Se puede alcanzar el número de firmas

Ha sido un esfuerzo titánico para las organizaciones sociales y las fuerzas políticas convocantes, y especialmente para la militancia de base que se puso el grueso de la tarea al hombro en condiciones extremadamente hostiles para una lucha de esta naturaleza. En apenas seis meses, la mitad del tiempo que prevé la ley, y en la peor etapa de la epidemia, la gente tuvo que salir a buscar las firmas cuando arreciaban miles de casos por días y Uruguay alcanzaba el máximo de mortalidad mundial en relación con la población durante casi 90 días, transformando la simple operación de buscar las firmas en un acto de riesgo para los militantes y para la gente que quería firmar.

Con todo, los rumores sobre la cifra de firmas alcanzadas hasta el momento indican que la Comisión Nacional pro Referéndum está al borde de obtener el número requerido y el gobierno, que lo sabe, espera al viernes con el corazón en la boca. La Comisión también sabe que no va a llegar holgada, que no hay condiciones para bajar el ritmo, pero tiene en sus manos la concreción de una hazaña que, si se alcanza, se va a festejar por todo lo alto.

Hay muchos motivos para impugnar la Ley de Urgente Consideración. El más importante es anterior incluso a su contenido: fue una ley ocultada y tramitada de modo express para impedir el debate político y social, estirando el sentido de un instrumento que la constitución prevé no para votar un programa de gobierno sino para abordar proyectos de Ley que atiendan una urgencia objetiva. Hicieron uso de esa herramienta que existe para legislar ante situaciones acuciantes que requieren respuestas inmediatas, y legislaron sobre todo lo que se les ocurrió pervirtiendo el sentido de la norma e imprimiéndole un tratamiento frenético a proyectos que debían laborarse con tiempo para estudiar, para consultar y para debatir. Inventaron la urgencia para saltearse el trámite parlamentario habitual y legislar sobre cientos de asuntos con arreglos a sus fines, incluyendo la educación, la seguridad, las empresas públicas, el sistema financiero, en un berenjenal de normas inconexas. Fue ante todo un procedimiento profundamente antidemocrático que ya por ese motivo merece la derogación.

En una megaley sin debate se propusieron cambiar el sistema educativo, desdibujando la enseñanza pública frente a la privada y modificando la gobernanza para retirar a los docentes de organismos de gobiernos y eliminar los consejos desconcentrados. En la seguridad avanzaron en una arquitectura punitivista, que choca con cual1uier perspectiva de derechos humanos e introduce el gatillo fácil por la vía de las modificaciones a la legítima defensa y la introducción de la legítima defensa presunta. En las empresas públicas fue donde pudieron avanzar menos, porque los pararon desde dentro de la propia coalición, cuando el proyecto original incluía normas que le quitaba el monopolio a Ancap, un verdadero misil por debajo de la línea de flotación, pero también querían regalar la infraestructura de Antel a las operadoras privadas. No pudieron ir a fondo como querían, porque desde la propia coalición se le pararon de manos algunos sectores y terminaron sacando o sustituyendo esos artículos por iniciativas más modestas, aunque también terribles, como  el artículo 235 de la Ley que obliga al Poder Ejecutivo a “actualizar” el precio de los combustibles cada no más de 60 días, lo que anticipa un régimen casi mensual de aumentos de acá para adelantes, cubiertos por la hipótesis de que también podrían bajar si los astros se alinean. Como si alguna vez hubiese bajado el precio de los combustibles en un gobierno de los partidos tradicionales.

En el sistema financiero removieron los controles y eliminaron la inclusión financiera, lo que no ha hecho otra cosa que aumentar el monto de lo que se evade, de los pagos en negro y, por supuesto, aumentado la cantidad de operaciones sospechosas de lavado que no se reportan. En otras áreas, como los alquileres, disfrazados de una supuesta sensibilidad para que las personas puedan alquilar sin garantías, algo que ya existía en el país, introdujeron modificaciones para que los inquilinos puedan ser desalojados de la noche a la mañana incluso siendo buenos pagadores. Y en tramos que tiene que ver con los derechos civiles, incluyeron normas para afectar el derecho huelga y los derechos sindicales, para hostigar a las personas en una verdadera carta libre para el abuso policial que ha sido denunciado por organismos competentes de Uruguay, como la institución nacional de derechos humanos, internacionales, por la academia y por cuanto expertos existen en la materia.

Esta semana está en juego el derecho a un debate nacional, social, público y participativo para que el pueblo pueda decidir de formar informada y con argumentos cualquier que sea el destino de esa normas que se aprobó entre gallos y medias noches, con la sociedad confinada por una epidemia histórica y en la mitad de un poderoso blindaje de los medios de comunicación. Quedan pocos días y faltan pocas firmas. El esfuerzo de la gente ha sido impresionante, falta un poquito más. Se puede.