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LUC |

Bai (PIT-CNT): «Falta diálogo social de carácter político»

Entrevista al economista Hugo Bai, representante del PIT-CNT en la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS).

Entrevista al economista Hugo Bai, representante del PIT-CNT en la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), organismo creado por la LUC para elaborar recomendaciones para la reforma integral de la seguridad social. El 31 de octubre la CESS tiene que elevar al Poder Ejecutivo el documento oficial con recomendaciones. Hace unos días, los 9 miembros delegados del Poder Ejecutivo presentaron a los otros 6 (de la oposición, trabajadores, jubilados y empresarios) un «informe con insumos para las recomendaciones».

¿Cómo se dio el trabajo en la CESS?

Es interesante hablar sobre el proceso de la comisión. Arrancó en noviembre de 2020 y trabajó bien hasta junio. A comienzos de julio el trabajo se interrumpió abruptamente y 9 delegados de los 15 empezaron a trabajar en soledad en este documento que se divulgó, elaborando recomendaciones con todo el aparato de la secretaría técnica para evaluar proyecciones y costos. Los otros 6 quedamos por fuera del proceso.

Además, el otro elemento que hace al proceso es la idea de que el documento, se dice, no representa la visión política ni del gobierno ni de la coalición.

Para nosotros como PIT-CNT ha sido muy complejo desarrollar el diálogo en un formato que no es el que nos sienta más cómodo, una comisión técnica. Concebimos el diálogo social a partir de otros criterios, una conversación de carácter político. La reforma de la seguridad social es esencialmente una discusión política, sí tiene que venir apoyada por elementos técnicos. Quedamos un poco sin saber para dónde agarrar porque no sabemos bien con quién estamos hablando, a quién le llevamos propuestas nosotros si esas no representan al PE pero marcan la cancha de lo que esto va a ser.

El oficialismo en la comisión declaró que el PIT-CNT no acercó propuestas para el documento. ¿Cómo se dio el diálogo?

El diálogo siempre fue correcto, tuvimos trabajo muy intenso y siempre con mucho respeto y cordialidad. Espacio para presentar propuestas hay, el problema es que, de acuerdo a la postura oficial, el gobierno todavía no presentó ninguna propuesta. Si uno hace abstracción de lo que plantean, la base es que acá hay ideas consideradas insumo, no vinculantes, y después el gobierno va a tomar algunas cuestiones del documento.

Nosotros decimos que esto está lejos del diálogo social que el movimiento sindical aspira a tener en un tema tan delicado y central para la vida como la seguridad social. Fenómeno el proceso técnico, ha tenido sus vaivenes, pero es importante que una vez que le gobierno defina qué quiere hacer con la seguridad social y se haga cargo de las propuestas que vaya a implementar, convoque un diálogo social.

Previamente a que esté la instancia parlamentaria aspiramos a que se nos convoque a un diálogo social de carácter político. Cuando el PE asuma el carácter político de las propuestas nosotros vamos a tener un espacio de diálogo donde volcar propuestas y generar acuerdos que implican negociaciones. Esta comisión técnica no es ese ámbito. El PIT-CNT ha quedado descolocado con el proceso de discusión técnica que no involucra políticamente a nadie. Nosotros tenemos nuestras propuestas, en algún caso ha podido ser de recibo y están reflejadas, pero en la mayoría no.

¿Cuáles son las recomendaciones centrales del documento?

La primera lectura es de aspectos que faltan. Se nos convoca a un nuevo pacto social, es un elemento positivo y una buena forma de encarar el debate. No podemos quedarnos solo hablando de jubilaciones y pensiones, tenemos que hablar de toda la matriz de protección social, primera infancia, discapacidad, sistema de cuidados; áreas en las que el país, a pesar de los avances, tiene déficit.

Además, integral en el sentido de que tenemos que hablar del mercado laboral y del sistema tributario. Si se quiere analizar la sostenibilidad del sistema de jubilaciones y pensiones no solo tenemos que mirar el gasto, sino que tenemos que mirar también los ingresos y el financiamiento y si realmente en nuestro país todos los sectores que están en condiciones de aportar más lo hacen para financiar solidariamente, en un esquema redistributivo, a los sectores que menos tienen.

Al informe le falta un aporte mayor del capital al financiamiento de la protección social de los adultos mayores en el país. Las altas ganancias, la concentración de riqueza tienen que ser elementos que estén al momento de discutir cómo vamos a afectar determinadas prestaciones y derechos, tiene que haber una contribución mayor de sectores que pueden hacerlo.

Lo mismo la caja militar, un sistema que tiene condiciones para hacer un aporte mayor, en particular las altas jubilaciones que se otorgaron durante décadas, desde la salida de la dictadura hasta nuestros días, y tienen condiciones incomparablemente más beneficiosas que las de otro regímenes. Somos partícipes de un impuesto a esas altas jubilaciones, el 20% de las más altas, que están en el entorno de 108.000 pesos en promedio, cuando la jubilación promedio en BPS es de 20 y poco mil pesos. Así como los bancarios y escribanos definieron pagar un impuesto, el nuevo pacto social tendría que tener un impuesto a las altas jubilaciones militares.

¿Y lo que sí aparece en el informe?

Se hacen recomendaciones que vemos problemáticas, en particular cambios paramétricos; la edad de retiro es central. Tenemos una visión contraria a aumentar la edad de retiro al barrer, sin contemplar a la enorme cantidad de gente que no está en condiciones de extender su tiempo de trabajo por encima de los 60 años. Trabajadores de la construcción, trabajadoras de servicio doméstico, peones rurales y otros sectores donde la gente ya no llega a los 60 y para eso hay leyes de prejubilación, para darles protección.

Tenemos una política dentro de las empresas de deshacerse de los trabajadores cuando llegan a cierta edad. Toda esa gente va a quedar en una situación complicada con estos cambios que se plantean.

Somos partícipes de buscar los incentivos para que la gente que está en condiciones voluntariamente resuelva postergar la edad de retiro. Es un elemento saludable para quienes pueden hacerlo y para las finanzas del sistema. El problema es que vamos a tratar por igual situaciones que son desiguales y que van a implicar un nivel de desprotección importante para amplios colectivos de trabajadores.

¿Cómo ven el camino de negociación ahora en más?

Estamos discutiendo contrarreloj porque el plazo legal es el 31 de octubre, no hay mayor voluntad de diferir el plazo. Recibimos el documento hace 2 semanas, tiene más de 100 páginas, ¿cómo pretender un dialogo colectivo? Es muy complejo procesar toda esta discusión y que realmente haya cambios.

En el informe plantean cambios en la manera de calcular la jubilación, eso indicaría que la gente se jubilaría trabajando más años y cobrando menos

Hay una serie de análisis por hacerse. El cambio paramétrico que implica calcular un período de tiempo más extenso en el sueldo básico jubilatorio seguramente va a tener un efecto a la baja de ese sueldo, que es donde luego se aplica la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje que recibe una persona de su historia salarial.

Ahí la propuesta puede traer una caída de la tasa para algunos sectores, hay que calibrar, dentro de las recomendaciones se deja margen. También es cierto que existe la idea de pilar 0 o renta básica universal en la vejez, que es una idea interesante, sería una especie de pilar no contributivo, un ingreso garantizado. El problema es cómo se implementa. Las recomendaciones, entre otros aspectos, implican que esa idea recién se garantice a partir de los 71 años. ¿Qué va a pasar con la gente entre los 60 y los 71? La gente sigue viviendo.

Claramente pensamos que hay un problema de diseño, esto tendría que arrancar mucho antes para proteger a mucha gente que va a quedar colgada del pincel en esa década tan crítica. Pero eso, una vez que la gente accede a la jubilación, podría implicar para sectores de menores ingresos que las tasas se mantengan o crezcan. Hay que calibrar.

Hemos tenido poco tiempo para analizar en profundidad, estamos intentando identificar los impactos que va a tener. Lo que no hay ninguna duda es que para que alguna persona se pueda jubilar mejor, hacerla jubilar más tarde si uno lo mira a nivel de toda su carrera, implica una baja del beneficio.

¿Los tiempos establecidos en la LUC para la CESS fueron suficientes?

Insuficientes, sin lugar a dudas. La LUC indicaba seis meses, se han pedido prórrogas y ya casi llegamos al año. Se pretendía hacer un diagnóstico y unas recomendaciones de una reforma integral que involucrara a todo BPS, AFAP, cajas paraestatales, sistema policial y militar.

El problema es que precisamos diálogo social, que participen los actores políticos. Los técnicos vamos a estar atrás apoyando la discusión, pero es fundamental que para lograr acuerdos existan caminos de negociación. Los trabajadores sabemos bien lo que implica ir a un dialogo social a negociar.

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