La pérdida de garantías individuales en la retención de celulares

Cierto es que la Justicia puede a través de ANTEL acceder a dicha información, pero incautar el celular  seguramente permite actuar más rápido y evitar alertas al resto de los involucrados.

Ante las denuncias por difamación que lleva adelante la candidata a la Intendencia de Montevideo, Laura Raffo, el fiscal actuante llevó adelante entre otros procedimientos, la incautación de celulares y el ingreso a la cuenta de redes sociales.

El Doctor Andrés Scaravelli alertó sobre la práctica de este procedimiento, ya que por un lado es posible técnicamente y sin necesidad de incautar el celular  ingresar a las cuentas a través de ANTEL y  acceder a las pruebas en un delito de difamación, y por otro lado por que la información contenida en celulares es altamente personal, que va desde sus relaciones sentimentales, hasta el manejo de cuentas bancarias.

Scavarelli explica que en la etapa de investigación, se tiende a estudiar el contexto en que la persona llevó adelante un presunto delito, pero reitera que ese contexto se puede analizar, y sobre todo en delitos leves como el de difamación, sin que el imputado pierda sus garantías individuales sobre el derecho a su intimidad.

Alerta, sobre el temor que puede generar en los ciudadanos el realizar opiniones, sintiendo que puede ser futura víctima de una investigación de carácter penal.

Aconseja a todas las personas que han decidido exponerse públicamente como en el caso de la actividad política, a que de sentirse agraviados, no recurran a denuncias que pueden determinar penas de prisión o de penitenciaría.

Cuando se conoció la situación de retención de celulares, empezó a circular en las redes el hastag #nomecallonada, como una reacción ante lo que entienden es una persecución del derecho de expresión.

Scavarelli alertó además que esta práctica de hacerse corriente puede poner en riesgo el trabajo de la prensa, alerta que ya había lanzado el comunicador Gustavo Gómez con este ejemplo:»En la denuncia de Laura Raffo hay otro asunto muy grave que atender. A los indagados les retuvieron los celulares y les exigieron las claves de acceso.

En otros casos podría ser una medida de investigación imprescindible (caso pedófilos, por ej) pero acá son ciudadanos expresándose, claramente identificados. No son trolls ni se ocultan para cometer delitos.
El contenido denunciado ya la Fiscalía lo conoce, así como la autoría del mismo. Para qué investigar todo el contenido del teléfono personal?
Para ver la gravedad del antecedente, imaginen que un militar violador de DDHH denuncie a Leonardo Haberkorn o Gabriel Pereyra por difamación (igual que Raffo).

¿Aceptaríamos que se queden con sus celulares y dar acceso a sus datos privados pero también poner en riesgo a sus fuentes, otras investigaciones periodísticas en su teléfono?

Los protocolos de investigación ante eventuales delitos deberían adecuarse según el caso, de manera proporcional al requerimiento de la investigación y el tipo de delito.

En este caso, además, ni siquiera se trata de un delito. Me sorprendería que la Fiscalía diera curso a estas denuncias, por otra parte».