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Este viernes 8, el Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras del INAU y del INISA se presentaron ante la comisión especial que trata la ley de urgente consideración (LUC) para exponer sus consideraciones entorno a las modificaciones del proyecto de ley en su área de competencia.
Cabe destacar que se trata de uno de los debates más complejos que ha tenido la LUC en el senado ya que varios senadores de diferentes partidos plantearon criticas a ciertos artículos, incluso la vicepresidenta, Beatriz Argimón. El sector del senador Jorge Ganidini, Por la Patria y el sector colorado Ciudadanos serían algunos de los que manifestaron reparos respecto al régimen penal para adolescentes.
Caras y Caretas Portal dialogó con una fuente de Suinau quien consideró que el gobierno «se encontró con no solo la sociedad civil, los organismos internacionales, Unicef y el Instituto Interamericano del Niño de OEA rechazan las modificaciones de la LUC en materia penal adolescente, sino que ahora también Cabildo Abierto, el sector de Gistavo Salle y el Partido Independiente».
El centro del debate
En el documento que presentaron, señalan, como punto de partida, que la República Oriental del Uruguay ha ratificado las reglas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de menores (“Reglas de Beijing”) y otras similares como la Convención de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño. Por tal motivo, explican que entienden pertinente analizar las reformas propuestas en la LUC a la luz de tales reglas.
A modo de preámbulo, citan algunos datos relevante del contexto actual como que «la cantidad de adolescentes privados de libertad (APL) que se encuentran en el sistema no llega actualmente a los 300, luego de haber tenido un pico máximo de más de 800 en el año 2015» y que estas cifras llevan menos de dos años de descenso sostenido. Señalan también que del total de delitos que se cometen en Uruguay, más del 94% lo cometen personas adultas.
En términos generales, plantean que «los artículos 62 al 65 contemplan las normas que pretenden agravar la situación de los adolescentes en conflicto con la ley, a los que se suma el artículo 33 que elimina la suspensión condicional del proceso, al derogar los artículos 383 al 392
de la Ley 19.293 (Código del Proceso Penal)». Explican que la suspensión condicional del proceso es la única vía alternativa de solución del
conflicto con que cuenta la justicia penal juvenil.
Agregan que «La LUC no propone una reforma integral de la responsabilidad juvenil ni del régimen legal de la adolescencia, sino que se concentra en la privación de libertad, así como en otras consecuencias accesorias (responsabilidad de los representantes legales, conservación de antecedentes). Además, advierten que «el signo general es un aumento de la punibilidad en todas las modificaciones de la LUC y que «se intenta agravar la situación del adolescente en conflicto con la ley, pero en este caso proyectándolo a cuando cumpla la mayoría de edad».
«El sistema sancionatorio propuesto en el proyecto una vez declarada la responsabilidad del adolescente tiene un solo objetivo que es aumentar el encierro, y buscar con las medidas propuestas acercar las sanciones de los adolescentes a las de los adultos», agregan advirtiendo que se trata de medidas van en contra de las pautas socioeducativas previstas para los adolescentes como minimizar la respuesta estatal, la protección de los derechos de los adolescentes como sujetos en desarrollo.
Los artículos que generaron más rechazo y controversias son los 74,75 y 76 que establecen la eliminación del régimen de semilibertad para aquellos adolescentes que cometieron delitos considerados como graves. Al mismo tiempo se duplican las penas máximas de privación de libertad y también las mínimas para adolescentes entre 15 y 18 años que comentan delitos calificados como gravísimos. El cuestionamiento más fuerte sobre este punto, es que la privación de libertad mínima para ese tipo de delitos sea más alta en menores de edad que en mayores.
«Parece una gran contradicción que un adolescente de 17 años de edad, si comete una infracción grave, sea recluido en el INISA quizás hasta los 27 años de edad, mientras que por otro lado se intenta consagrar un régimen especial para jóvenes adultos de 18 a 23años que, cometiendo un delito similar, sea llevado a una cárcel de adultos», manifestó Sinau.
«El aumento al doble de las penas máximas aumentará en igual medida la conflictiva en los centros de reclusión y el grado de violencia con el que egresarán una vez cumplidas las medidas impuestas». Además, entienden que es «impensable que se puedan adoptar estas series de medidas que exigirán muchos más recursos de todo el sistema, en el marco de un proceso de restricción presupuestal», agregaron.
Suinau concluye señalando que la LUC «no parece obedecer a un estudio, investigación, planificación y formulación y evaluación de políticas» como lo establecen organismos internacionales de Derechos Humanos.
