La Intendencia de Canelones y el Ministerio del Interior (MI) firmaron un convenio para la instalación de un sistema de videovigilancia para la prevención del delito. Según establece el convenio la comuna adquirirá e instalará equipos cuyos dispositivos estarán localizados en 30 lugares estratégicos del departamento, con un total de 1.800 cámaras.
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La licitación para comprar los equipos ya está en marcha.
Foto: Intendencia de CanelonesCaras y Caretas Diario
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El objeto del convenio es establecer un marco de colaboración entre ambas instituciones, donde los objetivos fundamentales son promover el intercambio de información mediante el uso de herramientas tecnológicas y la contratación de personal capacitado en prevención y represión de los delitos.
El intendente canario Yamandú Orsi dijo que las cámaras estarán instaladas en espacios públicos. “Vamos a trabajar para que nuestra gente pueda ir y volver del trabajo tranquila, que puedan ir a los espacios públicos a disfrutar. Esto no termina con la inseguridad, pero hay que seguir trabajando porque sentimos que nuestra gente nos pide soluciones todo el tiempo”.
Precisó que la seguridad no es un asunto sólo de Policía. “Hoy ya nadie duda, por la magnitud que ha cobrado el tema de la seguridad, de que es un asunto de todos y todas. Acá, cada institución debe de involucrarse”, afirmó.
A su vez el coordinador del Gabinete Institucional, Pedro Irigoin, explicó que el trabajo de licitación ya está en una etapa de finalización del estudio técnico, para luego adquirir las cámaras.
En tanto, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, mostró su agradecimiento hacia el gobierno departamental. “Lo primero que uno tiene que hacer es ser agradecido y para nosotros hoy es un día de alegría porque seguimos sumando esfuerzos para trabajar este tema. La Intendencia de Canelones está colaborando con la seguridad de la gente”, concluyó.
Mediante este convenio la comuna compartirá con el ministerio las imágenes capturadas y grabadas en el sistema de videovigilancia que se encuentre en la vía pública y que sean de interés, para facilitar y colaborar en las actividades de seguridad pública en tareas vinculadas a sus cometidos legales de prevención o represión del delito.
Por su parte, el Ministerio del Interior deberá afrontar los gastos vinculados al mantenimiento y costos operativos a los servicios necesarios para el funcionamiento de los dispositivos instalados.
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