le toca a uno como le puede tocar a otro y en cualquier caso depende de la voluntad individual salir de ella. Según esa concepción, no hay determinantes estructurales de la sociedad que requieran políticas globales que definan la estructura de oportunidades sino que de eso se encargan los mercados, nada tienen o nada pueden hacer las políticas por ello, y lo que se hace, a través de las políticas de asistencia, es acompañar a aquellos que por esas cosas de la vida quedaron al costado, y que si le ponen empeño y esfuerzo van a llegar a un nivel aceptable de bienestar.

La experiencia planetaria da cuenta de que esto es en su mejor interpretación, una gran fantasía, y en su peor un engaño. Pero el problema principal es que, de semejante error de diagnóstico, derivan un conjunto de orientaciones imposiblemente correctas, porque  el que le erra a la caracterización del problema casi de seguro se equivocará la solución.

Las estructuras montadas por el Ministerio de Desarrollo buscando que la población fuera acompañada hacia lo universal, hacia la integración social plena, son vistas como innecesarias por las nuevas autoridades.

Las acciones de la política social que relacionan a los individuos con la estructura de oportunidades; la salud, la educación, el trabajo, etc., tenderán a quedar fuera de la órbita de intervención del Ministerio de Desarrollo Social.  Las repercusiones de esto tardarán años en ser superadas.

Las estructuras montadas por el Ministerio de Desarrollo buscando que la población fuera acompañada hacia lo universal, hacia la integración social plena, son vistas como innecesarias por las nuevas autoridades. Para esta visión esas estructuras y políticas construidas en los últimos años son gastos y eventualmente despilfarros, como le gusta decir a la derecha más rancia. Esta derecha, de la mano de la prédica aporofóbica instalada en los últimos años en las clases medias, justifica un ajuste del gasto y este ajuste implica recortes que ya comienzan a verse y que razonablemente no pueden ocultarse.

Lo que se elige recortar, aplicando el decreto 90/2020 son gastos de inversiones y funcionamiento, a lo que se agregan gastos en transferencias y gastos en beneficios que recibían los estratos más bajos que ante una situación general de empobrecimiento deberían expandirse y van en sentido contrario. Beneficios que, dicho sea de paso, eran ya muy magros.

Se ven como objeto de ahorro los programas de acompañamiento en problemas de violencia social. La violencia basada en género preocupa pero ya no tanto, la intervención en la materia ha dejado de ser una tarea altamente calificada. La violencia sobre los adultos mayores fue desmantelada. La intervención a través de la sociedad civil en los programas de acompañamiento familiar fue reducida. Van sólo cuatro meses y no ha habido una sola intervención programática donde se haya expandido el apoyo a los más necesitados en relación a las nuevas necesidades sociales. La gente rebota en los refugios buscando lugares, las mayoría de las oficinas han restringido sustantivamente la atención al público priorizando a los coordinados por agendas, lo que va en desmedro de quienes no tienen activos con los que manejarse, y quien no tiene un smartphone está en el horno. Hay más de 100 mil pobres nuevos y 100 mil empleos destruidos y se reparten canastas de 1200 pesos mensuales, nadie puede aspirar a una tarjeta del MIDES, el principal programa de promoción del empleo que es Uruguay Trabaja está parado y en proceso de desguace. Ya no importará que la gente salga del programa con capacitación, ni con arreglos dentales ni con lentes ni con documentos, y así todo, sólo importa ahorrar para decir que con ello aumentarán los cupos siendo más eficientes cuando lo que hacen es suprimir prestaciones y demorar la ejecución para juntar un año con el otro.

Estamos frente a un gobierno traumado y obsesivo con la concentración de la autoridad, que tras un discurso de amplitud y libertad opera con una lógica práctica autoritaria que dice y pregona que no existe más voz que la del gobierno y por ende desprecia la participación de la sociedad civil en las políticas sociales.

Los lineamientos de atención al público de la página del MIDES no son reales, la puerta de la sede central del ministerio permanece cerrada al día de hoy para no atender a la gente y no ha habido comunicación oficial en relación a la cuarta canasta  no sea cosa que cada uno venga por la suya.

Además, estamos frente a un gobierno traumado y obsesivo con la concentración de la autoridad, que tras un discurso de amplitud y libertad opera con una lógica práctica autoritaria que dice y pregona que no existe más voz que la del gobierno y por ende desprecia la participación de la sociedad civil en las políticas sociales. Incluso cree que buena parte de los programas sociales que eran implementados a través de la sociedad civil fueron dinero desviado. Y con esa idea se construyen titulares de prensa, verdaderas campañas de desprestigio contra organizaciones sociales que no tenían ni tienen ganancia empresarial

Por un lado hay un ataque virulento a un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, a veces con nombre y apellido, que se escrachan en la prensa por presuntos problemas administrativos,  que mediáticamente son transformados en problemas penales, pero en realidad no terminan ni de  llegar al juzgado porque no son ciertos (recordemos las denuncias de un mecanismo para desviar fondos desde las ONGs por más de 5 millones de dólares en maniobras de alquileres con más de 20 organizaciones involucradas que a la fechas desapareció como la niebla al salir el sol).

Al día de hoy el ministerio tiene decenas de técnicos en todo el país controlando que una persona que cobra una pensión por discapacidad, o una tarjeta, o una asignación no vaya a cobrar una canasta pero no tiene a nadie chequeando si los jóvenes que van a la universidad privada la han cobrado.

Al mismo tiempo ingresan a trabajar con el estado otras organizaciones civiles y lo hacen por la ventana. Estas nuevas organizaciones sí son de amigos del gobierno e ingresan con contrataciones directas y sin licitación. Hay todo un mecanismo que denuncia como irregularidad penal a un conjunto de organizaciones que fueron y siguen siendo un puntal en el desarrollo de las políticas públicas. Estas organizaciones son demonizadas por eventuales errores administrativos menores pero por otro lado entran, con el silencio de los grandes medios, otras organizaciones de los amigos del gobierno, de los integrantes de listas que apoyaron al presidente o a alguno de sus dirigentes cercanos. A pesar de las denuncias contra “la sociedad civil” en realidad ahora el MIDES se acerca oscuramente a “otra sociedad civil”, y lo hace sin licitación, por contratación directa. Entretanto se dan de baja algunas contrataciones o se precariza la contratación de algunos trabajadores. Por ejemplo, se despiden a más de 100 personas que estaban contratadas para ejecutar el programa de Cercanías,  y se volverán a contratar  a 80, pero como unipersonales, y además se las vuelve a contratar con menor sueldo. Es decir, se van deteriorando las capacidades, y se abandona temporal o definitivamente a las familias, que son las que están en la peor condición social del país.

Pero este tópico bochornoso de la sociedad civil no termina acá. En días recientes el MIDES tuvo que recurrir a una de esas organizaciones de la lista que en su momento, buscando desprestigiarlas, llamaron “ONGs compañeras” para intentar atajar el problema de calle, y lo hizo porque sus organizaciones amigas, las que contrata discrecionalmente sin licitación no han querido agarrar viaje  y no garantizan calidad alguna en algo que si lo hacen mal resulta públicamente inocultable. La muerte de una persona en calle que había querido ingresar a un refugio volvió a recordarle al gobierno que hay cosas con las que no conviene hacer gárgaras con tachuelas y que años de experiencia de trabajo de gente comprometida con los problemas sociales, sean del pelo que sean, no se sustituye con la tan idealizada voluntad.

Otro de los tópicos fundamentales es el que tiene que ver con la gestión de las transferencias monetarias. Un asunto que  habitualmente se le asigna a los Ministerios de Desarrollo Social o a los sistemas de protección social que trabajan con los sectores más pobres de la sociedad. En este tema, por el contexto de la pandemia, hubo un congelamiento total de los programas y por lo tanto está suspendida la aspiración a ingresar al sistema. Los sistemas de transferencias monetarias en Uruguay son sistemas que trabajan a demanda. Cuando hay procesos de empobrecimiento fuerte de la población, como en la actualidad, los mostradores del MIDES siempre están abarrotados de gente, solicitando una visita para poder acceder a una transferencia. Eso hoy es imposible de hacer porque las oficinas de atención redujeron mucho sus capacidades, casi no se efectuaron visitas a hogares y no se implementaron   modalidades de inscripción alternativas y por lo tanto hace meses que casi no hay nuevos ingresos a esas prestaciones a pesar del empobrecimiento. Por otro lado se ha habilitado una aplicación de celular para el acceso a una canasta de 1200 pesos mensuales que se le asigna a los informales cuyo criterio de otorgamiento es incorrecto desde una perspectiva preocupada por la focalización de las transferencias, además de constituir una importante barrera para el acceso de la población con menores activos y un estímulo a la informalidad. La famosa App que festeja el gobierno porque le permitió en pocos días llegar a algo más de 200 mil informales no ha llegado en buena medida a quienes más lo necesitan, principalmente porque no tienen su Smartphone en un funcionamiento apropiado, lo cual es un hecho gravísimo pero ha sido adecuadamente opacado por supuestos resultados de auditorías, como la primera muerte en calle fue opacada casualmente con unas bolsas de café vencido.

En resumen, como ministerio de desarrollo social y desde una perspectiva de políticas sociales, esto no va para ningún lado.  Al día de hoy viene sobreviviendo porque las puertas están aún medio cerradas y no atienden a la gente en su verdadera demanda.

Esta novedad de transferencia en modalidad “canasta” debilita mucho los criterios de selección por pobreza y eso es un problema de mediano y largo plazo. Uruguay venía con las mejores políticas focalizadas en pobreza del continente, con excelentes trabajos técnicos que valoraban la situación del hogar y la situación de las personas, con criterios de selección basados en variables estructurales que determinaban el acceso a las prestaciones. De pronto pasamos a una simple constatación de informalidad, donde, a modo de ejemplo, un muchacho que no trabaje y que curse una carrera en una universidad privada y que a los ojos de este programa es un informal, aunque en la realidad del mercado de trabajo es un inactivo, puede  ir a cobrar una canasta, aunque  no le sirve para nada – de hecho en general no la va a cobrar – pero una mujer que sigue viviendo en la peor de las penurias con cinco hijos, en un rancho que se cae a pedazos, como es titular de una Tarjeta Uruguay Social está imposibilitada de cobrarla.

Al día de hoy el ministerio tiene decenas de técnicos en todo el país controlando que una persona que cobra una pensión por discapacidad, o una tarjeta, o una asignación no vaya a cobrar una canasta pero no tiene a nadie chequeando si los jóvenes que van a la universidad privada la han cobrado.

El asunto de la urgencia por entregar ingresos podría justificar y hasta considerar una perspectiva basada en criterios menos estructurales, pero el abandono de la perspectiva de considerar al hogar como espacio de referencia para el desarrollo de las políticas sociales es un viaje sin retorno, un viaje hacia la ineficiencia, la ineficacia y la inequidad, un viaje que no emprendería quien tuviera idea a donde va.

Otras de las cosas que se pueden ver en estas semanas es la vuelta al Uruguay clientelar. Han retornado las canastas físicas que se otorgan por distribución en el territorio y ya han aparecido múltiples denuncias de que esa distribución se mezcla con otra que se realiza en camionetas de partidos políticos, lo cual naturalmente desvirtúa toda la política.

Eso se da fundamentalmente en las intendencias del interior, donde los partidos de la coalición multicolor tienen más fuerza y algunos caudillos locales ponen todo para el retorno a las políticas clientelares, que realmente venían en retroceso en Uruguay. Esos mecanismos incluso habían comenzado a desmantelarse en los últimos tiempos de los gobiernos de partidos tradicionales cuando se logró el ingreso a la seguridad social sin la tarjetita.

Ese sistema corrupto estaba desterrado, pero ahora estamos volviendo a las tarjetitas con las canastas que se reparten en varias localidades del interior, donde se mezclan algunas canastas del Estado con algunas canastas de los partidos. Además volver a la canasta en formato material no se justifica salvo en rarísimas excepciones, porque las transferencias se pueden hacer a partir de sistemas electrónicos y eso cubre a toda la población, incluyendo a los más pobres de todos, que también cobran por su tarjeta en modalidad electrónica.

La única justificación de entregar canastas físicas por miles es poder ir a repartirlas cara a cara, para poder ir a comprar los votos.

En paralelo a eso se integra a la Ley de Urgente Consideración, la creación de 115 cargos de pases en comisión al Ministerio de Desarrollo Social, absolutamente innecesarios. Esta cuantía proviene de otros momentos donde el Ministerio no tenía estructura e implica tener 115 cargos políticos más, traídos a elección del ministro, en este caso del Subsecretario desde el resto del Estado. Esto configura un pasaje directo a la politiquería barata, tradicional, histórica, que sostuvo tantos años a los partidos tradicionales y trajo tanto atraso entre otras cosas a la función pública. Se trata de poder regentear todas las políticas sociales a partir de caras políticas. En este momento lo que está sucediendo en el MIDES es que las propias oficinas que atienden a la gente, empiezan a tener un jefe político. Ya no es más un jefe técnico, que se encarga de la valoración de las situaciones sociales, sino un político.

En medio de eso, se da esta conjunción; por un lado un ajuste presupuestal, cumpliendo con el decreto citado de reducir un 85% de los gastos, que para el Ministerio de Desarrollo Social no es poco y una politización de todo el aparato de las políticas sociales que vienen a traernos esta nueva normalidad política, que es un atraso de 30 años respecto a lo que se había logrado en el país, y que no viene en sintonía con ninguna de  las críticas hasta ahora desarrolladas contra el MIDES durante largos años ni durante la reciente campaña electoral

En resumen, como ministerio de desarrollo social y desde una perspectiva de políticas sociales, esto no va para ningún lado.  Al día de hoy viene sobreviviendo porque las puertas están aún medio cerradas y no atienden a la gente en su verdadera demanda.. El problema de las orientaciones de ajuste en medio del empobrecimiento sumadas al tamaño de los errores sistemáticos y cotidianos por impericia de los jefes políticos no es menor y es imposible que no tenga consecuencias. Lo que se puede esperar lamentablemente es un gran empantanamiento.

Tenemos un subsecretario, un director general y otro conjunto de directores que simplemente están para intentar gestionar esto y para hacer política, no sabemos aún si en el mejor  sentido de la palabra, porque vinieron a hacer eso, así lo dijeron, y lo repiten. Están para hace propaganda con auditorías y para simular  el control de programas mientras que los achican o los cierran, y no se desprende ninguna preocupación genuina por la gente en sus acciones. En su norte está conseguir algún camino al éxito y ya empiezan a preparar la campaña 2025. Y la campaña 2025 tiene que ver con esto de defenestrar todo lo que se hizo antes y  poder tener modalidades de políticas que les permitan entregar cosas en mano, modalidades que les permitan rehacer clientela.

Eso ya lo conocemos, el Uruguay clientelar se construyó de esa manera. Pero ojo,  porque es difícil hacer esto sin que a la larga nadie lo advierta, incluso dentro de sus propias filas. Pueden tener problemas, puede que la gente empiece a darse cuenta de que buena parte de lo que se hace no está bien, y que buena parte de lo que se comunica es verso, humo. Porque lo que sucedió en este país respecto a la recuperación de derechos y al acceso efectivo al bienestar de la población en los últimos años es muy real y quizá está  adormecido, pero puede despertar.

Las políticas sociales de este gobierno, desde la perspectiva desarrollada en estos años pasados, significarán un gran retroceso. Van  a desarmar cosas hechas que podrán tener problemas, incluso errores, pero tienen perspectivas, tienen objetivos, desarrollaron capacidades, y además cumplen importantes funciones sociales.

Hoy asistimos a la refundación de un conjunto de malas prácticas que después va a dar trabajo desterrar. Lo vamos a sentir en el mercado de trabajo, en el poder adquisitivo de los trabajadores y de los jubilados, que es donde tienen más para recortar, en la calidad de los servicios de toda índole, en el recorte de las libertades.

Las derechas no vienen principalmente por las políticas sociales (asistenciales), esencialmente vienen por la masa salarial, por el reparto en el sistema  productivo, por reequilibrar sus cuentas, cuánto va para el capital y cuánto va para el trabajo, y en países como el nuestro, cuando baja la masa salarial, también bajan las jubilaciones y las pensiones, crece la informalidad, la desprotección en general. Eso es lo que se viene.

Las derechas no vienen principalmente por las políticas sociales (asistenciales), esencialmente vienen por la masa salarial, por el reparto en el sistema  productivo, por reequilibrar sus cuentas, cuánto va para el capital y cuánto va para el trabajo.

Estos modelos que llegan arriba de discursos de seguridad, de la tan mentada seguridad ciudadana, de la supuesta seguridad pública, vienen a traer en realidad una gran inseguridad, la inseguridad alimentaria, la inseguridad educativa, la inseguridad sanitaria y la inseguridad en la protección social, además del recorte de libertades de las grandes mayorías y la expansión de libertades de la minoría poderosa. Pero el ambiente que ha favorecido “el cambio” puede cambiar y esas otras inseguridades van a empezar a  expresarse.

Históricamente nuestro país tuvo en momentos de crisis, una preocupación preponderante sobre el trabajo, los ingresos y la alimentación, por sobre cualquier otro problema social.  No sabemos si la pos verdad podrá llegar a implantar un relato distinto, asistimos a una nueva era de la política, con nuevas tecnologías de generación de opinión, con grandes esfuerzos e inversión en publicidad que disponibilizan cantidades de recursos destinados a libretar todas las acciones del gobierno, con ejércitos de trolls, linchamientos públicos y campañas de humo. Una verdadera guerra política que se da a través de acciones comunicativas. En todo ese debate de construcción simbólica también estamos metidos.

Habrá que ir a la plaza, pero también habrá que ir explicando estas cosas casa por casa.