Secreto a voces

La explotación sexual de menores no es un problema nuevo ni desconocido. Se trata, al decir de los expertos, de un fenómeno extendido a lo largo y ancho de Uruguay. Niñas y niños de todas las edades, adolescentes de ambos sexos, son, todos los días, víctimas de este flagelo en las 19 capitales departamentales y en pequeños poblados en los diversos rincones del país. Pero por sobre todo, se trata de un problema que está naturalizado en la sociedad uruguaya y, por tanto, se invisibiliza.

Tras una larga indagatoria, la jueza especializada en Crimen Organizado de 2º Turno, María Helena Mainard, a pedido de la fiscal María de los Ángeles Camiño, dispuso el procesamiento con prisión de cinco trabajadores de la empresa Cutcsa por delitos previstos en la Ley 17.815, “de Violencia sexual comercial o no comercial cometida contra niños, adolescentes o incapaces”. Básicamente, se comprobó que mantenían relaciones sexuales con menores a cambio de dinero.

La investigación judicial –que se inició tras una denuncia del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU)– permitió confirmar que los actos ilícitos tenían lugar en la terminal de ómnibus de la playa del Cerro e involucraba a dos adolescentes de la zona. Se estableció que uno de los trabajadores mantenía un vínculo con una adolescente desde que esta tenía 13 años (hoy tiene 16) y que mantenían relaciones sexuales en el ómnibus una vez que el hombre finalizaba la jornada laboral o el recorrido, a cambio de “viajes gratis” en algunas oportunidades.

Con el tiempo, la adolescente comenzó a salir con otros choferes y guardas de la línea D, con quienes también mantenía relaciones sexuales a cambio de dinero y otras regalías. Estos encuentros se producían en los ómnibus o en moteles. Al mismo tiempo, otra adolescente –amiga de la primera– también mantuvo este tipo de relaciones con otros dos trabajadores de la empresa. Todos sabían que estas jóvenes eran menores de edad.

Incluso, la Justicia logró recuperar una conversación telefónica en la que uno de los transportistas “le promete pagar a cambio de tener sexo […] teniendo muy presente que es un delito lo que le ofrece”, detalla el dictamen de la fiscal Camiño. Tras la indagatoria, cinco de los 12 integrantes del grupo de Whatsapp “Los Fenómenos” fueron procesados con prisión. Los otros perdieron su trabajo, ya que la empresa anunció que cortaría la relación laboral con todos los trabajadores que fueron indagados por estos hechos.

Sin embargo, este caso no representa un hecho aislado. En 2014, el informe Un secreto a voces –elaborado por el INAU y el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees)– daba cuenta del problema de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la zona oeste de Montevideo. La investigación apuntaba a la proliferación de este flagelo en calles y parques, pero también en espacios públicos “un poco más escondidos”, entre ellos, las terminales de ómnibus.

Realidad escondida

Según el INAU y el Conapees, unos 330 niños y adolescentes fueron víctimas de explotación sexual en Uruguay en 2016. Se trata de una cifra importante y que supone un aumento sustancial en relación con los casos registrados hace diez años, sobre todo si se tiene en cuenta que entre 2007 y 2009 el INAU presentó 20 denuncias por explotación sexual. Sin embargo, se tiene la certeza de que esta cifra representa un subregistro de la realidad, ya que existen factores culturales y sociales que dificultan la investigación.

En este sentido, el presidente del Conapees, Luis Purtscher, afirmó que la explotación sexual es un fenómeno que se produce en todo el país, con una media de 20 casos por departamento. Sin embargo, existen algunas zonas más proclives a este fenómeno, como las localidades fronterizas, los polos de desarrollo industrial, las zonas turísticas o zonas con una amplia concentración de trabajadores extranjeros y del transporte de carga.

Los departamentos con mayor cantidad de situaciones de explotación sexual fueron Canelones y Tacuarembó, “que superan los 30 casos”, afirmó Purtscher. En Montevideo se registraron 26 casos en el último año, particularmente focalizados en el oeste del departamento –donde se registró el caso de los trabajadores del transporte–, una de las zonas de mayor vulnerabilidad socioeconómica de la capital. En la mayoría de los casos, se procesa una situación de poder desigual entre la víctima –el o la menor– y su victimario –el explotador–, que suele visualizarse en relación con lo económico, ya que las víctimas suelen pertenecer a los sectores de menores recursos.

En esta línea, la presidenta del INAU, Marisa Lindner, afirmó que existen pequeñas localidades del interior donde el problema está extendido, en las que puede constatarse una decena de casos de explotación sexual. Sin embargo, se trata de un fenómeno naturalizado en esa comunidad (“todos habían visto, conocían o sabían algo”), por lo que se deduce que no se percibe como un problema ni como un delito. A esto Purtscher agregó que se constataron algunos casos en los que niñas y adolescentes “son trasladadas de un departamento a otro para ser explotadas”. A esto se suma la dificultad para judicializar estos casos, ya que se trata de problemas complejos, en los que no es sencillo recopilar la prueba, y la propia víctima naturaliza su situación.

La mirada al oeste

El informe Un secreto a voces. Percepciones sobre la explotación sexual comercial en Montevideo oeste permitió visualizar un problema que suele estar escondido en la sociedad. Se trata de un trabajo elaborado por el INAU y el Conapees a partir de los testimonios de personas que viven o trabajan en la zona, y que permitió realizar un mapeo de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el oeste de la capital.

“Conozco chiquilinas que salen de la escuela y empiezan a prostituirse. Hay unas mellizas que se paran en el estadio [de Cerro, Luis Tróccoli] o en la ruta. Frente al estadio, dos adolescentes con su madre”. Como este, decenas de testimonios registrados en el informe permiten visualizar diversas situaciones de explotación sexual de menores –que muchos aún definen como “prostitución” o “prostitución infantil”– en esa zona de Montevideo.

Así se identifican diversos lugares donde pueden encontrarse casos de explotación sexual: las principales calles de la zona (la avenida Carlos María Ramírez, la calle Grecia o camino Cibils), bajo los puentes de las rutas nacionales o adentrándose en los parques (Punta Yeguas, Carlos Vaz Ferreira y Tomkinson). Se trata, en su mayoría, de relatos que refieren a relaciones puntuales y nocturnas, de intercambio de sexo por dinero. También se reflejan situaciones de explotación en cantinas, bares, almacenes, en casas de familia o en las bocas de venta de droga, que se configuran en relaciones que tienen como elementos de intercambio el dinero, pero también objetos de bajo costo, como droga, cargas de celular, cerveza o un surtido de elementos de uso doméstico o alimentos.

Ese informe ya refería a la problemática en las terminales de ómnibus de la zona. “Hay relatos reiterados que tienen por común denominador el transporte de pasajeros. En la zona se encuentran tres terminales de ómnibus, allí se han detectado situaciones de explotación de niñas, niños y adolescentes”. “Son lugares de alto tránsito de personas y de permanencia de guardas, choferes y taxistas, quienes pueden oficiar como perpetradores o facilitadores de la explotación. Se han indicado situaciones de adolescentes mujeres que son explotadas sexualmente a cambio de traslados en taxi o en ómnibus, tanto en la terminal de Santa Catalina como en la del Cerro”, agrega el informe.

Así lo reflejaban algunos testimonios recabados por los investigadores: “He sabido por actores de las empresas de transporte que lo han comentado que se les ofrecen a cambio de un cigarro o un viaje en taxi o un refuerzo. Hemos tenido que sacar de adentro de los baños de la terminal a gurisas que se encierran y que dejan objetos en las cisternas, drogas, ropa interior”. Otros relatos referían a situaciones de explotación dentro de los baños de las terminales o incluso en los ómnibus, tanto de día como de noche: “En la terminal de ómnibus [Santa Catalina] es a diario, a cualquier hora del día, arriba de los coches, en los baños”.

El cúmulo de estas versiones referían a la presencia de hombres adultos en el rol de victimarios o explotadores, con referencias directas a trabajadores de la zona. “En descripciones más detalladas sobre los trabajadores, se identifica como perpetradores a los del transporte, específicamente a los camioneros, a los trabajadores de la terminal, guardas, choferes y taxistas, y más genéricamente, a los trabajadores del saneamiento”.

“Puede inferirse que esta población que no es de allí, pero que transitoriamente permanece o pasa por el barrio, posee (en parte por ese carácter nómade) una relación que supera la mera circunstancia y genera un vínculo frecuente con sectores de la población de niñas, niños y adolescentes con altos niveles de vulnerabilidad”. Dos años después de esta publicación, esas situaciones fueron confirmadas por una investigación judicial que derivó en el procesamiento de cinco trabajadores de la empresa Cutcsa.