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ASOCIARMELos empresarios simulaban entregar las garrafas subsidiadas y se apropiaban del beneficio, se estima que la estafa supera los $40 millones.
Caras y Caretas Diario
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Dos empresarios fueron condenados por liderar una compleja y millonaria estafa que defraudó al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en más de $40 millones, usurpando la identidad de al menos 80 beneficiarios del subsidio de supergás.
La maniobra consistía en registrar como entregadas las garrafas de gas a personas vulnerables para apropiarse de los beneficios económicos.
La investigación, que llevó a cabo la Policía de Artigas, identificó un patrón delictivo similar en denuncias de beneficiarios del Plan MIDES que no podían retirar su garrafa mensual porque ya figuraba como entregada. Esta situación alertó a las autoridades y destapó una trama de fraude que se extendía a nivel nacional.
El mecanismo utilizado por los estafadores era tan simple como efectivo: “registrar como entregadas las garrafas destinadas a beneficiarios vulnerables, apropiándose de los beneficios económicos mediante engaños administrativos y el uso indebido de información específica” señala la información policial.
La estafa se valía del subsidio del 50% en la garrafa de supergás, un beneficio creado en junio de 2022 y renovado periódicamente para ayudar a poblaciones contempladas por el Mides, como aquellas que reciben Tarjeta Uruguay Social, asignaciones familiares y asistencia a la vejez.
Los delincuentes, a través de dos empresas, falsificaban las ventas utilizando los datos personales de los beneficiarios. La "Operación FARUS", como se denominó la investigación, reveló que esta maniobra causó un perjuicio económico que afectó a decenas de personas en diferentes puntos del país, con una ganancia ilícita estimada en 40 millones de pesos anuales.
Como parte de la investigación, se realizaron tres allanamientos en Montevideo. Con la participación de la Dirección de Información Táctica, la Dirección de Investigaciones de Artigas y la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL, se logró detener a los dos hombres.
Durante los operativos, las autoridades incautaron un arma de fuego, dinero en efectivo, teléfonos móviles y diversos documentos relevantes. Además, se recopilaron cerca de 80 denuncias en todo el país que estaban directamente relacionadas con el caso.
Tras ser llevados ante la Justicia, uno de los empresarios fue condenado como “autor penalmente responsable de un delito continuado de apropiación indebida, un delito continuado de estafa, un delito continuado de suplantación de identidad y un delito de tráfico interno de armas”. Se le impuso una pena de 24 meses de prisión: 6 en prisión efectiva y 18 en régimen de libertad a prueba.
El segundo hombre fue condenado por los delitos de apropiación indebida, estafa y suplantación de identidad, con una pena de 20 meses de prisión, de los cuales 4 son de cumplimiento efectivo y los restantes 16 en libertad a prueba.
Adicionalmente, la Justicia ordenó el decomiso del dinero incautado (US$ 10.000) y de propiedades inmobiliarias valoradas en US$ 215.000, incluyendo una fracción de campo en Canelones y un solar en Montevideo.
