Situación de Colombia: La dictadura que no es y la dictadura que sí es

Las alarmas en el continente están encendidas y apuntan, como siempre, a Venezuela; la posesión de Nicolás Maduro el 10 de enero estuvo en el centro de las miradas. A los gritos, el Grupo de Lima pretende desconocer el gobierno producto de las elecciones por el hecho de ser Maduro quien venció. Si en las mismas elecciones, exactamente con el mismo proceso y bajo las mismas condiciones, hubiese ganado la oposición, habría sido una victoria de la democracia, pero, como perdieron, es una muestra más de la tiranía. Eso significa que la democracia no viene determinada por el proceso electoral que la respalda, sino por el escenario ideológico en que se enmarca.

Los argumentos esgrimidos por el grupo de Lima son, en principio, las más altas preocupaciones que pueden generarse a la luz de la celosamente guardada democracia liberal, construida desde las últimas tres décadas del siglo pasado y durante lo que va del presente. El fin de las dictaduras que asolaron con puño de hierro a casi todo el continente, de México hacia el sur, marcó el nacimiento de un inconmensurable sentimiento colectivo que a una sola voz continental gritó: “Dictaduras nunca más”.

Entonces la OEA, ahora bajo la tutela de Luis Almagro, se plantó en el continente como el adalid de la democracia y la libertad de los pueblos, un poco tarde, vale aclarar, pues desde su fundación en abril de 1948 le pasaron por los bigotes prácticamente todas las dictaduras militares de ultraderecha en el continente; desde las cortas y sanguinarias hasta las largas y más sanguinarias. 40.000 desaparecidos de las dictaduras dan fe de la poca preocupación democrática que hubo durante décadas en América.

Hoy el duro señalamiento hecho al gobierno venezolano es el de ser una dictadura, un régimen totalitario que persigue sin piedad a quien se le oponga; un despiadado gobierno totalitario que no permite expresión distinta a la de su propio discurso.

Quienes le niegan el reconocimiento son presidentes cuyas victorias fueron significativamente inferiores a la obtenida por Nicolás Maduro en un proceso electoral que no tiene el menor cuestionamiento técnico o ético más allá de las “certezas” de la oposición, ampliamente difundidas por los grandes medios, pero que no encontraron ningún soporte concreto.

Por otro lado, el totalitarismo institucional que tanto se le endilga a Venezuela terminó siendo otro fail, pues la Asamblea Nacional quedó con la mayoría opositora en unas elecciones que curiosamente no tienen ningún cuestionamiento ético y sobre las que no hay sospecha alguna. Lo complicado ahora es que sin existir una sentencia o jurisprudencia sobre el proceso electoral que le da la victoria con más de 67% a Maduro y basada sólo en argumentos de tipo ideológico, la Asamblea desconoce la victoria del presidente.

Toda esta trama internacional tiene protagonistas a la luz y en las sombras, donde uno de los más vehementes contradictores del gobierno de Maduro ha sido el presidente de Colombia, Iván Duque, quien desde su campaña se dedicó a alzar las banderas del combate a “la dictadura venezolana”.

Sin embargo y por un mero principio de autoridad moral, habría de pensarse que en Colombia las garantías democráticas que reclama de su vecino se cumplen a cabalidad, que Colombia es un baluarte de transparencia electoral, respeto a los derechos humanos, independencia entre poderes y garantías a la oposición.

Pero la realidad es bien diferente, es una voz constante la que suena desde las organizaciones de derechos humanos, que han denunciado desde 2016 un incremento (incremento, no inicio) de los asesinatos contra líderes de procesos sociales en Colombia; tener una cifra exacta no es fácil, pues al momento de publicar algún consolidado, la cifra ya aumentó en dos o tres y existen épocas críticas como la que está cerrando.

Mientras el mundo celebraba el cambio de año, el número de asesinatos se incrementó a un homicidio diario desde el 28 de diciembre; dentro de los que más conmoción causaron está el de Maritza Quiroz, una mujer de 60 años, quien ya había sufrido el asesinato de su esposo y debió dejar su chacra a merced de quienes le atacaron; el 5 de enero llegaron a la puerta de su casa y le dispararon.

Este es el reflejo del día a día en la democracia colombiana. Mientras tanto, las voces críticas han sido acalladas sistemáticamente desde que Iván Duque asumió la presidencia; los programas de televisión La Tele Letal y Puros Criollos, que habían realizado notas con fuertes críticas al gobierno, salieron del aire de manera intempestiva. Por otro lado, el programa radial La señal de la mañana invitó a Duque para la realización de una emisión especial, pero se solicitó a los conductores habituales del programa, Andrea Olano y Carlos Chica, que no hicieran preguntas al mandatario y fueron llevados otros periodistas que realizaron un programa sin preguntas incómodas y trabajando prácticamente sobre libreto.

Una vez terminado el programa, uno los conductores censurados hizo la denuncia y de manera casi inmediata el programa fue suspendido; iguales situaciones se han presentado en Radio Nacional, Canal Institucional y Señal Colombia, que es un canal público de televisión. Todo esto en el marco de una propuesta de reforma en la reglamentación de las comunicaciones, que dejaría en manos de un “Consejo profesional” designado de forma centralizada la posibilidad de certificar a los periodistas para su ejercicio profesional. Dicha propuesta denunciada por la Sociedad Interamericana de Prensa ya había sido descartada hacía 30 años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por ser altamente lesiva de la libertad de expresión.

Pero los cuestionamientos al gobierno Duque llegan hasta el proceso mismo de las elecciones en las que resulta elegido presidente, pues en las internas, primera vuelta y balotaje, se elevaron múltiples denuncias documentadas en las que se muestra que fueron sistemáticamente destruidos los votos por el competidor inmediato y principal contradictor de Duque, Gustavo Petro, a quien no se le ha reconocido la personería jurídica de su partido.

Pero la situación va mucho más allá, pues aunque es claro que quien está detrás del gobierno de Duque es su mentor, el expresidente Álvaro Uribe, ni cuando este ocupó ese cargo -entre 2002 y 2010- su poder llegó a extenderse de la forma en que hoy está configurado; aunque durante el gobierno Uribe el parlamento fue elegido al menos en 30% por los paramilitares, las altas cortes conservaron durante prácticamente todo el mandato una fuerte independencia y lograron convertirse en un escenario que escapaba al ejercicio de su poder, por lo que fueron víctimas de seguimientos y hostigamientos por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno.

Hoy el poder de ese sector político de ultraderecha se consolidó y extendió hacia todos los rincones de la vida política. El presidente lleva semanas de salidas en falso, demostrando su poca experiencia y dominio de su cargo, mientras Uribe anuncia desde su cuenta personal de Twitter los decretos antes de ser firmados por presidencia.

Álvaro Uribe hoy es congresista y logró una de las bancadas más grandes, y un miembro de su partido es el presidente del senado; por otro lado, el fiscal general y el procurador, que son los jefes del ministerio público, hacen parte del círculo cercano del uribismo y el fiscal Néstor Martínez se encuentra investigado como parte del caso transnacional de Odebrecht, que ya se ha cobrado el cargo de altos funcionarios en varios países.

Sin embargo, los líderes sociales no son los únicos que temen por su vida en Colombia, pues precisamente en el marco de las investigaciones contra el fiscal y el círculo cercano del uribismo, dos de los testigos claves en los procesos han resultado muertos en “confusos hechos”. Luego del sepelio del primer testigo muerto, uno de sus hijos bebió de una botella de agua que estaba sobre el escritorio de su padre, minutos después se desplomó y horas después murió; las pesquisas encontraron la ingesta de cianuro como causa de muerte.

Este es el panorama en Colombia: 80.000 desaparecidos en democracia, casi el doble que todas las dictaduras del cono sur; desde que subió a la presidencia Duque van cerca de 150 líderes sociales asesinados; todo su círculo cercano aparece vinculado a casos de corrupción o paramilitarismo, incluido el mismo expresidente Uribe; varios medios y programas han sido cerrados por hacer críticas y el partido de gobierno tiene el control de los tres poderes, pero para la OEA esto no es tan grave. Ni en Uruguay el senador Lacalle Pou pide a gritos condenar o desconocer al gobierno de Colombia ni hay un grupo de Lima exigiendo la entrega del poder “por el bien del pueblo colombiano”.