Los educadores señalaron que “las situaciones de violencia, por las ya mencionadas situaciones, limitan además las posibilidades de los equipos que permanecemos en el territorio de realizar intervenciones pertinentes, viéndonos imposibilitados de, entre otras cosas, realizar entrevistas y visitas domiciliarias. Así, se asienta la desprotección de niños, niñas y adolescentes del barrio y sus familias que no reciben la atención que requieren. Se perpetua la vulneración de derechos”.
Además alertaron: “La violencia del barrio se reproduce también en una creciente represión policial desmedidamente violenta y estas medidas estatales de repliegue, generan un círculo vicioso en el que el más poderoso es el más violento”.
La situación de pobreza y vulnerabilidad del barrio Marconi
Los trabajadores de la Escuela de Oficios Don Bosco lamentaron que las familias que habitan en la zona lo hacen en “viviendas de chapa y cartón, sin servicio sanitario ni acceso a agua potable o luz eléctrica, con piso de tierra”.
Al respecto expresaron: “No queremos ver familias que se alimentan de la basura, que dependen de las donaciones que llegan a las instituciones (que son cada vez menos) o se alimentan una vez al día para la supervivencia. No queremos que nuestros gurises se desarrollen en el marco de violencia constante, la inseguridad, el estado de alerta y el miedo por sus propias vidas y de sus familias. Esto genera impactos inmensurables en la salud mental, traumas significativos comparables a un estado de guerra e implicancias en su propia identidad y autonomía”.
Los educadores explicaron que no quieren dejar de ser parte de un proyecto en el que creen y confían, pero advirtieron que existe un gran “riesgo asociado a ir a trabajar”.
Por ese motivo reclaman, para poder seguir trabajando en el barrio Marconi, una "presencia estatal verdadera y significativa, no desde la represión y más violencia, pero sí desde el compromiso por las familitas y su derecho a una vida integralmente digna”.
