Distintos expertos creen que el gobierno uruguayo podría no responder a la intimación realizada por el juez Alejandro Recarey para que brinden información acerca de las vacunas contra el covid-19.
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Según los abogados, el gobierno podría no contestar basándose en la “no legitimidad” del recurso de amparo. El vocero de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, Raúl Oxandabarat, dijo que el grado de legitimidad de un amparo se produce a partir de causar un “daño explícito a los derechos de la persona que lo presenta”.
Este miércoles se realizará una audiencia en la que el juez Alejandro Recarey intimará a las autoridades de Presidencia, del Ministerio de Salud Pública y del laboratorio Pfizer a brindar información acerca de las vacunas contra el covid-19.
El recurso fue presentado por el abogado Maximiliano Dentone, quien aseguró: “Como habitante de este país, con familiares menores de edad y por estricta responsabilidad ciudadana, me asiste el derecho de accionar en nombre de ellos al amparo de lo dispuesto por el artículo 42 del Código General del Proceso”.
Dentone consideró que el amparo puede entenderse como un “interés difuso”, porque el reclamo compete a la sociedad en general.
El constitucionalista Martín Risso explicó: “El gobierno podría perfectamente decir que no quiere entregar la información y en ese caso el juez tiene que resolver si habrá una sentencia determinando si lo tiene que presentar en el futuro o no”.
El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el subsecretario de la cartera, José Luis Satdjian, se reunieron el lunes en la Torre Ejecutiva para estructurar la estrategia de respuesta a la intimación.
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