El nombre del podcast se inspira en una frase de Noemí que, según Bas Lemos, resume con claridad su experiencia. “Existe una ley, es legal para todos, pero cuando llego al sistema de salud tengo que estar como pidiendo permiso”, dijo la entrevistada. Aclaró, sin embargo, que el caso de Noemí no es representativo de la totalidad de las experiencias, ya que no todos los procesos llegan al ámbito judicial. “No conocemos otro caso que haya llegado a la Justicia como el de Noemí”, subrayó.
El primer episodio incluye, además, entrevistas con especialistas que aportan una mirada crítica sobre las limitaciones del sistema: Ivana Leus, psicóloga de Iniciativas Sanitarias; Alejandra López, coordinadora del Programa Género, Sexualidad y Salud Reproductiva del Instituto de Psicología de la Salud (Facultad de Psicología, Udelar); y Lilián Abracinskas, directora de Mujer y Salud Uruguay (MYSU).
La investigación en la que se embarcaron Bas Lemos y Pagola inició en el año 2003, motivada por una búsqueda de información que pudiera hacerle frente a la desinformación existente en un tema poco abordado: el cruce entre aborto y salud mental. “Empezamos a detectar que había ciertos grupos antiderechos, antiaborto, en toda América Latina y en otras partes del mundo, que argumentaban que el aborto podía tener consecuencias negativas en la salud mental. Entonces, quisimos investigar qué pasaba con eso, hacer ese ejercicio periodístico importante de chequear y hablar con especialistas”.
El duelo leve y lo vital de acompañar
Consultadas sobre las conclusiones de la investigación en relación con el impacto del aborto en la salud mental, Bas Lemos explicó que entrevistaron a especialistas provenientes de distintos ámbitos —instituciones médicas y organizaciones de la sociedad civil—, lo que permitió arribar a conclusiones diversas y complementarias. “Uno de los conceptos más interesantes, que nos planteó Ivana Leus de Iniciativas Sanitarias, es el de ‘duelo leve’”, relató Bas Lemos. Y detalló: “Ella decía que cuando se realiza un aborto no es que no pasó nada, algo pasó. El aborto implica duelar una situación, pero eso no significa que tenga que generar trastornos ni ansiedad”.
Para complementar esta idea, la periodista citó a Alejandra López, profesional de la Udelar, quien afirmó que no solo no hay evidencia científica de que el aborto ocasione traumas a largo plazo, sino que, en muchos casos, resulta más traumático llevar adelante un embarazo no deseado. “López lo ha estudiado muchísimo y está documentado así: no existe un síndrome traumático pos-aborto como han intentado postular algunos grupos antiaborto. Por el contrario, la mayoría de las personas que acceden a la IVE y logran llevar adelante su decisión manifiestan un alivio emocional”.
Otro aspecto relevante que destacaron las autoras de la investigación es el rol de las redes de acompañamiento y la necesidad de que este aspecto esté contemplado en el marco legal. “Son esas redes las que alivianan el tránsito y permiten que mujeres y personas gestantes puedan llevar adelante esta práctica de la mejor manera posible”, sostuvo. Según Pagola, estas redes están cumpliendo un rol clave en ausencia del Estado: “Son mujeres que se organizan y se juntan para acompañar a otras y lo que están haciendo es cubrir una omisión del Estado”, afirmó. En este sentido, subrayó que, entre 2020 y 2023, la organización llamada “Las Lilas” atendió a unas 600 mujeres.
Para las periodistas, la ley vigente, establecida hace más de una década, requiere actualizaciones: “Con Lilián Abracinskas coincidíamos en que estamos con una ley bastante rezagada. Si bien fue un avance en su momento, hoy vemos que hay leyes más actualizadas en la región, como las de Argentina y Colombia, y eso permite pensar en nuevas modificaciones”.
Vacíos y contradicciones
Además del escaso acompañamiento terapéutico durante el proceso de IVE, las periodistas se refirieron a otras limitaciones de la ley que afectan especialmente a ciertos grupos de mujeres. Una de las más visibles, señalaron, es la que excluye a las mujeres migrantes con menos de un año de residencia en el país, quienes no pueden acceder al aborto legal. En tal sentido, señalaron la necesidad de revisar el plazo legal para interrumpir el embarazo, que en Uruguay se establece en 12 semanas y 6 días, mientras que en otros países como Argentina es de 14 semanas, y en Colombia, de 24. “Muchas mujeres se enteran del embarazo justo al cumplirse esas semanas, y no tienen tiempo para reflexionar o para cumplir con todos los pasos que exige el proceso de aborto. Hoy es un momento propicio para conversar las actualizaciones que hay que hacerle a la ley”, expresaron.
Por otro lado, las periodistas mencionaron otro de los aspectos más cuestionados por las expertas: los cinco días de espera obligatoria que establece la ley entre la primera consulta y la práctica de la IVE. “López remarcó que hay muchísima gente que relata que esos cinco días no son una linda experiencia, genera ansiedad tener que esperar sabiendo que ya tomaste la decisión”, dijo. Y citó el testimonio de Noemí que se puede escuchar en el podcast: “Es como qué más tengo que pensar si ya decidí lo que quiero hacer”.
Aunque esta instancia está prevista por ley, López propuso repensarla desde una lógica que contemple el bienestar de la persona. “Lo que ella sugiere es que por lo menos se podría utilizar ese tiempo de forma positiva, que haya algún tipo de acompañamiento, ya sea una atención telefónica o una visita. Porque en realidad no existe ningún acompañamiento terapéutico en ese momento”, señaló Pagola.
Por su parte, Pagola sumó otra observación que, a su juicio, constituye una de las contradicciones más fuertes del sistema legal uruguayo: “El aborto sigue estando en el Código Penal. Si te salís de los plazos que marca la ley, podés ir a la cárcel. Existe una ley, pero sigue penalizado. Eso implica una contradicción muy grande y sigue generando estigma en torno al aborto”.
Bas Lemos coincidió y advirtió que esta situación agrava los efectos sobre la salud mental. “Por más que esté legalizado, si te pasás de las semanas, estás infringiendo la ley. Entonces la afectación en la salud mental obviamente va a ser otra, porque en realidad estás cometiendo un delito. La culpa, el miedo, todo eso es mucho más pesado mientras siga en el Código Penal”.
Territorio, clase y contexto cultural
¿Qué pasa cuando el entorno no acompaña el espíritu de la ley? El caso de Noemí permite abrir esa pregunta: su historia revela cómo la intersección entre territorio, clase social y contexto cultural puede convertir una decisión personal en un laberinto de obstáculos. A partir de su experiencia, las periodistas analizaron cómo las condiciones materiales, las creencias religiosas y el lugar de residencia influyen directamente en el recorrido de quienes intentan acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. “Estar en una ciudad como Mercedes, donde el 100 % de los ginecólogos son objetores de conciencia, es muy distinto a estar en una ciudad donde vas a tu centro de salud y ya te podés realizar el aborto. Las personas terminan abortando igual, porque van a otra ciudad. Lo que quiero decir es que son obstáculos que demoran un proceso que ya de por sí tiene muy poco tiempo”.
Pagola retomó esta línea para enfatizar la intersección entre género y clase social: “Noemí es bastante contundente cuando cuenta su experiencia. Ella dice que es muy claro quiénes tienen poder, quiénes no; quiénes tienen dinero, quiénes deciden, quiénes no”. A su entender, esta desigualdad marca profundamente el recorrido de quienes llegan al sistema de salud desde una situación de mayor vulnerabilidad. “Ella tiene la dificultad de enfrentar todo ese aparato que se genera en torno a la decisión de abortar: el hombre que quiere que lleve ese embarazo a término, la jueza, la abogada que le designan al feto. Todo eso se arma en su contra para que siga adelante. Ella deja claro que, por ser joven y con pocos recursos, fue tratada de una manera particular”.
Otra dimensión que condiciona el acceso al aborto es el contexto religioso o cultural. Según Pagola, esto se manifiesta tanto en la objeción de ideario institucional —como ocurre con el Círculo Católico y el Hospital Evangélico, donde no se permite la práctica— como en las dinámicas familiares. “El miedo a contarlo en la familia cuando reina el conservadurismo, en un pueblo chico donde el psicólogo o la trabajadora social son conocidos de tu madre... Obviamente todo eso puede repercutir en la salud mental”, expresó.
Por último, Bas Lemos destacó que Noemí nunca se posicionó como víctima, sino como una sujeta de derecho. “Ella entiende cuáles son sus derechos y que tienen que reconocerle su decisión. Se ampara en una legislación vigente que la tiene que proteger”, afirmó. Y concluyó con una idea central del trabajo que desarrollan: “No es la práctica en sí del aborto lo que puede generar una afectación, sino todo el proceso que se atraviesa dentro del sistema de salud —y en el caso particular de Noemí, también en la Justicia—. Su caso es un gran ejemplo de todo lo que puede faltarle a una mujer o persona gestante al momento de vivir este proceso”.
