Semana roja en Venezuela

Por Manuel González Ayestarán

Durante la última semana el conflicto entre el gobierno y la derecha en Venezuela se ha agudizado hasta el punto de configurarse un nuevo episodio del llamado al derrocamiento del presidente electo. El pasado martes, la oposición venezolana aprobó en la Asamblea Nacional (AN), que controla desde el pasado diciembre, el inicio del juicio político contra el presidente Nicolás Maduro. Con esto, la derecha venezolana buscó imitar a su homóloga brasileña en el proceso de impeachment que llevó a cabo hace apenas unos meses, apartando del cargo a Dilma Rousseff. Sin embargo, el propio presidente del organismo, Henry Ramos Allup, reconoció al finalizar el acto que la acción aprobada constituye más una “valoración política” que “un juicio que desemboque en la destitución del presidente, ya que eso le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia [TSJ]”.

Efectivamente, la figura del juicio político no está contemplada por la constitución venezolana. Según explicó el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela Elías Jaua a Telesur, “nuestra constitución parte de un fundamento filosófico que es que el poder del pueblo no se transfiere. Cuando el pueblo elige no está transfiriendo su soberanía, la mantiene. Por lo tanto, la soberanía de elegir al presidente de la República no puede ser transferida a los diputados para que lo destituya”, añadió.

Lo único que tendría efectos jurídicos sería una investigación impulsada por la Fiscalía General, algo que aún no ha tenido lugar debido, entre otras cosas, a la ausencia de motivos reales a indagar, ya que la derecha no controla el Poder Judicial (como sí pasa en Brasil). El argumentario de la oposición para reclamar este juicio sobre la figura de Nicolás Maduro se basa en valoraciones propias más que en hechos vinculantes. Los congresistas que votaron a favor en la AN sostienen que Maduro tiene responsabilidad penal y política en la ruptura del orden constitucional que para ellos representó el aplazamiento de la segunda fase de recolección de firmas para la activación del referéndum revocatorio. En este sentido, también sostienen que Maduro abandonó su cargo por emprender una gira, sin contar con el permiso del Parlamento, por varios países productores de petróleo en demanda de la estabilización de los precios del crudo. Por último, varios legisladores aseguraron tener pruebas de que Maduro tiene doble nacionalidad, colombiana y venezolana: esto lo inhabilitaría para ejercer la presidencia del país según la carta magna. Sin embargo, es algo que la cancillería colombiana aún no ha podido confirmar.

Tampoco las otras dos acusaciones se sostienen en términos legales. En primer lugar, el abandono de su cargo no tuvo lugar debido a que el viaje que emprendió le llevó cuatro días y, según la legislación vigente, el presidente del gobierno únicamente debe solicitar permiso para viajar en caso de que su ausencia supere las cinco jornadas. En segundo lugar, la interrupción del proceso de activación del referéndum revocatorio se derivó de la anulación de la primera fase de la recolección de uno por ciento de firmas por parte de los tribunales penales de Carabobo, Aragua, Bolívar, Monagas y Apure, debido a la detección de fraude cometido en este proceso. De las 1.957.779 firmas entregadas por la MUD, 625.727 (30 por ciento) presentaron irregularidades. Según denunciaron varias organizaciones sociales, casi 11.000 personas fallecidas aparecen como firmantes y se entregaron 1.333 números de cédula inexistentes, así como más de 3.000 pertenecientes a ciudadanos menores de edad. Además, en las planillas firman 1.335 condenados por la Justicia por delitos de violación, homicidio, secuestro y narcotráfico.

La anulación de uno por ciento de las firmas en estos estados retrasa el proceso de activación del referéndum debido a que deberá repetirse la primera etapa en dichas localidades. El TSJ dejó claro el pasado lunes 17 de octubre, mediante un comunicado oficial, que la segunda fase de recolección de 20 por ciento de voluntades populares debe realizarse estado por estado entre los días 26 y 28 de octubre. El hecho de que haya cinco estados en los que debe repetirse la fase previa fuerza necesariamente a aplazar el proceso, ya que la legalidad especifica que “ la falta de recolección de ese porcentaje en cualquiera de las regiones del país haría inválida la convocatoria del referendo revocatorio presidencial”.

Sin embargo, la oposición aprobó el pasado domingo en el parlamento un “acuerdo para la restitución del orden constitucional” en el país. Este texto fue el que denunció la supuesta ruptura del orden constitucional y anunció una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra los jueces y rectores que, según la derecha, han tomado resoluciones fraudulentas para detener el proceso del revocatorio. Este acuerdo también señala que se designarán tres nuevos rectores principales y suplentes del Poder Electoral, así como nuevos magistrados en el TSJ. En esa jornada, una turba de individuos afines al gobierno irrumpió en el congreso para protestar contra lo que consideraban un golpe de Estado parlamentario que se estaba gestando contra el presidente. Este grupo organizó un acto de violencia que provocó algunos heridos entre los legisladores opositores y fue apaciguado por el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, en colaboración con las fuerzas del orden.

La “Toma de Venezuela”

Debido a la crisis desatada por estos acontecimientos, el Vaticano decidió enviar al nuncio apostólico de Argentina, Emil Paul Tscherrig, para que se incorporase al comité mediador, formado por los expresidentes Leonel Fernández, José Luis Rodríguez Zapatero y Martín Torrijos, con el fin de establecer una instancia de diálogo entre gobierno y oposición. Tras varias reuniones con una y otra parte del conflicto, Tscherrig anunció el inicio del proceso de diálogo, fijando un encuentro el día 30 en Isla Margarita. Esto fue aplaudido por la Secretaría General de las Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la cual expresó mediante un comunicado que “el diálogo es el camino que producirá mayores beneficios políticos con menores costos sociales y en menor tiempo”.

Sin embargo, entre el pasado lunes y este martes, los líderes derechistas venezolanos Henrique Capriles (Primero Justicia) y Liliana Hernández (Un nuevo tiempo) realizaron declaraciones públicas en las que desmintieron el hecho de que se haya iniciado un proceso de diálogo en Venezuela. “No hay nada que negociar”, expresó Hernández en entrevista con Globovisión. “Aquí lo que ha habido son puras aproximaciones […] nadie en la oposición está negociando libertades individuales […] el revocatorio no se va a negociar, es un derecho de nosotros, el revocatorio no se negocia”. En este marco, la AN aprobó el juicio político contra Maduro y, por su parte, Henrique Capriles, contraviniendo la voluntad de los mediadores del Vaticano y la Unasur, convocó la “Toma de Venezuela”. “¡A los soldados de la patria, de nuestra Fuerza Armada, defender la Constitución, tarea de todos! #TomaDeVenezuela ¡Contra el Golpe!”, expresó el líder opositor en su perfil de Twitter.

Por su parte, el oficialismo organizó una concentración frente al Palacio de Miraflores para evitar intentonas de golpe de Estado como la realizada en 2002 por buena parte de la actual cúpula opositora contra el presidente Hugo Chávez. Finalmente, a pesar de la tensión que se anticipaba debido al clima previo y a la retórica empleada por el sector más violentista de la derecha, la marcha se desarrolló el pasado miércoles sin mayores incidentes, exigiendo el revocatorio de Maduro. La concentración principal, desarrollada en Caracas, finalizó con el anuncio realizado por el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Chuo Torrealba, de una huelga general de 12 horas el viernes 28 de octubre. Asimismo Torrealba puso el domingo 30 como fecha límite para que el gobierno active el referéndum revocatorio. De no cumplirlo, el jueves 3 de noviembre se programó una nueva marcha que promete llegar hasta la residencia presidencial.

Claves del conflicto

Para el responsable de Relaciones Exteriores del Frente Amplio, José Bayardi, la coyuntura actual venezolana viene precedida de una “situación en la que el reconocimiento por parte de la oposición hacia el gobierno siempre ha estado planteado con reservas desde que el presidente Chávez ganó las elecciones en 1998, y se ha agudizado con mucha fuerza desde la elección de Nicolás Maduro”. Para Bayardi la derecha nunca reconoció lo expresado en las urnas, “y yo creo que hasta el día de hoy, ni siquiera al propio presidente”, según dijo en entrevista con Caras y Caretas. Efectivamente, sendos intentos de golpe de Estado han transcurrido en los últimos 14 años, además de innumerables maniobras desestabilizadores de la economía y la política a cargo de una derecha financiada por Washington, cuyos métodos recuerdan a muchos de los empleados por su par chilena en los meses previos al golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973.

Este contexto, sumado a la agudización de la crisis económica provocada por la bajada histórica del precio del petróleo, se compaginó con el triunfo de la derecha en las elecciones del 5 de diciembre de 2015, la cual conquistó la AN y prometió hacer caer al gobierno electo en un plazo de seis meses. A partir de entonces, para Bayardi “el gobierno ha tendido mediante diversos instrumentos al desconocimiento de la oposición”. Cuestiones como la invalidación por parte del TSJ de todas las decisiones tomadas por la AN mientras esta mantenga incorporados a tres diputados indígenas suspendidos por presunto fraude (ligado a la compra de votos en su proceso de elección) han hecho que se acuse al oficialismo de controlar el Poder Judicial. Así, considerando al parlamento en desacato, el TSJ ha llevado a cabo maniobras más o menos discutibles como autorizar la aprobación de los presupuestos generales de 2017 sin necesidad de ser votados por esta institución.

Sin embargo, en lo que concierne a la iniciación del referéndum revocatorio, Bayardi defiende que “la oposición nunca desconoció que el referéndum revocatorio, desde que quedó reglamentado después de 2006, tiene 260 días de desarrollo de todas las etapas, con lo cual era difícil o imposible que pudiera realizarse antes de 2017”. Sin embargo, en reiteradas ocasiones han denunciado al gobierno por no celebrarlo cuando a ellos les convenía. Para solucionar el conflicto actual el dirigente frenteamplista confía en los criterios de los mediadores internacionales y en el necesario establecimiento de instancias de diálogo.

En este sentido, Bayardi criticó a “un sector de la oposición que estimula los enfrentamientos”. De tal modo, cuestiones como la denominación de “toma” para la manifestación del pasado miércoles constituye para él “una denominación que en términos históricos ha caracterizado contextos insurreccionales de rebeliones. Podemos hablar de la Toma de la Bastilla, de la Toma del Palacio de Invierno, como elementos simbólicos”. Así, estos llamados insurreccionales se destinan a provocar un contexto de inestabilidad que invite a la intervención extranjera en el país, en connivencia con la alianza tácita que este sector mantiene con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

“ Si la estrategia de la oposición es generar inestabilidad a través de la rebelión popular para incitar a las Fuerzas Armadas a tomar determinadas posiciones, estaríamos yendo por un camino especialmente peligroso que va a llevar a que haya cierta ruptura dentro del ejército y a que haya enfrentamientos que puedan terminar afectando no sólo la paz en Venezuela, sino la paz en el subcontinente”, concluyó Bayardi.