Trabajadores de OSE contra la "privatización"del agua

En las últimas horas la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) decidió comenzar una campaña pública de oposición al Proyecto Neptuno, una de las grandes inversiones anunciadas e impulsadas por el gobierno.

El eje central de la discusión que se avecina es la constitucionalidad de la nueva toma de agua y la planta potabilizadora a instalarse sobre el Río de la Plata, en la zona de Arazatí, San José.

El gobierno ha manifestado su intención de otorgar no solo la construcción sino también la operación a largo plazo de esa infrastructura a un privado. Ese modelo económico para FFOSE implica una violación del artículo 47 de la Constitución y una "privatización" de una porción importante de la producción de agua potable.

FFOSE estuvo reunido con el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, y pretende que la oposición al Proyecto Neptuno pase a formar parte de la plataforma de reivindicaciones de la central sindical y se incorpore a los reclamos. Los trabajadores tuvieron buena receptividad de parte de Abdala, y acordaron llevar un planteo a la próxima reunión de la Mesa Representativa, que se realizará el 2 de junio y que se formalice el respaldo del Pit-Cnt.

Por su parte el director del Frente Amplio (FA) en el ente, Edgardo Ortuño, hizo énfasis en la trascendencia del proyecto al señalar que la empresa pública “atraviesa una difícil situación y está en riesgo su futuro como empresa pública y para el futuro del servicio de abastecimiento de agua potable en el país”.

Ortuño aseguró que OSE “se encuentra en un contexto de recortes presupuestales y debilitamiento general plasmado tanto en la reducción de inversiones como de funcionarios”, trayendo a colación datos como “la reducción de un 25% del funcionariado” y “un recorte de inversiones por 240 millones de dólares”, con respecto a la administración pasada.

Asimismo, recuerda que el Proyecto Neptuno fue ideado por la actual administración de gobierno para solucionar el problema de abastecimiento de agua de Montevideo y la zona metropolitana.

Según consignó Ortuño, la idea de la administración pasada era la construcción de una represa sobre el arroyo Casupá. El proyecto estaba encaminado cuando asumió el gobierno de Luis Lacalle Pou y el ex presidente Tabaré Vázquez había planteado al actual mandatario darle continuidad como “política de Estado”, cosa que finalmente no sucedió.

El proyecto actual es una iniciativa presentada por un consorcio de empresas constructoras (Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast) y supone una inversión mayor a los 288 millones de dólares.

Según el director en representación del FA, esta opción supone que OSE compre agua potabilizada a un privado, algo que rechaza “categóricamente” por “ser inconstitucional y contrario al pronunciamiento ciudadano resultante del Plebiscito sobre el agua en el año 2004”.

El director frenteamplista no duda en expresar que “surge en forma clara y contundente que la alternativa más conveniente es realizar la gestión pública de la producción de agua potable por parte de OSE que es lo que sabe hacer, para lo que cuenta con 70 años de especificidad técnica y mandato legal”.

Sobre la gestión privada, Ortuño asegura que tendrá “un costo anual superior de 12 millones dólares” para OSE.